Tras haber estado previamente alineado con Ortega, Torres estaba siendo castigado por concluir que el régimen actual es —como dijo en su última declaración pública antes de ser arrestado en junio de 2021— “más brutal, más inescrupuloso, más irracional y más autocrático” que el de Somoza. El régimen de Ortega está estrechamente alineado con la Rusia de Vladimir Putin, la cual ayuda a las fuerzas militares de Nicaragua y envió dos delegados de alto nivel para una serie de conversaciones en Managua durante la semana anterior y la de la invasión a Ucrania. Ortega, de forma obediente, elogió la decisión de Putin de reconocer la independencia de las provincias ucranianas separatistas.
Torres, al parecer, murió por su postura disidente. Aunque el gobierno solo afirmó que las “enfermedades que tenía” habían causado su fallecimiento, los aliados políticos reportan que las condiciones de la cárcel en donde estuvo recluido son duras; desde diciembre su malestar había comenzado a empeorar, pero no fue llevado al hospital sino que hasta que cayó inconsciente.
Debe haber una investigación independiente sobre este caso. Establecer la verdad no sería un ejercicio académico, ya que existe una posibilidad real de que ocurran tragedias similares: varios de los 46 líderes políticos que el régimen de Ortega encarceló en 2021 son, al igual que Torres, personas de 60 o 70 años, como Francisco Aguirre Sacasa, un excanciller nicaragüense de 77 años que recientemente fue declarado culpable de cargos falsos de conspiración, en un proceso judicial a puerta cerrada. Aguirre podría enfrentarse a ocho años de prisión. En una situación similar se encuentran el académico Arturo Cruz Sequeira, de 68 años, y Pedro Joaquín Chamorro Barrios, de 71 años. En total, el régimen de Ortega tiene detenidos a aproximadamente 170 presos políticos.
El Departamento de Estado estadounidense, la Organización de los Estados Americanos y la Unión Europea condenaron la muerte bajo custodia de Torres. Sin embargo, a pesar del reclamo internacional, parece que el gobierno de Managua tiene la intención firme de completar juicios falsos para todo el grupo de presos políticos. En un mes de juicios que comenzó el 1 de febrero, al menos 26 personas han sido acusadas y ocho sentenciadas a penas de prisión de hasta 13 años, incluidas las emitidas el 23 de febrero, de tres opositores que intentaron desafiar a Ortega por la presidencia en las más recientes elecciones de noviembre.
Mientras la salud de los presos continúa deteriorándose, sus familias están cada vez más desesperadas. Unos 72 familiares han firmado un documento en el que solicitan la liberación de todos los detenidos políticos como parte de un “proceso de unificación cívica”. Quizás Estados Unidos pudiera flexibilizar algunas de las sanciones que le ha impuesto al régimen a cambio de la libertad de esos presos. Sin embargo, al igual que su patrón en Moscú, el gobierno de Ortega no ha mostrado ninguna voluntad de entablar un diálogo significativo.