La segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Perú, con las estrechas y confusas diferencias entre los candidatos Jorge Castillo y Keiko Fujimori, el intervencionismo de gobiernos extranjeros, la prueba de irregularidades y fraude electoral e indicadores de falta de imparcialidad de las autoridades, han puesto al país en grave crisis.
Las elecciones deben ser “libres, justas y limpias” y cuando estas características están cuestionadas, solamente la “auditoría al computo oficial de las elecciones, con verificación de actas, estadísticas, proceso y cadena de custodia”, legitimará al ganador y salvará la democracia. Perú debe pedir a la Organización de Estados Americanos (OEA) urgente auditoria electoral.
Las elecciones en el Perú, como en todos los países de Américas, están regidas por una disposición que integra el ordenamiento jurídico de cada estado que es la Carta Democrática Interamericana. Por eso, la norma fundamental en democracia es que las elecciones sean “periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo”.
Elecciones son elemento fundamental de la democracia, pero solo las elecciones, o las elecciones en si mismas no son democracia. Las elecciones “periódicas, libres y justas” deben concurrir, estas acompañadas e integradas con el “respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho, el régimen plural de partidos y organizaciones políticas y la separación e independencia de los poderes públicos”.
Elecciones sin democracia son dictaduras y se han convertido en el método del socialismo del siglo XXI o castrochavismo para falsificar la voluntad de los pueblos manipulando resultados y de esa manera detentar indefinidamente el poder dando lugar a las dictaduras electoralistas de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua”.
En las dictaduras electoralistas “el pueblo vota, pero no elije” porque su voluntad está manipulada por el régimen. En democracia las “elecciones limpias” deben tener por lo menos dos características:
1.- La “integridad de las preferencias del votante” que quiere decir que “los electores pueden votar sin ninguna presión externa o miedo a represalias”.
2.- El “registro exacto de las preferencias del votante” que es “chequear, contar y/o tabular o sumar todos los votos de manera imparcial y exacta”, como manda el “concepto de elecciones democráticas” del Manual de Misiones Electorales OEA.
En el caso de Perú, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) determinó el 16 de junio que “solo proclamará los resultados definitivos de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 6 de junio cuando haya resuelto todas las actas observadas y los pedidos de nulidad presentados tras el proceso”. Hay un computo final de los votos que da como ganador con el 0,125% a Castillo, pero Fujimori ha pedido la anulación de cientos de actas de votación por “fraude electoral en mesa”.
La Misión de Observación de la OEA en Perú ha presentado “informe preliminar” en el que “hace votos para que se den a todos los actores políticos las garantías necesarias de un proceso democrático, que se desahoguen con apego a derecho los recursos presentados y que, una vez concluida esa etapa, se reconozca y respete la voluntad popular” y “destaca la coincidencia de ambas candidaturas de no proclamarse ganadores hasta que se hayan resuelto todas las impugnaciones, de respetar las garantías del proceso y la institucionalidad electoral peruana, y de reconocer el resultado electoral una vez desahogada la fase jurisdiccional de la elección”.
El conflicto, la desconfianza y la incertidumbre crecen y el JNE ya no parece tener la legitimidad de dirimir el asunto con la transparencia y confianza que el pueblo peruano necesita y las circunstancias exigen. Una opinión del JNE dirimiendo el conflicto actual no tendrá legitimidad y con dudosa legalidad solo será la semilla de la confrontación.
La está solución para legitimar al ganador y salvar la democracia está en manos el gobierno del Perú y es solicitar a la OEA un “análisis de integridad electoral” una auditoría del computo oficial de las elecciones del 6 de Junio de 2021 que incluya “conocer a detalle el funcionamiento de los procesos involucrados en el conteo de votos, la transmisión de resultados preliminares, el cómputo oficial y la cadena de custodia de material electoral, para -a partir de ello- verificar la integridad y confiabilidad de los resultados electorales”.
Los candidatos Pedro Castillo y Keiko Fujimori deberían pedir y ser los mas interesados en la auditoría como muestra de buena fe, transparencia y garantía de su legitimidad.
Elecciones son elemento fundamental de la democracia, pero solo las elecciones, o las elecciones en si mismas no son democracia. Las elecciones “periódicas, libres y justas” deben concurrir, estas acompañadas e integradas con el “respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho, el régimen plural de partidos y organizaciones políticas y la separación e independencia de los poderes públicos”.
Elecciones sin democracia son dictaduras y se han convertido en el método del socialismo del siglo XXI o castrochavismo para falsificar la voluntad de los pueblos manipulando resultados y de esa manera detentar indefinidamente el poder dando lugar a las dictaduras electoralistas de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua”.
En las dictaduras electoralistas “el pueblo vota, pero no elije” porque su voluntad está manipulada por el régimen. En democracia las “elecciones limpias” deben tener por lo menos dos características:
1.- La “integridad de las preferencias del votante” que quiere decir que “los electores pueden votar sin ninguna presión externa o miedo a represalias”.
2.- El “registro exacto de las preferencias del votante” que es “chequear, contar y/o tabular o sumar todos los votos de manera imparcial y exacta”, como manda el “concepto de elecciones democráticas” del Manual de Misiones Electorales OEA.
En el caso de Perú, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) determinó el 16 de junio que “solo proclamará los resultados definitivos de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 6 de junio cuando haya resuelto todas las actas observadas y los pedidos de nulidad presentados tras el proceso”. Hay un computo final de los votos que da como ganador con el 0,125% a Castillo, pero Fujimori ha pedido la anulación de cientos de actas de votación por “fraude electoral en mesa”.
La Misión de Observación de la OEA en Perú ha presentado “informe preliminar” en el que “hace votos para que se den a todos los actores políticos las garantías necesarias de un proceso democrático, que se desahoguen con apego a derecho los recursos presentados y que, una vez concluida esa etapa, se reconozca y respete la voluntad popular” y “destaca la coincidencia de ambas candidaturas de no proclamarse ganadores hasta que se hayan resuelto todas las impugnaciones, de respetar las garantías del proceso y la institucionalidad electoral peruana, y de reconocer el resultado electoral una vez desahogada la fase jurisdiccional de la elección”.
El conflicto, la desconfianza y la incertidumbre crecen y el JNE ya no parece tener la legitimidad de dirimir el asunto con la transparencia y confianza que el pueblo peruano necesita y las circunstancias exigen. Una opinión del JNE dirimiendo el conflicto actual no tendrá legitimidad y con dudosa legalidad solo será la semilla de la confrontación.
La está solución para legitimar al ganador y salvar la democracia está en manos el gobierno del Perú y es solicitar a la OEA un “análisis de integridad electoral” una auditoría del computo oficial de las elecciones del 6 de Junio de 2021 que incluya “conocer a detalle el funcionamiento de los procesos involucrados en el conteo de votos, la transmisión de resultados preliminares, el cómputo oficial y la cadena de custodia de material electoral, para -a partir de ello- verificar la integridad y confiabilidad de los resultados electorales”.
Los candidatos Pedro Castillo y Keiko Fujimori deberían pedir y ser los mas interesados en la auditoría como muestra de buena fe, transparencia y garantía de su legitimidad.