Ya se puede leer en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo, que para fines prácticos es un decreto, en el cual se declara de interés público y seguridad nacional la realización de todos proyectos y obras a cargo del gobierno de México, asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medioambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades, energéticos, puertos, aeropuertos y todos aquellos que se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional.
Se instruye a todas las dependencias de gobierno que en un lapso no mayor a cinco días hábiles se otorgue la autorización provisional para la obtención de dictámenes, permisos y licencias necesarias para su ejecución oportuna.
“Transcurrido dicho plazo sin que se emita una autorización expresa, se considerará resuelta en sentido positivo”.
En otras palabras, se convierte a la opacidad como la principal bandera de la 4T ya que no será pública la información relativa a estas autorizaciones debido a que se reservan por tratarse de temas de seguridad nacional.
Hace unos días el medio digital Latinus dio cuenta del análisis de 966 contratos del aeropuerto de Santa Lucía, operados por el Ejército en donde aparecen personas morales y físicas cuyo giro principal no corresponde al monto devengado ni al concepto contratado, verbigracia, se le otorgó un contrato por la compra de tractocamiones a una empresa de inflables infantiles.
Todo el reportaje revela la corrupción que ha prevalecido en la terminal aérea en construcción y se tuvo acceso a ella gracias a que por ley es obligación de las Fuerzas Armadas hacerla pública. Ahora, con este decreto de AMLO, ya no se podrán conocer las tripas que campea en las adjudicaciones directas o en el mejor de los casos por invitación restringida a tres provedores, de hecho no habrá ninguna información disponible a la sociedad, todo quedará resguardado por tratarse de un tema de seguridad nacional.
La consolidación de la democracia requiere, en todo caso, la transparencia y la rendición de cuentas de los gobernantes. En este sentido, el decreto en cuestión la limita para dar paso a los manotazos de la dictadura que se pretende instaurar en México.
Al etiquetarse la información relativa a las obras y proyectos que emprenda el gobierno de México como de seguridad nacional, se inhibe que los afectados por estas decisiones puedan ampararse y con ello retrasar su avance en detrimento de todos los mexicanos.
Esta es otra trampa de la naciente dictadura que no quiere que el Poder Judicial entorpezca “el avance de las obras del gobierno” y cierra la puerta a “los jueces corruptos” que autorizan los amparos.
Así, la opacidad, la corrupción y la pretensión de socavar al Poder Judicial se enquistan en el gobierno de López Obrador.
Por supuesto, el acuerdo en cuestión no resiste.