La liquidación de la libertad, para permanecer indefinidamente en el poder por medio de un sistema de terrorismo de estado, con violación institucionalizada de derechos humanos, corrupción e impunidad, con crimen organizado y construcción de narcoestados, son los elementos del sistema castrista del siglo pasado, criminalmente mejorado y políticamente expandido a partir de la alianza de 1999 entre Fidel Castro y Hugo Chávez que marca el siglo XXI con la denominación socialismo del siglo XXI o castrochavismo que hoy controla Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua con el apoyo de los gobiernos de México, Argentina y Perú.
Condiciones de libertad para el emprendimiento, garantía a las personas, propiedad privada, oportunidades basadas en la educación, tecnología y capitales son condiciones mínimas para generar sociedades más abiertas y justas. Lo demuestran los procesos de migración forzada que asolan las Américas en el siglo XXI, pues los países de expulsión de migrantes son los que no tienen democracia. La gente no escapa de la libertad, huye del terrorismo de estado, de la violencia, de la inseguridad, de la ausencia de oportunidades, de la falta de garantías y futuro.
Los organismos económicos internacionales son parte del nuevo orden establecido después de la Segunda Guerra Mundial en la que con millones de muertos “la democracia derrotó al fascismo”. Esto es que la libertad se impuso sobre las dictaduras. Resulta muy importante recordar este detalle en un momento en que el mundo presenta un eje de confrontación que ha superado al de la guerra fría y al del denominado triunfo del capitalismo para retornar al enfrentamiento entre la libertad y la opresión.
El eje de confrontación hoy es el de los regímenes que violan la libertad contra los que la respetan y defienden, donde argumentaciones ideológicas o religiosas tienen más característica de coartadas que buscan justificar hechos que la humanidad reconoce desde siempre como crímenes.
No hay argumento alguno que justifique la violación institucionalizada de la libertad y los derechos humanos, ni la existencia de presos y exiliados políticos, ni la tortura y los crímenes, ni la utilización de la justicia para falsificar pruebas y procesos destinados a oprimir como sucede en Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua en las Américas y en Irán, China, Corea del Norte y más.
Algunas democracias del mundo, como Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, imponen sanciones políticas y económicas a regímenes no democráticos que violan los derechos humanos o que representan amenazas a la paz por su participación o vinculación con el terrorismo internacional, el narcotráfico y otros crímenes. La argumentación permanente para limitar tales sanciones es que “afectan a los pueblos”, porque su aplicación produciría mas necesidades y sufrimientos a las víctimas de las dictaduras. El asunto es que de esta manera las víctimas de las dictaduras terminan siendo el escudo, el seguro o el capital de las dictaduras para asegurarse en el poder ilegitimo e ilegal que ejercen.
Organismos internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo, han concedido importantes créditos -no precisamente para el desarrollo- a regímenes con presos y exiliados políticos como Nicaragua y Bolivia. Uno de los acuerdos de las suspendidas negociaciones de México entre la dictadura y el gobierno legitimo de Venezuela ha sido la reapertura de la condición de sujeto de crédito al régimen de Maduro. La discusión hoy es si Estados Unidos repone las remesas a Cuba…Y así las dictaduras siguen recibiendo recursos y se sostienen a nombre de los pueblos que oprimen. Esta es la cuestión.
Fuente: Diario las Américas