-aguantar es envilecerse-, sino, al contrario,
estimar al que manda y seguirlo, solidarizándose con él,
situándose con fervor bajo el ondeo de su bandera”. Ortega y Gasset: “La rebelión de las masas”, 1930.
Definitivamente el régimen usurpador venezolano entendió mal las recomendaciones para enfrentar la pandemia generada por el coronavirus. Es la población la que debe guardar cuarentena para evitar peligrosas propagaciones de la enfermedad, y no los derechos humanos de la sociedad venezolana, que han sido acorralados y conculcados a mansalva estas últimas semanas, lo que no es más que la continuidad de una estrategia de Maduro y sus secuaces.
En días previos VENAMÉRICA compartía el alerta que, desde la “Comisión Presidencial para los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas”, suscribía Humberto Prado, dirigida a la Sra. Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los DDHH, en el sentido de denunciar la violenta campaña de violación de los derechos humanos, al amparo de la situación generada por la epidemia, en tres grandes dimensiones:
- Persecución y públicas amenazas al entorno político y familiar, del presidente (e) Juan Guaidó.
- Violento arrebato en contra de cualquier tipo de legítima disidencia política, no sólo de los integrantes del gobierno interino, sino de la mayoría de la dirigencia opositora.
- Vergonzosamente, se aprovecha el inconstitucional decreto de estado de emergencia para limitar e impedir el ejercicio de la libertad de prensa, perseguir a profesionales de la comunicación y a personas y organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la protección y la defensa de los derechos humanos.
No es posible negar la denuncia, los vimos públicamente amenazar y señalar directamente la intención de la persecución y la vil revancha callejera en trasmisión nacional, amparados por esa nebulosa pseudo jurídica que agavilla al TSJ con la Fiscalía. Además, ha sido descarado y abierto el ejercicio de la usura legalista pues, más allá de políticos y comunicadores, se ha perseguido a médicos, enfermeros y demás trabajadores y profesionales de la salud, comprometidos con la verdad y la protección a la desamparada y acorralada población venezolana. El espacio público, lugar donde se ejerce la acción política y comunicacional de la sociedad, el régimen usurpador se empeña en mantenerlo secuestrado por medio del miedo, la manipulación de las necesidades, la retaliación, la amenaza y la persecución.
Hoy día se ejerce esa satrapía en medio de la cruel paradoja de la grave escasez de gasolina, en uno de los países con mayores reservas petroleras. Esa sociedad, vapuleada por la absoluta ineficiencia de un gobierno corrupto, reclama la reocupación de ese espacio público, como posibilidad de viabilizar el encuentro de todos y la atención de la profunda mega crisis. Un nuevo acuerdo social emerge indispensable, en medio de los vehementes vientos con que la realidad azota a nuestra nación. Acuerdo que es urgente consensuar, considerando las contundentes acusaciones por narcoterrorismo en contra del liderato del procerato revolucionario, por parte de la Fiscalía de USA.
Ese acuerdo adquiere corpus y reclama apoyos activos, como mecanismo idóneo, posible y urgente para iniciar una transición democrática hacia el futuro: un gobierno de emergencia nacional o de concertación, con una activa y corresponsable participación de la sociedad civil organizada. Es apremiante, indispensable y necesario reiniciar el camino de la libertad, la democracia y la eficiencia gubernamental para el bien común de todos los venezolanos.
Fuente: Diario las Américas