Con el repliegue, por decirlo de forma elegante, de los legisladores del PRI, Rubén Moreira y Dulce María Sauri, en la votación de la Comisión Permanente que dio pie a la estatización del reparto de medicinas, se observa que cada senador y diputado de ese partido traen agenda propia y no la de su alma mater política.
Se preguntará, estimado lector, a qué se debe ello y sin duda, a que desde Segob, de la Función Pública, de la Fiscalía General de la República o de la Dirección de Inteligencia Financiera tienen las listas de esos personajes tricolores que tienen una historia negra, con la que los doblegan en las votaciones y cuando no es así, los tránsfugas tienen otro objetivo, se preparan para irse a Morena y desde allí volver a ‘mamar’ de la ubre del presupuesto, o de plano buscan alguna canonjía personal. Desde luego y por fortuna, no son todos los legisladores priistas que están en esta lógica, al contrario, la mayoría de ellos traen la camiseta bien puesta, sobre todo la de México.
Hay otro camino para cooptar a legisladores y este es a través de los cañonazos de billetes, y esta denuncia ya fue hecha y no contra los representantes populares del PRI, sino contra diputados de otros partidos para que pasen a engrosar las filas del Partido del Trabajo en la Cámara baja, para con ello, agandallarse al Revolucionario Institucional en la rotación de la presidencia en ese órgano deliberativo.
Se habla de la compra de voluntades, según el legislador del PES, Jorge Arguelles, por parte del PT, por supuestamente comprar diputadas y diputados por cinco millones de pesos para que se sumen a su bancada y con ello arrebatarle esa posición privilegiada al PRI, en el último tercio de gestión.
Por ello, el grupo parlamentario del PRD pidió a la Junta de Coordinación Política (Jucopo), al Comité de Ética y a la Contraloría de la Cámara de Diputados investigar estas acusaciones.
«Reconocemos que, en tanto no se encuentre prohibido de manera explícita en el marco jurídico que nos rige, es derecho de las y los diputados cambiar de grupo parlamentario conforme a sus afinidades políticas», indicaron los perredistas.
La denuncia habla de actos de corrupción que pretenden desconocer los acuerdos fundacionales que fueron tomados por todas las fuerzas políticas, al inicio de esta LXIV Legislatura, con relación a la presidencia de la Mesa Directiva que, en el año legislativo por comenzar, correspondería al grupo parlamentario del PRI.
El tráfico de legisladoras y legisladores daña la expresión popular del voto ciudadano, como también la construcción de mayorías artificiales no sólo constituye un acto contrario a la ética parlamentaria, a la justicia y, probablemente, a la ley, sino que establece un precedente peligroso en contra de la civilidad y la vida democrática del Congreso de la Unión, por lo cual, dice el PRD, “convocamos a todas las fuerzas políticas a respetar los acuerdos alcanzados para garantizar la pluralidad y la gobernabilidad en este órgano legislativo”.
El llamado es a todos los grupos parlamentarios para que respeten los acuerdos que nos hemos dado como cuerpo legislativo, particularmente el relativo a la rotación de la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
El grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC), por su parte, aseveró que ha respetado y promovido los principios fundacionales de “ética, pluralidad y legalidad” aprobados por el Pleno de la Cámara de Diputados (10 de septiembre de 2018), a propuesta de todos los coordinadores de las bancadas en la instalación de la Junta de Coordinación Política de la LXIV Legislatura (5 de septiembre de 2018), los cuales han sido instrumentos indispensables para adoptar acuerdos con el más alto nivel de consenso.
La bancada aseguró que “estos principios le dieron forma a acciones de gran importancia, como la reducción del gasto de la Cámara de Diputados en más de mil 600 millones de pesos, así como la instauración de medidas para garantizar la mayor transparencia; el Parlamento abierto, así como actividades legislativas y reformas de trascendencia para el país.
Sin embargo, en fechas recientes, el grupo parlamentario del Partido Encuentro Social (PES), en voz de su coordinador, ha hecho señalamientos respecto de eventual ofrecimiento de dinero, posiciones y candidaturas a legisladores del PES y de otros grupos parlamentarios, con el objetivo de adherirlos al grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT) y desplazar al Partido Revolucionario Institucional (PRI) como tercera fuerza para adjudicarse la presidencia de la Mesa Directiva durante el tercer año de la actual Legislatura”, dijo MC.
Por lo anterior, el grupo parlamentario de MC agregó, “se pronuncia a favor de que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) deba esclarecer los hechos denunciados sobre los posibles actos de cooptación de diputados, por parte del grupo parlamentario del PT, destinada a incrementar el número de sus integrantes con la pretensión para asumir la presidencia de la Mesa Directiva”. De acuerdo con la Ley Orgánica del Congreso, esa es una facultad de las y los diputados a través del voto de mayoría calificada.