Cerramos el primer semestre del 2021, y al parecer el gobierno de Luis Arce Catacora no tiene un plan de gestión, sino uno de persecución y venganzas. Pues desde la detención de Jeanine Añez hasta la de Carlos Schilink (exviceministro de Tesoro y Crédito Público) el aparato represivo es lo único que ha funcionado en el país.
Ya que en siete meses de gestión el Gobierno boliviano vacunó a apenas al 5,93 % de la población con ambas dosis. En cambio, Chile ya lleva el 55,1 % de su población con las dos dosis. Pero los problemas no se reducen a la escasez de vacunas, sino a una total improvisación. Pues se están utilizando segundas dosis como primeras y viceversa (incluso se mencionó la posibilidad de mezclar marcas de vacunas).
Pero la crisis del sector salud boliviano no se reduce a la llegada del COVID-19. Por citar un dato, en el año 2011 la consultora Bloomberg situó a Bolivia en el puesto 95 de 143 países alrededor del mundo. Dato que ubicó al país andino como la peor nación de Sudamérica en sistemas de salud pública.
Por otro lado, los mercados internacionales tumban, y cada vez con mayor velocidad, el mito del milagro económico boliviano. Puesto que el plan de conseguir $3000 millones mediante la emisión de bonos soberanos quedó en el recuerdo. Esos recursos hubieran servido para pagar sueldos del sector público, salud entre ellos, aliviar las presiones sobre las reservas internacionales y darle un poco de oxigeno al sector bancario y financiero. Pero como ese plan fracasó, no queda otra que recurrir al denostado Fondo Monetario Internacional.
Si bien el FMI ha sido muy indulgente con Arce Catacora, ha empezado a cambiar de tono. Probablemente debido a que instituciones como la Unión Europea se han manifestado sobre toda la serie de detenciones ilegales y la persecución política que se observa desde el mes de marzo.
En su último informe habla de la necesidad de reducir la deuda, el gasto y el déficit, y empezar a considerar la idea de incurrir también en una devaluación cambiaria —medida demasiado riesgosa y poco deseable—.
Asimismo, debemos considerar la posibilidad que el FMI, a cambio del financiamiento, le exija al Gobierno de Arce Catacora que firme el acuerdo del Common Reporting Standard (un mecanismo para evitar la evasión fiscal). Lo que implicaría abrir una caja de pandora para todos los gobiernos adheridos al Foro de Sao Paulo.
Adicionalmente, las pesadas cargas regulatorias, los elevados impuestos y la inseguridad social son factores que dificultan la creación de riqueza para el sector privado.
Por ejemplo, el índice Doing Bussines 2020 del Banco Mundial coloca a Bolivia en el puesto 145 de 150 países. Por su parte el Foro Económico Mundial elabora el Índice de Competitividad de Viajes y Turismo. Este índice está formado por 4 subíndices y 90 indicadores individuales (cuya escala va del 1 al 7). Pues bien, según este indicador, Bolivia mantiene la calificación de 3,3. Dejando al país en el puesto 99 de entre 136 naciones evaluadas.
Además, El Paying Taxes 2019 ubica al Estado plurinacional entre los peores países en cuanto a facilidad de pagar impuestos, ocupando el puesto 186 de 189, donde se expone que un contribuyente destina 1.025 horas anuales de servidumbre al fisco para cumplir con sus obligaciones, casi 43 días sólo para ocuparse de los impuestos.
Como vemos, el gobierno de Arce Catacora enfrenta dificultades para conseguir financiamiento de corto plazo, los pequeños emprendimientos son las víctimas de la burocracia estatal, y los mercados internacionales ya no creen en las estadísticas económicas del régimen masista. Si señores, Bolivia está sin gobierno ni salud, pero con mucha represión.
Fuente: PanamPost