En la mañana del domingo 26 de marzo, varias unidades policiales, con la presencia de Eduardo del Castillo (ministro de Gobierno de Bolivia), intervinieron el aeródromo La Cruceña (antes denominado Mundaka), ubicado en el departamento de Santa Cruz. En el operativo se aprehendieron a 38 personas. Además, 66 avionetas fueron secuestradas.
En la noche de ese mismo día, usando su cuenta personal de Facebook, Eduardo del Castillo informó de ese gran golpe al narcotráfico en Bolivia. También aprovechó el momento para acusar de encubridores de cárteles a varios ministros del gobierno de Jeanine Añez.
Semanas después, el 4 de abril, Evo Morales denunció un presunto hecho de protección al narcotráfico, que implica al menos a un coronel que habría instruido retirar a personal de UMOPAR de un operativo contra las drogas. El cocalero mencionó: «Si policías están implicados, estamos mal en la lucha contra el narcotráfico. Es importante poner orden, y eso está en manos del ministro de Gobierno».
Pero las declaraciones de Morales no terminaron ahí. Pues el 10 de abril, en la radio Carrasco FM, dijo, textualmente:
Un excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas, mi comandante en mi gestión hace dos o tres sábados, vino acá a buscarme de emergencia, y me ha dado nombres, me dijo: “Evo están buscando implicarte en narcotráfico para capturarte”. Hay que cuidarse del Ministerio de Gobierno, no estoy diciendo del ministro, por si acaso, porque existe un plan para desprestigiar al Trópico de Cochabamba e involucrar a sus dirigentes con el narcotráfico.
Lo paradójico del hecho radica en que el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, es miembro del Movimiento Al Socialismo (el partido de Morales) y uno de los hombres fuertes del actual gobierno boliviano. Es decir, el cocalero se siente perseguido y hostigado por gente de su propia agrupación política.
Es evidente que Evo está consciente de que sus días como capo del MAS y jefe máximo de la federación de cocaleros están contados, eso lo estresa. Por otro lado, sabe que jugar la carta de la victimización ―especialmente, ante la DEA― es una forma de aglutinar a las bases cocaleras alrededor de su figura para, de esa manera, mantenerse a flote en la política boliviana.
Evo Morales está dispuesto a todo para sacarse de encima al ministro Castillo. No puede permitirse no tener control sobre el presidente Luis Arce Catacora. Por eso, si las denuncias no resultan, es probable que el cocalero use su vieja estrategia: convulsionar Bolivia desde el Chapare.
Lo que estamos viviendo en el país es un clásico episodio de Realpolitik, pero con sabor a coca y color blanco. Fenómeno que es bastante viejo en nuestras tierras.
En su libro, El rey de la cocaína. Mi vida con Roberto Suárez Gómez y el nacimiento del primer narcoestado, Ayda Levy (viuda del rey de la cocaína en Bolivia durante los 80) relata las relaciones «comerciales» de Roberto Suárez con Pablo Escobar y los narcos colombianos, con un exdirigente de la Gestapo vinculado a los regímenes autoritarios establecidos en el Cono Sur a partir de los años setenta, con un banquero suizo asociado al Vaticano y la logia masónica P2, con quien compartía negocios, con la dirigencia de la Cuba castrista, incluyendo al propio Fidel Castro y su hermano Raúl, con el general y dictador panameño Manuel Antonio Noriega, que le sirvió de intermediario para entrar en tratos con la CIA, y con el teniente coronel Oliver North, de un alto cargo en el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
Del trabajo de Levy podemos extraer tres conclusiones: Primero, en Bolivia, por lo menos desde los 70, es la cocaína que define el rumbo del poder. Segundo, los narcoestados están por encima de cualquier discusión ideológica. Y tercero, la delincuencia transnacional organizada usurpó la actividad política. No estamos frente a rivales políticos, sino hampones, bandidos y sicarios.
Fuente: Panampost