El territorio que formaba a la república de Venezuela, hoy canibalizado y fragmentado bajo la república bolivariana –que no es tal república por haber perdido su base espacial y su sobrevenida incapacidad para ejercer poder y jurisdicción alguna sobre ella salvo a través de la violencia no institucional o la extranjera– es el predio propicio para las aves de rapiña. Sus habitantes o naturales emigran como manadas, tal y como lo hiciesen nuestros pacíficos arahuacos del sur del Orinoco y del norte, quienes en los tiempos del descubrimiento huyen desde Tierra Firme hacia las islas, alcanzando incluso a Puerto Rico, para no ser pasto de esclavitud o antropofagia por los caribes.
Se ha consumado un ecocidio de proporciones bíblicas que sobrecogen, en toda la extensión del país. La lenidad de los organismos internacionales al respecto, que acaso sólo se mueve bajo presión de las empresas globales que realizan auditorías ambientales o controlan las industrias “alternativas” o cuando le es útil al activismo de los integristas de la naturaleza, escandaliza, y mucho.
Del móvil ideológico –del culto farisaico a la Pacha Mama o la defensa de los derechos de los naturales como elemento de distracción– me viene al caso la protesta que en 1998 llevan hasta la UNESCO quienes luego destruyen a mansalva y como langostas todos nuestros ecosistemas, para paralizar entonces las líneas de electrificación hasta Santa Elena de Uairén que llevarían luz a las comunidades indígenas o frustrar la entrega de títulos agrarios a estas alegando que debían reconocérseles, antes bien, sus propiedades inmemoriales.
Habían pasado tres años y algo más desde el primer zarpazo que dan sobre el costado inferior del territorio, cuando el ELN colombiano bajo el comando de un oficial desertor de la Guardia Nacional, pieza de Hugo Chávez Frías, masacra a los infantes de Marina que cuidan el puesto fluvial de Cararabo, en el Amazonas. Así se inicia la invasión con propósitos de conquista y feudalización del territorio venezolano, para disponerlo como puente para el negocio internacional de drogas y después avanzar hacia la expoliación de sus riquezas minerales. Tanto es así que el mismo Chávez, como gobernante le ofrece el costado occidental venezolano –para su refugio y como aliviadero– a las FARC, en 1999, que avanza durante las dos décadas siguientes hacia el sur confiscando nuestra soberanía y posesión territorial.
En 2000, no huelga recordarlo, el régimen bolivariano autoriza la instalación en la costa caribeña, en Isla de Margarita, de Hezbollah e incluso de Hamas, grupos terroristas que controlan para su beneficio y desde allí un centro para el tráfico de estupefacientes.
Llega así el momento del etnocidio –el asesinato de comunidades indígenas o su sujeción a la esclavitud en los territorios conquistados por las fuerzas posmodernas de la criminalidad «neomarxista»– y del ecocidio sistemático como culmen, cuando se arrasa entre los años 2012 y 2017 con el emporio industrial guayanés hasta llevarlo a producción cero. Son desmontadas todas las empresas que aseguraban el desarrollo sostenible de la región «orinoquense» amazónica, incluidas las que son fuente de energía no contaminante.
El país ha regresado al tiempo de los Belzares, cuando la Corona española entrega nuestras posesiones a comerciantes alemanes “desde el Cabo de la Vela, al Este, hasta Maracapana que comprende como 900 millas de longitud y sin límites determinados para el Sur”, según reza la contrata de 1528. La expoliación se hace regla, al punto que Ambrosio Alfinger muere en el empeño a manos de los mismos indígenas. Busca a Manoa, que alimenta el mito de El Dorado, donde habría una ciudad y un lago de oro con dos millones de naturales que nunca encuentra.
En buena hora pasan 300 años y como lo narra Andrés Bello en 1810, en Venezuela se estudia pues las minas se han malogrado.
Regresando al presente, lo cierto es que la célebre Reserva del Imataca sobre los Estados Bolívar y Delta Amacuro , con los yacimientos de oro más grandes del planeta, creada por Rómulo Betancourt en 1961, aledaña a la zona en reclamación del Esequibo y constante de 38.209 km2 que ordena sucesivamente el gobierno de Caldera I con las ABRAE para evitar la minería anárquica; y que se extiende desde antes en 4.000.000 de hectáreas más con la Reserva del Caura, es un paisaje de desolación que avanza. Nada que ver con la fiebre del oro norteamericana. Es Sodoma y Gomorra, o son las plagas que se ciernen sobre Egipto bajo los signos del arrase y la muerte.
El narco-régimen de Nicolás Maduro pone en marcha su plan de canibalización con el denominado Arco Minero del Orinoco, entregando para ello a manos de militares, grupos criminales, organizaciones guerrilleras y el narcotráfico, una extensión territorial comparable con Cuba y más grande que Panamá. 112.000 km2, mayoritariamente sobre el norte de Bolívar, comprendiendo las cuentas de los ríos Orinoco y Caroní, como las represas hidroeléctricas, quedan en manos del bandolerismo transnacionalizado. La anarquía de poderes casados con la delincuencia organizada succiona sin medidas ni acotamientos, menos con sentido de preservación, las reservas naturales venezolanas, por lo pronto unas 7.000 toneladas de oro, cobre, diamante, coltán, hierro, bauxita y otros minerales disponibles.
Entre tanto, el costado oriental de Venezuela lo esguaza la República Cooperativa de Guyana, nuestra zona en reclamación del Esequibo y también las áreas marinas que son prolongación del territorio deltano, distribuyéndolas entre las transnacionales del petróleo con el concurso de la ONU y la mudez cómplice de los procónsules que ocupan el Palacio presidencial de Miraflores en Caracas bajo instrucciones del régimen narco-cubano.
La Venezuela que fuera envidia del mundo Occidental por su modernidad y riquezas de todo género, ve a los habitantes que le restan como enajenados dentro de selvas de concreto derruidas que recuerdan los estragos de las grandes guerras; mientras, estos reciben agua con sólidos disueltos para el consumo, llenas de olores fétidos, incluso en las zonas privilegiadas de clase media y alta que ya no lo son, pues todos nos hemos vuelto manadas de sobrevivientes.
Nada que decir de la contaminación visual de las poblaciones a lo largo y ancho de toda la geografía, pobladas de vallas que celebran la destrucción socialista y antiimperialista en medio de carencias de energía eléctrica totales y una vialidad –los 19.927 km de carreteras de 1958 que alcanzan a 95.529 km en 1998– que cada día que pasa se transforma en rutas erosionadas, en caminos hacia ultratumba.
Las masacres –para despejar el territorio, como aquella de la Paragua donde son asesinados 26 mineros por los invasores de uniforme o sin él, incluidos chinos, rusos e iraníes– se hace hábito. Los que caen a diario bajo la esclavitud del oro y de la droga, son en su mayoría indígenas. Ana Elisa Osorio, ministra del ambiente del primer responsable de la liquidación territorial de la nación, tierra de etnocidios y ecocidios, es concluyente: “Este proyecto [del Arco Minero] no cuenta con un estudio de impacto ambiental, afecta las cuencas y los bosques, y provocará el forzado desplazamiento de los indígenas”.
El paraíso del Dante que fuese Venezuela, ahora su Quinto Infierno, para colmo carece de Leviatán. Medran sus gentes como apátridas y desalojados, o han huido por la violencia o se ensimisman, viven en cuarentena desde antes del COVID-19. En Petare, al este de la capital, manda Wilexis, cabeza de una banda de criminales. Es un Robin Hood a quien apellidan El Patrón y mantiene la paz entre los suyos a costa de vidas. En el oeste los “colectivos” armados del populoso 23 de enero emiten su propio billete –El Panal– para sus negocios ilícitos, y en el Paraíso [¿] las refriegas a tiros durante largas horas entre bandas y los restos de lo que fuese la Policía ensordecen, revientan los tímpanos de los vecinos y los mantienen en un vilo agónico que no se frena durante días.
La última noticia, al escribir esta reseña, nos dice que en las costas de los estados Falcón y Carabobo una mancha de petróleo, provocada por unos 20.000 barriles, casi se extiende a lo largo de 350 km. Ha dañado el Parque Nacional de Morrocoy, la zona turística más emblemática del ecosistema venezolano. La destrucción por abandono de la refinería de El Palito, situada a 200 km. de Caracas, es reportada como la causante de este crimen de «lesa ecología». Por lo pronto, los feligreses de ecologismo integrista miran hacia los lados llenos de cinismo sumo, pues ningún respeto profesan por el ser humano, que es el habitante y señor de la naturaleza.
Fuente: Diario las Américas
Habían pasado tres años y algo más desde el primer zarpazo que dan sobre el costado inferior del territorio, cuando el ELN colombiano bajo el comando de un oficial desertor de la Guardia Nacional, pieza de Hugo Chávez Frías, masacra a los infantes de Marina que cuidan el puesto fluvial de Cararabo, en el Amazonas. Así se inicia la invasión con propósitos de conquista y feudalización del territorio venezolano, para disponerlo como puente para el negocio internacional de drogas y después avanzar hacia la expoliación de sus riquezas minerales. Tanto es así que el mismo Chávez, como gobernante le ofrece el costado occidental venezolano –para su refugio y como aliviadero– a las FARC, en 1999, que avanza durante las dos décadas siguientes hacia el sur confiscando nuestra soberanía y posesión territorial.
En 2000, no huelga recordarlo, el régimen bolivariano autoriza la instalación en la costa caribeña, en Isla de Margarita, de Hezbollah e incluso de Hamas, grupos terroristas que controlan para su beneficio y desde allí un centro para el tráfico de estupefacientes.
Llega así el momento del etnocidio –el asesinato de comunidades indígenas o su sujeción a la esclavitud en los territorios conquistados por las fuerzas posmodernas de la criminalidad «neomarxista»– y del ecocidio sistemático como culmen, cuando se arrasa entre los años 2012 y 2017 con el emporio industrial guayanés hasta llevarlo a producción cero. Son desmontadas todas las empresas que aseguraban el desarrollo sostenible de la región «orinoquense» amazónica, incluidas las que son fuente de energía no contaminante.
El país ha regresado al tiempo de los Belzares, cuando la Corona española entrega nuestras posesiones a comerciantes alemanes “desde el Cabo de la Vela, al Este, hasta Maracapana que comprende como 900 millas de longitud y sin límites determinados para el Sur”, según reza la contrata de 1528. La expoliación se hace regla, al punto que Ambrosio Alfinger muere en el empeño a manos de los mismos indígenas. Busca a Manoa, que alimenta el mito de El Dorado, donde habría una ciudad y un lago de oro con dos millones de naturales que nunca encuentra.
En buena hora pasan 300 años y como lo narra Andrés Bello en 1810, en Venezuela se estudia pues las minas se han malogrado.
Regresando al presente, lo cierto es que la célebre Reserva del Imataca sobre los Estados Bolívar y Delta Amacuro , con los yacimientos de oro más grandes del planeta, creada por Rómulo Betancourt en 1961, aledaña a la zona en reclamación del Esequibo y constante de 38.209 km2 que ordena sucesivamente el gobierno de Caldera I con las ABRAE para evitar la minería anárquica; y que se extiende desde antes en 4.000.000 de hectáreas más con la Reserva del Caura, es un paisaje de desolación que avanza. Nada que ver con la fiebre del oro norteamericana. Es Sodoma y Gomorra, o son las plagas que se ciernen sobre Egipto bajo los signos del arrase y la muerte.
El narco-régimen de Nicolás Maduro pone en marcha su plan de canibalización con el denominado Arco Minero del Orinoco, entregando para ello a manos de militares, grupos criminales, organizaciones guerrilleras y el narcotráfico, una extensión territorial comparable con Cuba y más grande que Panamá. 112.000 km2, mayoritariamente sobre el norte de Bolívar, comprendiendo las cuentas de los ríos Orinoco y Caroní, como las represas hidroeléctricas, quedan en manos del bandolerismo transnacionalizado. La anarquía de poderes casados con la delincuencia organizada succiona sin medidas ni acotamientos, menos con sentido de preservación, las reservas naturales venezolanas, por lo pronto unas 7.000 toneladas de oro, cobre, diamante, coltán, hierro, bauxita y otros minerales disponibles.
Entre tanto, el costado oriental de Venezuela lo esguaza la República Cooperativa de Guyana, nuestra zona en reclamación del Esequibo y también las áreas marinas que son prolongación del territorio deltano, distribuyéndolas entre las transnacionales del petróleo con el concurso de la ONU y la mudez cómplice de los procónsules que ocupan el Palacio presidencial de Miraflores en Caracas bajo instrucciones del régimen narco-cubano.
La Venezuela que fuera envidia del mundo Occidental por su modernidad y riquezas de todo género, ve a los habitantes que le restan como enajenados dentro de selvas de concreto derruidas que recuerdan los estragos de las grandes guerras; mientras, estos reciben agua con sólidos disueltos para el consumo, llenas de olores fétidos, incluso en las zonas privilegiadas de clase media y alta que ya no lo son, pues todos nos hemos vuelto manadas de sobrevivientes.
Nada que decir de la contaminación visual de las poblaciones a lo largo y ancho de toda la geografía, pobladas de vallas que celebran la destrucción socialista y antiimperialista en medio de carencias de energía eléctrica totales y una vialidad –los 19.927 km de carreteras de 1958 que alcanzan a 95.529 km en 1998– que cada día que pasa se transforma en rutas erosionadas, en caminos hacia ultratumba.
Las masacres –para despejar el territorio, como aquella de la Paragua donde son asesinados 26 mineros por los invasores de uniforme o sin él, incluidos chinos, rusos e iraníes– se hace hábito. Los que caen a diario bajo la esclavitud del oro y de la droga, son en su mayoría indígenas. Ana Elisa Osorio, ministra del ambiente del primer responsable de la liquidación territorial de la nación, tierra de etnocidios y ecocidios, es concluyente: “Este proyecto [del Arco Minero] no cuenta con un estudio de impacto ambiental, afecta las cuencas y los bosques, y provocará el forzado desplazamiento de los indígenas”.
El paraíso del Dante que fuese Venezuela, ahora su Quinto Infierno, para colmo carece de Leviatán. Medran sus gentes como apátridas y desalojados, o han huido por la violencia o se ensimisman, viven en cuarentena desde antes del COVID-19. En Petare, al este de la capital, manda Wilexis, cabeza de una banda de criminales. Es un Robin Hood a quien apellidan El Patrón y mantiene la paz entre los suyos a costa de vidas. En el oeste los “colectivos” armados del populoso 23 de enero emiten su propio billete –El Panal– para sus negocios ilícitos, y en el Paraíso [¿] las refriegas a tiros durante largas horas entre bandas y los restos de lo que fuese la Policía ensordecen, revientan los tímpanos de los vecinos y los mantienen en un vilo agónico que no se frena durante días.
La última noticia, al escribir esta reseña, nos dice que en las costas de los estados Falcón y Carabobo una mancha de petróleo, provocada por unos 20.000 barriles, casi se extiende a lo largo de 350 km. Ha dañado el Parque Nacional de Morrocoy, la zona turística más emblemática del ecosistema venezolano. La destrucción por abandono de la refinería de El Palito, situada a 200 km. de Caracas, es reportada como la causante de este crimen de «lesa ecología». Por lo pronto, los feligreses de ecologismo integrista miran hacia los lados llenos de cinismo sumo, pues ningún respeto profesan por el ser humano, que es el habitante y señor de la naturaleza.
Fuente: Diario las Américas