Uno de los mecanismos más infames para retener el poder ejerciendo “terrorismo de Estado” es someter a prisión injustificada a seres humanos que reclaman libertad. Las dictaduras usan los presos políticos para aterrorizar a la población, forzándola a no luchar por sus derechos humanos y permanecer sometida e indefensa por miedo. Hay presos políticos en Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, torturados y usados como moneda de negociación, cuando constituyen prueba de crímenes de lesa humanidad infraganti por los que se debe procesar y condenar a los dictadores y sus operadores.
El artículo 7 inciso 1 del Estatuto de Roma determina que “a los efectos del presente Estatuto, se entenderá por “crimen de lesa humanidad” cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque: e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional; f). – Tortura.” Las “normas fundamentales del derecho internacional son la Declaración Universal de Derechos Humanos, La Convención Americana sobre Derechos Humanos y más.
Tomar y torturar presos políticos es el método “generalizado y sistemático” que han institucionalizado en Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, y son delitos de lesa humanidad que están cometiendo Raúl Castro, Miguel Diaz-Canel en Cuba, Nicolás Maduro, Diosdado Cabello en Venezuela, Luis Arce, Evo Morales en Bolivia y Daniel Ortega, Rosario Murillo en Nicaragua, todos con sus grupos de matones, verdugos, torturadores y sicarios que se presentan institucionalizados como fuerzas de seguridad y policía, fiscales, jueces, sistemas de prisión y propaganda.
Está tan institucionalizado el sistema de presos políticos en las dictaduras del socialismo del siglo XXI que han puesto normas en sus constituciones y dictado leyes con la retroactividad de la ley en lugar de la irretroactividad, que determinan detenciones al arbitrio de sus operadores, que limitan o suprimen el derecho de defensa, que permiten enjuiciamiento de abogados defensores, que alargan o suprimen los actos procesales a conveniencia. Las dictaduras han creado “leyes infames” que destruyen el “debido proceso legal” instituyendo la “manipulación criminal legal”.
La usencia de “estado de Derecho” y la concentración total del poder muestran como metodología de las dictaduras del socialismo del siglo XXI o castrochavismo el uso del poder judicial, fiscales y jueces para realizar acusaciones indebidas, falsificar crímenes y pruebas, vulnerar todos los elementos del “debido proceso legal”, acusar a las víctimas de los delitos que cometen los victimarios convertidos en acusadores, ampliar acusaciones falsas a abogados y familiares de las víctimas.
El preso político de las dictaduras del sistema ALBA, bolivariano, socialista o castrochavista en las Américas del siglo XXI es víctima de la violación de sus derechos humanos de “libertad”, “igualdad ante la ley”, “presunción de inocencia”, “amparo de la ley”, “juez imparcial”, “irretroactividad de la ley”, al “debido proceso legal”. Además, el sistema de estas dictaduras le perpetra “asesinato de reputación” falsificando narrativas.
Los presos políticos en Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua son víctimas de tortura que es el “grave dolor físico o psicológico infligido a una persona de forma deliberada …”. Celdas de aislamiento, supresión de alimentos y vestimenta, extremos de oscuridad o luz, apaleamientos y torturas brutales, la prensa, instituciones y familiares han documentado sólidamente esta práctica criminal sobre indefensas personas que en muchos casos terminaron muertas.
Hoy en Cuba hay alrededor de 1.000 presos políticos, en Venezuela cerca de 400, en Bolivia más de 60 y en Nicaragua más de 150. La Organización de Estados Americanos acaba de reclamar por la libertad de los presos políticos mencionando el caso del preso José Daniel Ferrer en Cuba, expresando que “Ferrer se encuentra confinado en una pequeña celda tapiada, sin ningún contacto con personas distintas a los guardias y sin acceso a la luz natural”.
Infobae ha publicado las “4 presas políticas con más de seis meses de casi total aislamiento”. El periódico Nuevo Herald ha titulado Crece la desesperación entre familias de menores preso en Cuba. Los presos políticos militares de Venezuela tienen 3 años presos sin juicio, sin atención medica como lo publica JusticiaOrg. Los Tiempos y El Deber de Bolivia reflejan las “agresiones físicas” a la presa política expresidenta Jeanine Añez víctima de tortura y la reciente detención y golpiza a Marco Pumari. Hay miles de pruebas por doquier.
Fuente: Diario las Américas
Está tan institucionalizado el sistema de presos políticos en las dictaduras del socialismo del siglo XXI que han puesto normas en sus constituciones y dictado leyes con la retroactividad de la ley en lugar de la irretroactividad, que determinan detenciones al arbitrio de sus operadores, que limitan o suprimen el derecho de defensa, que permiten enjuiciamiento de abogados defensores, que alargan o suprimen los actos procesales a conveniencia. Las dictaduras han creado “leyes infames” que destruyen el “debido proceso legal” instituyendo la “manipulación criminal legal”.
La usencia de “estado de Derecho” y la concentración total del poder muestran como metodología de las dictaduras del socialismo del siglo XXI o castrochavismo el uso del poder judicial, fiscales y jueces para realizar acusaciones indebidas, falsificar crímenes y pruebas, vulnerar todos los elementos del “debido proceso legal”, acusar a las víctimas de los delitos que cometen los victimarios convertidos en acusadores, ampliar acusaciones falsas a abogados y familiares de las víctimas.
El preso político de las dictaduras del sistema ALBA, bolivariano, socialista o castrochavista en las Américas del siglo XXI es víctima de la violación de sus derechos humanos de “libertad”, “igualdad ante la ley”, “presunción de inocencia”, “amparo de la ley”, “juez imparcial”, “irretroactividad de la ley”, al “debido proceso legal”. Además, el sistema de estas dictaduras le perpetra “asesinato de reputación” falsificando narrativas.
Los presos políticos en Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua son víctimas de tortura que es el “grave dolor físico o psicológico infligido a una persona de forma deliberada …”. Celdas de aislamiento, supresión de alimentos y vestimenta, extremos de oscuridad o luz, apaleamientos y torturas brutales, la prensa, instituciones y familiares han documentado sólidamente esta práctica criminal sobre indefensas personas que en muchos casos terminaron muertas.
Hoy en Cuba hay alrededor de 1.000 presos políticos, en Venezuela cerca de 400, en Bolivia más de 60 y en Nicaragua más de 150. La Organización de Estados Americanos acaba de reclamar por la libertad de los presos políticos mencionando el caso del preso José Daniel Ferrer en Cuba, expresando que “Ferrer se encuentra confinado en una pequeña celda tapiada, sin ningún contacto con personas distintas a los guardias y sin acceso a la luz natural”.
Infobae ha publicado las “4 presas políticas con más de seis meses de casi total aislamiento”. El periódico Nuevo Herald ha titulado Crece la desesperación entre familias de menores preso en Cuba. Los presos políticos militares de Venezuela tienen 3 años presos sin juicio, sin atención medica como lo publica JusticiaOrg. Los Tiempos y El Deber de Bolivia reflejan las “agresiones físicas” a la presa política expresidenta Jeanine Añez víctima de tortura y la reciente detención y golpiza a Marco Pumari. Hay miles de pruebas por doquier.
Fuente: Diario las Américas