Los regímenes que oprimen Cuba, Venezuela y Nicaragua se mantienen en el poder por el uso de la fuerza y con la simulación de presentarse como gobiernos de estados cuya institucionalidad han reemplazado por un sistema delictivo y de impunidad.
El castrochavismo ha suplantado el objeto y la lealtad de las Fuerzas Armadas e impostado el principio de subordinación al poder constitucional civil convirtiendo la “Institución Fundamental de la Patria” en grupos delictivos irregulares que en lugar de proteger al pueblo lo amenazan y someten.
Las Fuerzas Armadas son parte esencial de la institucionalidad de la democracia porque en el marco el “estado de Derecho” tienen la misión de la defensa de la soberanía y la seguridad nacionales. La subordinación de las Fuerzas Armadas es a la Constitución y la ley, no al gobierno y menos a un régimen. Si este propósito no se cumple, la eliminación de las Fuerzas Armadas, como en Costa Rica, se presentaría como una opción para la salud de la democracia.
Así como la penetración del castrochavismo está fundada en la destrucción del sistema político por medio de la satanización y desprestigio de partidos y líderes políticos, su sistema de propaganda ha establecido la idea de paralización o inacción de las Fuerzas Armadas frente a los atropellos a la Constitución y la destrucción de la democracia.
Con la exacerbación de las dictaduras militares que se dieron en América Latina en el siglo pasado, el castrochavismo ha logrado neutralizar y anular las obligaciones constitucionales de las Fuerzas Armadas, intervenirlas y destrozar su institucionalidad en los países donde ha instalado sus dictaduras. La destrucción de la institucionalidad democrática de las Fuerzas Armadas aplicando el modelo castro/fascista de control y manipulación, es fundamental para dejar a los pueblos desprovistos de la protección, de defensa de la democracia y la soberanía.
Las fuerzas armadas de Cuba, Venezuela y Nicaragua no son instituciones nacionales, son instrumentos del régimen dictatorial para sostener a toda costa a los detentadores del poder. No tienen ningún fundamento de institucionalidad ni de legalidad, están al margen del estado de Derecho y han sido incorporadas como elementos activos de la delincuencia organizada trasnacional que es el castrochavismo. Son simples y peligrosos grupos armados del régimen que usurpan el rol fundamental de las Fuerzas Armadas de la Nación.
En Cuba y Nicaragua, por el tiempo de penetración y la naturaleza de su implementación, es improbable pero no imposible que entre los miembros de los grupos irregulares que se denominan Fuerzas Armadas existan militares de honor con sentido de su obligación a la Patria y no al régimen. En Venezuela es absolutamente seguro que en los niveles intermedios con formación democrática anterior al castrochavismo, existen militares en el sentido democrático y profesional del concepto, pero que están sometidos y controlados por la metodología de Cuba. Muchos de los verdaderos militares venezolanos yacen muertos, presos políticos, torturados y perseguidos por la usurpación criminal que ocupa su país.
Esta situación debe ser objeto de alarma y acción por los gobiernos democráticos y las instituciones militares de las democracias de las Américas que están bajo el acoso y la amenaza del castrochavismo. Las Fuerzas Armadas institucionales, las de la democracia, del estado de Derecho -las de verdad- son la última defensa de la libertad de los pueblos frente a la agresión de la delincuencia organizada transnacional, que conspira para destrozar el sistema e instalar narcoestados con disfraz de populismo, progresismo, izquierda, globalismo, antiimperialismo u otro.
Las Fuerzas Armadas no pueden participar en política, pero esto no alcanza a permitir que con la etiqueta de política se destroce la institucionalidad nacional, se suplante la Constitución, se intervenga el país, se termine con la soberanía y se someta al pueblo a condiciones de hambre, miseria y esclavitud. Este es el límite, el punto de quiebre -muy claro- que los militares de la democracia deben evaluar y respetar para cumplir sus obligaciones de defensa de la soberanía, la seguridad de su pueblo y de su patria en el marco del estado de Derecho.
La realidad objetiva de Venezuela muestra la abierta falsificación de la institucionalidad militar convirtiendo las Fuerzas Armadas en grupos delictivos irregulares, integrados al sistema castrochavista de crimen organizado. En estas condiciones los militares venezolanos están en la disyuntiva de quedar integrados a la delincuencia por acción o por omisión, o cumplir con el deber de defensa de su Patria sin excusa de condiciones ni circunstancias.
Fuente: Diario las Américas
Con la exacerbación de las dictaduras militares que se dieron en América Latina en el siglo pasado, el castrochavismo ha logrado neutralizar y anular las obligaciones constitucionales de las Fuerzas Armadas, intervenirlas y destrozar su institucionalidad en los países donde ha instalado sus dictaduras. La destrucción de la institucionalidad democrática de las Fuerzas Armadas aplicando el modelo castro/fascista de control y manipulación, es fundamental para dejar a los pueblos desprovistos de la protección, de defensa de la democracia y la soberanía.
Las fuerzas armadas de Cuba, Venezuela y Nicaragua no son instituciones nacionales, son instrumentos del régimen dictatorial para sostener a toda costa a los detentadores del poder. No tienen ningún fundamento de institucionalidad ni de legalidad, están al margen del estado de Derecho y han sido incorporadas como elementos activos de la delincuencia organizada trasnacional que es el castrochavismo. Son simples y peligrosos grupos armados del régimen que usurpan el rol fundamental de las Fuerzas Armadas de la Nación.
En Cuba y Nicaragua, por el tiempo de penetración y la naturaleza de su implementación, es improbable pero no imposible que entre los miembros de los grupos irregulares que se denominan Fuerzas Armadas existan militares de honor con sentido de su obligación a la Patria y no al régimen. En Venezuela es absolutamente seguro que en los niveles intermedios con formación democrática anterior al castrochavismo, existen militares en el sentido democrático y profesional del concepto, pero que están sometidos y controlados por la metodología de Cuba. Muchos de los verdaderos militares venezolanos yacen muertos, presos políticos, torturados y perseguidos por la usurpación criminal que ocupa su país.
Esta situación debe ser objeto de alarma y acción por los gobiernos democráticos y las instituciones militares de las democracias de las Américas que están bajo el acoso y la amenaza del castrochavismo. Las Fuerzas Armadas institucionales, las de la democracia, del estado de Derecho -las de verdad- son la última defensa de la libertad de los pueblos frente a la agresión de la delincuencia organizada transnacional, que conspira para destrozar el sistema e instalar narcoestados con disfraz de populismo, progresismo, izquierda, globalismo, antiimperialismo u otro.
Las Fuerzas Armadas no pueden participar en política, pero esto no alcanza a permitir que con la etiqueta de política se destroce la institucionalidad nacional, se suplante la Constitución, se intervenga el país, se termine con la soberanía y se someta al pueblo a condiciones de hambre, miseria y esclavitud. Este es el límite, el punto de quiebre -muy claro- que los militares de la democracia deben evaluar y respetar para cumplir sus obligaciones de defensa de la soberanía, la seguridad de su pueblo y de su patria en el marco del estado de Derecho.
La realidad objetiva de Venezuela muestra la abierta falsificación de la institucionalidad militar convirtiendo las Fuerzas Armadas en grupos delictivos irregulares, integrados al sistema castrochavista de crimen organizado. En estas condiciones los militares venezolanos están en la disyuntiva de quedar integrados a la delincuencia por acción o por omisión, o cumplir con el deber de defensa de su Patria sin excusa de condiciones ni circunstancias.
Fuente: Diario las Américas