Venezuela se ha convertido en el país con mayor número de jerarcas políticos sometidos a sanciones por el gobierno de EEUU.
La cifra procede de un informe hecho público el 18OCT21 por el Departamento de Tesoro de EEUU que analiza las sanciones que ese organismo administra y analiza medidas “para preservar y mejorar su eficacia en el apoyo a la seguridad nacional y los intereses de EEUU”.
“La revisión de las sanciones del Tesoro ha demostrado que este poderoso instrumento continúa dando resultados, pero también enfrenta nuevos desafíos. Estamos comprometidos a trabajar con socios y aliados para modernizar y fortalecer esta herramienta fundamental” afirmó el subsecretario Wally Adeyemo quien encabezó la investigación.
“La revisión de las sanciones del Tesoro ha demostrado que este poderoso instrumento continúa dando resultados, pero también enfrenta nuevos desafíos. Estamos comprometidos a trabajar con socios y aliados para modernizar y fortalecer esta herramienta fundamental” afirmó el subsecretario Wally Adeyemo quien encabezó la investigación.
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Para el 07NOV21 están convocadas votaciones generales en Nicaragua en las cuales Daniel Ortega y Rosario Murillo pretenden imponer una nueva reelección luego de haber impedido, mediante cárcel e ilegalizaciones, la participación de candidatos opositores.
La familia Ortega-Murillo, probablemente la más rica del país, aspira continuar gobernando y para ello no ha dudado en romper las pocas formalidades institucionales que existían. Diez años atrás, la candidatura de Ortega para su reelección en 2011 fue abiertamente inconstitucional pero su control de la Corte Suprema de Justicia le permitió burlar el impedimento legal. En 2013, el boliviano Evo Morales usaría el mismo artilugio para violar la constitución por él mismo impuesta en Bolivia y presentarse para un tercer mandato.
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El Consejo Permanente de la OEA, a solicitud de un grupo de miembros, fue convocado para celebrar el 20OCT21 una sesión sobre la situación en Nicaragua. El propósito era someter a consideración un pronunciamiento, el segundo en menos de cuatro meses, referido a la sistemática violación de DDHH en Nicaragua y la falta de garantías para las votaciones del 07NOV21.
La votación mostró la dirección que está tomando la política dentro de la OEA en la cual México y Argentina están actuando ala limón, con Bolivia secundándolos. El texto sometido a consideración en la sesión del 20OCT21 había sido previamente debatido y negociado en reuniones entre los proponentes y las restantes delegaciones con lo cual el tono había ido moderándose para ganar el voto especialmente de gobiernos del Caribe. La posición de los representantes de México y Argentina fue, desde el principio, negarse a apoyar cualquier proyecto que implicara un pronunciamiento de la OEA sobre la situación en Nicaragua.
El gobierno de Daniel Ortega ordenó a su representante ante la OEA no participar en la sesión. México, Argentina y Bolivia recurrieron a la figura de la abstención a lo cual se sumó el gobierno de San Vicente y las Granadinas que es un aliado castrochavista en el Caribe, así como los centroamericanos Guatemala y Honduras junto a Barbados. Con 26 votos a favor fue aprobada la resolución que había sido presentada por Canadá, Antigua y Barbuda, Chile, Costa Rica, Ecuador, EEUU, Paraguay y Uruguay.
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Mediante la resolución aprobada con 26 votos, el Consejo Permanente de la OEA reiteró “su llamado para la liberación inmediata de los candidatos presidenciales y de los presos políticos”, expresar “su grave preocupación por la circunstancia de que los intentos del Consejo Permanente de comprometer al Gobierno de Nicaragua a la celebración de elecciones libres y justas han sido ignorados” y tomar nota “con alarma del deterioro de la situación de los derechos políticos y derechos humanos en Nicaragua y del empeño del Gobierno de Nicaragua de minar el proceso electoral”. Igualmente acordaron “adoptar, si es necesario, otras acciones en conformidad con la Carta de la Organización de Estados Americanos y la Carta Democrática Interamericana, incluida una valoración de las elecciones del 7 de noviembre durante la 51.a Asamblea General”. La suspensión de Nicaragua de la OEA está en el tapete aunque, como ya pasó en el caso venezolano, los votos todavía no están asegurados.
Por cierto, fue notorio el voto del representante de Perú quien recibió instrucciones de su gobierno para apoyar la resolución contra el gobierno de Ortega. El presidente peruano Pedro Castillo está actuando con alto cuidado en su política exterior y no dudó en asistir a un ejercicio de desembarco anfibio el 02OCT21 que formó parte de los juegos de guerra UNITAS LXII en las cuales participaban naves y tropa estadounidenses en territorio peruano.
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Lo que pareciera un hecho inevitable es el desconocimiento del proceso electoral nicaragüense por parte de una creciente lista de países.
El 22SEP21 fue dado a conocer un pronunciamiento firmado por Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, EEUU, Francia, Reino Unido y República Dominicana en el cual afirmaron que “las medidas adoptadas por el Gobierno de Nicaragua no reúnen las condiciones necesarias para la celebración de elecciones libres y justas, a las que se han comprometido los Estados miembros de la OEA, en virtud de la Carta Democrática Interamericana, lo que pone en tela de juicio la validez y legitimidad de las elecciones de noviembre, tal como se están organizando actualmente”.
La Unión Europea optó el 11OCT21 por mantener por un año adicional las sanciones, que impusiera en 2019, a altos jerarcas del régimen sandinista incluyendo a la cogobernante Rosario Murillo. El 18OCT21 el Consejo de Política Exterior de la Unión Europea incluyó en su agenda una evaluación sobre Nicaragua desde el inicio de la violenta represión en abril de 2018. “Las perspectivas de que se lleve a cabo un proceso electoral creíble y legítimo en torno a estas elecciones son muy escasas” concluyeron los ministros de exteriores europeos. A la salida de la reunión ministerial, el Alto Representante de la UE Josep Borrell, durante la usual rueda de prensa, se refirió a Nicaragua: «la UE continuará insistiendo en la defensa de los Derechos Humanos, el Estado de Derecho, la puesta en libertad de presos políticos y que haya elecciones libres”. Borrell fue particularmente directo al calificar el proceso electoral organizado en Nicaragua: “las [elecciones] que habrá en noviembre son falsas y organizadas por una dictadura».
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La represión que comenzó a alcanzar a dirigentes históricos de la izquierda nicaragüense desató a mediados de año algunas olas de malestar entre voceros de la izquierda continental.
El 15JUN21 los gobiernos de Alberto Fernández y Manuel López Obrador emitieron una declaración conjunta con la cual intentaban compensar el hecho de haberse negado a apoyar la declaración aprobada en la OEA cuatro días antes. Argentina y México. Alegaron no estar de acuerdo “con los países que, lejos de apoyar el normal desarrollo de las instituciones democráticas, dejan de lado el principio de no intervención en asuntos internos” aunque se mostraron preocupados “por los acontecimientos ocurridos recientemente en Nicaragua. Especialmente, por la detención de figuras políticas de la oposición, cuya revisión contribuiría a que el proceso electoral nicaragüense reciba el reconocimiento y el acompañamiento internacional apropiados”. Una semana después, el 21JUN21, como protesta por la continuidad de los encarcelamientos en Nicaragua, los gobiernos de Argentina y México llamaron a consultas a sus embajadores en Managua quienes varios meses después aún permanecían en sus respectivas capitales.
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El 25JUN21, el semanario izquierdista uruguayo Brecha publicó una declaración que arrancaba expresando que “es difícil saber si Daniel Ortega se enfermó por el poder, está enfermo por mantener el poder o ambas cosas, pero esto –ahora y a efectos prácticos– no importa. Lo cierto es que un hombre que en su historia registra hechos loables (como su participación en la lucha antisomocista o cuando, aceptando su derrota electoral de 1990, entregó, como corresponde, la presidencia a su sucesora, Violeta Barrios de Chamorro, de la alianza opositora) se ha transformado en un presidente autócrata y autoritario”. Los 125 firmantes originales del texto eran gente poco conocida de izquierda básicamente de Uruguay, pero tras la publicación se sumaron varias firmas, dos de ellas de dos referentes de la izquierda continental: el expresidente Pepe Mujica y su esposa Lucía Topolansky.
El 22JUL21 Lula da Silva fue entrevistado por la mexicana Sabina Berman quien le preguntó sobre Nicaragua. El brasileño afirmó que “hace diez años que yo no tengo contacto con Nicaragua, no sé muy bien lo que está sucediendo en Nicaragua, pero tengo informaciones de que las cosas no están nada bien ahí”.
Después, a mediados de agosto en declaraciones buscadas por BBC, el ahora vocero castrochavista y fundador del Grupo de Puebla, el colombiano Ernesto Samper Pizano, se quejó que las acciones de Ortega están “comprometiendo la propia imagen del progresismo hemisférico”. “Progresismo” es el más reciente eufemismo con el cual se disfraza la izquierda radical continental. Samper adelantaba que antes que condenar a Ortega, el Grupo de Puebla se proponía abrir contactos.
La alianza castrochavista, dejando a un lado las preocupaciones cosméticas de algunos de sus acólitos, ha decidido ratificar su respaldo a la dictadura nicaragüense. El boliviano Sacha Llorenti, quien actúa como Secretario del ALBA, permaneció en Nicaragua por una semana siendo recibido el 19OCT21 por Ortega y Murillo. El día anterior, los gobiernos del ALBA con los regímenes de Cuba Bolivia y Venezuela encabezando, habían distribuido un pronunciamiento en el cual saludaban “la preparación del proceso electoral” y ratificaban su respaldo al gobierno sandinista”. Por su parte, el gobierno de Rusia se ha convertido en protector internacional del régimen nicaragüense emulando sus relaciones con el gobierno de facto de Venezuela.
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Aparte de no sumarse a la posición colectiva ante Nicaragua, los gobiernos de Bolivia, Argentina y México continúan en una férrea confrontación contra el Secretario General de la OEA, el uruguayo Luis Almagro.
La denuncia de fraude electoral hecha por la OEA en las elecciones bolivianas del 20OCT19 que condujeron a la renuncia de Evo Morales a la presidencia y su salida al extranjero, ha sido progresivamente convertida por la izquierda continental en una narrativa según la cual en Bolivia ocurrió un golpe de Estado. Esa narrativa busca lavar la imagen de Evo Morales y servir de sustento a la persecución judicial contra la expresidenta Jeanine Añez y otros miembros del gobierno de transición que asumieron ante la estampida del gobierno renunciante.
En ese contexto, los representantes de Bolivia, Argentina y México convocaron para un evento contra Almagro que tuvo lugar el 22OCT21 en el Salón de las Américas del edificio de la OEA en Washington. “¿Qué sucedió realmente en las elecciones de 2019 en Bolivia? Los expertos comparten sus hallazgos” era el título del evento que buscaba desacreditar los informes de la OEA sobre las elecciones bolivianas de aquel año y tratar de imponer la versión del golpe de Estado.
Los ponentes presentados por los gobiernos en calidad de “expertos electorales” fueron Jake Johnston miembro del Center for Economic and Policy Research CEPR, un grupo de generación de informes largamente asociado con el gobierno chavista de Venezuela. Jack Williams quien en 2020 elaborara un trabajo sobre las elecciones en Bolivia financiado por el CEPR del cual publicó un resumen en The Washington Post adjudicándolo falsamente como una investigación del Massachusetts Institute of Technology. El tercer ponente fue el venezolano Francisco Rodríguez, economista asociado al gobierno de Hugo Chávez quien en los últimos años ha laborado en banca internacional negociadora de bonos de deuda pública venezolana y confronta a la oposición venezolana. El papel de Johnston, Williams y Rodríguez era mostrar análisis estadísticos de laboratorio en contraposición a los informes elaborados in situ por la misión electoral de la OEA en 2019.
La guerra contra Almagro continúa y tendrá un nuevo capítulo en la Asamblea General anual de la OEA que tendrá lugar el 10-12NOV21.
Fuente: Diario las Américas
Para el 07NOV21 están convocadas votaciones generales en Nicaragua en las cuales Daniel Ortega y Rosario Murillo pretenden imponer una nueva reelección luego de haber impedido, mediante cárcel e ilegalizaciones, la participación de candidatos opositores.
La familia Ortega-Murillo, probablemente la más rica del país, aspira continuar gobernando y para ello no ha dudado en romper las pocas formalidades institucionales que existían. Diez años atrás, la candidatura de Ortega para su reelección en 2011 fue abiertamente inconstitucional pero su control de la Corte Suprema de Justicia le permitió burlar el impedimento legal. En 2013, el boliviano Evo Morales usaría el mismo artilugio para violar la constitución por él mismo impuesta en Bolivia y presentarse para un tercer mandato.
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El Consejo Permanente de la OEA, a solicitud de un grupo de miembros, fue convocado para celebrar el 20OCT21 una sesión sobre la situación en Nicaragua. El propósito era someter a consideración un pronunciamiento, el segundo en menos de cuatro meses, referido a la sistemática violación de DDHH en Nicaragua y la falta de garantías para las votaciones del 07NOV21.
La votación mostró la dirección que está tomando la política dentro de la OEA en la cual México y Argentina están actuando ala limón, con Bolivia secundándolos. El texto sometido a consideración en la sesión del 20OCT21 había sido previamente debatido y negociado en reuniones entre los proponentes y las restantes delegaciones con lo cual el tono había ido moderándose para ganar el voto especialmente de gobiernos del Caribe. La posición de los representantes de México y Argentina fue, desde el principio, negarse a apoyar cualquier proyecto que implicara un pronunciamiento de la OEA sobre la situación en Nicaragua.
El gobierno de Daniel Ortega ordenó a su representante ante la OEA no participar en la sesión. México, Argentina y Bolivia recurrieron a la figura de la abstención a lo cual se sumó el gobierno de San Vicente y las Granadinas que es un aliado castrochavista en el Caribe, así como los centroamericanos Guatemala y Honduras junto a Barbados. Con 26 votos a favor fue aprobada la resolución que había sido presentada por Canadá, Antigua y Barbuda, Chile, Costa Rica, Ecuador, EEUU, Paraguay y Uruguay.
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Mediante la resolución aprobada con 26 votos, el Consejo Permanente de la OEA reiteró “su llamado para la liberación inmediata de los candidatos presidenciales y de los presos políticos”, expresar “su grave preocupación por la circunstancia de que los intentos del Consejo Permanente de comprometer al Gobierno de Nicaragua a la celebración de elecciones libres y justas han sido ignorados” y tomar nota “con alarma del deterioro de la situación de los derechos políticos y derechos humanos en Nicaragua y del empeño del Gobierno de Nicaragua de minar el proceso electoral”. Igualmente acordaron “adoptar, si es necesario, otras acciones en conformidad con la Carta de la Organización de Estados Americanos y la Carta Democrática Interamericana, incluida una valoración de las elecciones del 7 de noviembre durante la 51.a Asamblea General”. La suspensión de Nicaragua de la OEA está en el tapete aunque, como ya pasó en el caso venezolano, los votos todavía no están asegurados.
Por cierto, fue notorio el voto del representante de Perú quien recibió instrucciones de su gobierno para apoyar la resolución contra el gobierno de Ortega. El presidente peruano Pedro Castillo está actuando con alto cuidado en su política exterior y no dudó en asistir a un ejercicio de desembarco anfibio el 02OCT21 que formó parte de los juegos de guerra UNITAS LXII en las cuales participaban naves y tropa estadounidenses en territorio peruano.
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Lo que pareciera un hecho inevitable es el desconocimiento del proceso electoral nicaragüense por parte de una creciente lista de países.
El 22SEP21 fue dado a conocer un pronunciamiento firmado por Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, EEUU, Francia, Reino Unido y República Dominicana en el cual afirmaron que “las medidas adoptadas por el Gobierno de Nicaragua no reúnen las condiciones necesarias para la celebración de elecciones libres y justas, a las que se han comprometido los Estados miembros de la OEA, en virtud de la Carta Democrática Interamericana, lo que pone en tela de juicio la validez y legitimidad de las elecciones de noviembre, tal como se están organizando actualmente”.
La Unión Europea optó el 11OCT21 por mantener por un año adicional las sanciones, que impusiera en 2019, a altos jerarcas del régimen sandinista incluyendo a la cogobernante Rosario Murillo. El 18OCT21 el Consejo de Política Exterior de la Unión Europea incluyó en su agenda una evaluación sobre Nicaragua desde el inicio de la violenta represión en abril de 2018. “Las perspectivas de que se lleve a cabo un proceso electoral creíble y legítimo en torno a estas elecciones son muy escasas” concluyeron los ministros de exteriores europeos. A la salida de la reunión ministerial, el Alto Representante de la UE Josep Borrell, durante la usual rueda de prensa, se refirió a Nicaragua: «la UE continuará insistiendo en la defensa de los Derechos Humanos, el Estado de Derecho, la puesta en libertad de presos políticos y que haya elecciones libres”. Borrell fue particularmente directo al calificar el proceso electoral organizado en Nicaragua: “las [elecciones] que habrá en noviembre son falsas y organizadas por una dictadura».
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La represión que comenzó a alcanzar a dirigentes históricos de la izquierda nicaragüense desató a mediados de año algunas olas de malestar entre voceros de la izquierda continental.
El 15JUN21 los gobiernos de Alberto Fernández y Manuel López Obrador emitieron una declaración conjunta con la cual intentaban compensar el hecho de haberse negado a apoyar la declaración aprobada en la OEA cuatro días antes. Argentina y México. Alegaron no estar de acuerdo “con los países que, lejos de apoyar el normal desarrollo de las instituciones democráticas, dejan de lado el principio de no intervención en asuntos internos” aunque se mostraron preocupados “por los acontecimientos ocurridos recientemente en Nicaragua. Especialmente, por la detención de figuras políticas de la oposición, cuya revisión contribuiría a que el proceso electoral nicaragüense reciba el reconocimiento y el acompañamiento internacional apropiados”. Una semana después, el 21JUN21, como protesta por la continuidad de los encarcelamientos en Nicaragua, los gobiernos de Argentina y México llamaron a consultas a sus embajadores en Managua quienes varios meses después aún permanecían en sus respectivas capitales.
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El 25JUN21, el semanario izquierdista uruguayo Brecha publicó una declaración que arrancaba expresando que “es difícil saber si Daniel Ortega se enfermó por el poder, está enfermo por mantener el poder o ambas cosas, pero esto –ahora y a efectos prácticos– no importa. Lo cierto es que un hombre que en su historia registra hechos loables (como su participación en la lucha antisomocista o cuando, aceptando su derrota electoral de 1990, entregó, como corresponde, la presidencia a su sucesora, Violeta Barrios de Chamorro, de la alianza opositora) se ha transformado en un presidente autócrata y autoritario”. Los 125 firmantes originales del texto eran gente poco conocida de izquierda básicamente de Uruguay, pero tras la publicación se sumaron varias firmas, dos de ellas de dos referentes de la izquierda continental: el expresidente Pepe Mujica y su esposa Lucía Topolansky.
El 22JUL21 Lula da Silva fue entrevistado por la mexicana Sabina Berman quien le preguntó sobre Nicaragua. El brasileño afirmó que “hace diez años que yo no tengo contacto con Nicaragua, no sé muy bien lo que está sucediendo en Nicaragua, pero tengo informaciones de que las cosas no están nada bien ahí”.
Después, a mediados de agosto en declaraciones buscadas por BBC, el ahora vocero castrochavista y fundador del Grupo de Puebla, el colombiano Ernesto Samper Pizano, se quejó que las acciones de Ortega están “comprometiendo la propia imagen del progresismo hemisférico”. “Progresismo” es el más reciente eufemismo con el cual se disfraza la izquierda radical continental. Samper adelantaba que antes que condenar a Ortega, el Grupo de Puebla se proponía abrir contactos.
La alianza castrochavista, dejando a un lado las preocupaciones cosméticas de algunos de sus acólitos, ha decidido ratificar su respaldo a la dictadura nicaragüense. El boliviano Sacha Llorenti, quien actúa como Secretario del ALBA, permaneció en Nicaragua por una semana siendo recibido el 19OCT21 por Ortega y Murillo. El día anterior, los gobiernos del ALBA con los regímenes de Cuba Bolivia y Venezuela encabezando, habían distribuido un pronunciamiento en el cual saludaban “la preparación del proceso electoral” y ratificaban su respaldo al gobierno sandinista”. Por su parte, el gobierno de Rusia se ha convertido en protector internacional del régimen nicaragüense emulando sus relaciones con el gobierno de facto de Venezuela.
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Aparte de no sumarse a la posición colectiva ante Nicaragua, los gobiernos de Bolivia, Argentina y México continúan en una férrea confrontación contra el Secretario General de la OEA, el uruguayo Luis Almagro.
La denuncia de fraude electoral hecha por la OEA en las elecciones bolivianas del 20OCT19 que condujeron a la renuncia de Evo Morales a la presidencia y su salida al extranjero, ha sido progresivamente convertida por la izquierda continental en una narrativa según la cual en Bolivia ocurrió un golpe de Estado. Esa narrativa busca lavar la imagen de Evo Morales y servir de sustento a la persecución judicial contra la expresidenta Jeanine Añez y otros miembros del gobierno de transición que asumieron ante la estampida del gobierno renunciante.
En ese contexto, los representantes de Bolivia, Argentina y México convocaron para un evento contra Almagro que tuvo lugar el 22OCT21 en el Salón de las Américas del edificio de la OEA en Washington. “¿Qué sucedió realmente en las elecciones de 2019 en Bolivia? Los expertos comparten sus hallazgos” era el título del evento que buscaba desacreditar los informes de la OEA sobre las elecciones bolivianas de aquel año y tratar de imponer la versión del golpe de Estado.
Los ponentes presentados por los gobiernos en calidad de “expertos electorales” fueron Jake Johnston miembro del Center for Economic and Policy Research CEPR, un grupo de generación de informes largamente asociado con el gobierno chavista de Venezuela. Jack Williams quien en 2020 elaborara un trabajo sobre las elecciones en Bolivia financiado por el CEPR del cual publicó un resumen en The Washington Post adjudicándolo falsamente como una investigación del Massachusetts Institute of Technology. El tercer ponente fue el venezolano Francisco Rodríguez, economista asociado al gobierno de Hugo Chávez quien en los últimos años ha laborado en banca internacional negociadora de bonos de deuda pública venezolana y confronta a la oposición venezolana. El papel de Johnston, Williams y Rodríguez era mostrar análisis estadísticos de laboratorio en contraposición a los informes elaborados in situ por la misión electoral de la OEA en 2019.
La guerra contra Almagro continúa y tendrá un nuevo capítulo en la Asamblea General anual de la OEA que tendrá lugar el 10-12NOV21.
Fuente: Diario las Américas