La recién aprobada consulta popular para enjuiciar a expresidentes de la república tan sólo es un vil pretexto para que AMLO pueda estar en las elecciones intermedias, ya que si bien se llevará a cabo en agosto del próximo año, casi dos meses después de la elección, lo cierto es que le dará el espacio perfecto para meterse de lleno a las campañas, sin que medie obstáculo legal para hacerlo.
Después de la estrepitosa derrota que sufrió Morena y el mismo presidente de México, en Coahuila e Hidalgo, se prendieron las alertas rojas en Palacio Nacional y para evitar que les ocurra lo mismo en la elección más concurrente que se haya celebrado en México, las intermedias del próximo año, aceleraron lo conducente para que el Poder Legislativo aprobara la consulta y con ello López Obrador pueda incidir en los resultados electorales, ya que dicen “una cosa es la popularidad de Morena y otra la de su líder moral”.
La consulta popular para enjuiciar a los expresidentes, en donde la SCJN se puso de tapete para que pasara AMLO rumbo a mantener la hegemonía de su proyecto político más allá de 2021, es una aberración legal que pretende someter a la misma Constitución con una consulta popular que transgrede todos los derechos humanos de los ex servidores públicos.
La consulta popular solicitada por el Ejecutivo federal tiene objetivos electorales para que el presidente de la República tenga presencia en los comicios del próximo año.
Una vez más ha quedado demostrado que el Poder Legislativo es tan sólo un apéndice del Ejecutivo al aprobar un instrumento que servirá para que AMLO se mantenga en campaña y no para castigar a infractores de las leyes, ya que si así fuera, pues el camino hubiera sido el que señala la Carta Magna.
La Cámara de Diputados aprobó, en sus términos, el dictamen a la minuta en la que se resuelve la procedencia y trascendencia de la petición de consulta popular y se expide la convocatoria para este proceso que se realizará el domingo 1 de agosto de 2021.
Con 272 votos a favor, 116 en contra y cero abstenciones, se avaló el documento y fue remitido para su publicación en el Diario Oficial de la Federación y se pidió notificar al Instituto Nacional Electoral para los efectos conducentes. En él se determina que la materia de consulta popular cumple con el requisito de trascendencia nacional que dispone el segundo párrafo del artículo 5 de la Ley Federal de Consulta Popular.
Las fracciones opositoras en la Cámara baja del PAN, PRI, PRD y MC se desgañitaron hasta el cansancio para oponerse a esta intromisión simulada y soterrada de López Obrador en las elecciones; sin embargo, pues no alcanzaron a frenar el atraco jurídico legaloide
La diputada Adriana Dávila Fernández (PAN) en su intervención advirtió que al actual gobierno como “el más antidemocrático de la historia moderna del país”.
Preguntó que si de verdad se quiere hacer justicia contra personas que dañaron el país, ¿por qué no se opta por las instituciones creadas para ello?, ¿por qué se busca llevar a cabo las acciones que con mayor fuerza busca castigar?
La LXIV Legislatura pasará a la historia como ejemplo vivo de cómo el Poder Legislativo no tuvo empacho en desahogar la agenda electoral del jefe del Ejecutivo federal, en lugar de promulgar leyes en beneficio de los mexicanos.
Por desgracia para el país, todas las decisiones y acciones que se toman, tanto por el presidente de la república como de otros protagonistas políticos, son con fines electoreros y no para mejorar la calidad de vida de sus habitantes y en este caso no es la excepción.