Basta leer a dos chavistas para entender la textura de la recién aprobada Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia: “Sus miembros deben ser magistrados cuya afiliación revolucionaria esté garantizada, no nos vamos a meter un autogol”, dijo el presidente de la comisión de Política Interior, Pedro Carreño. Y luego, el exfiscal general Isaías Rodríguez, intentando ironizar: “¿Será que resolvemos el problema mudando el TSJ para la Asamblea Nacional?”.
Se trata de un nuevo yugo a la justicia que lleva el claro objetivo de engañar a la Corte Penal Internacional. ¿Estamos haciendo lo suficiente para desenmascarar esta jugada de la dictadura con la que piensa mostrar como realidad una falsa voluntad de aplicar justicia?
La estrategia dictada desde Miraflores ordena ofrecer esta reforma de ley como la decisión de reinstitucionalizar el máximo tribunal y mejorar el sistema judicial del país bajo el plan de endurecer aún más el control político. Las supuestas buenas intenciones también van dirigidas a ilusionar a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, quien nuevamente reporta pocos avances de acciones de justicia para responsabilizar a las cadenas de mandos de funcionarios del régimen responsables de graves violaciones de los DDHH.
Maduro ha tenido especial cuidado en no tocar, señalar o investigar a ningún funcionario de la cadena de mando en un esfuerzo de demostrar lealtad a quienes ejecutaron órdenes enviadas desde Miraflores. Por eso, solo han sido imputados los autores materiales y en ningún caso han investigado a los máximos responsables de ejecuciones extrajudiciales y violaciones a los derechos humanos. Como parte del teatro, la Fiscalía de Maduro cumple su rol. Por eso recientemente el Ministerio Público envió una circular interna solicitando ciertos actos conclusivos y órdenes de aprehensión -todos bajo la consulta de Tarek William Saab-. Es obvio que se sienten presionados por la CPI.
Sabemos que el régimen tiene recursos y aliados poderosos que se han activado en distintos niveles para sacarlo del atolladero de las Corte Penal Internacional. La estrategia de la dictadura es no dejar ni un cabo suelto por donde se pueda colar un argumento en su contra, y hay muchos.
En tanto la nueva ley del TSJ, el esfuerzo ha estado dirigido para aparentar eficiencia, aunque la decisión de reducir el número de magistrados de 32 a 20 solo procura concentrar el control.
Esta ley reformada pareciera ir en contravía a la que aprobó Chávez al incrementar en el 2004 el número de magistrados bajo el argumento de enfrentar el retardo procesal, cuando la verdad es que luego del juicio contra los militares del 11 de abril 2002 Chávez decidió reducir la capacidad de decisión de los magistrados que no se dejaron presionar por él, así que decidió embochinchar las salas del TSJ agregando nuevos representantes de su confianza.
A partir de allí los jueces fueron nombrados a dedo, las destituciones arbitrarias se hicieron frecuentes sin que los jueces tuvieran derecho a la defensa. Las estadísticas han llegado a ser dramáticas. Desde el 2004 el TSJ no ha convocado un solo concurso de oposición para designar a los jueces, por lo que estos funcionarios son nombrados en condición temporal, accidental o provisional de fácil objeto de presiones externas. En materia penal el escenario es dramático: 80 por ciento de los jueces no son titulares. Todo esto sin mencionar las bandas de mafiosos, entre las que destaca la banda de los enanos que llevó a Mikel Moreno a presidir el máximo tribunal.
Ahora Maduro quiere con menos jueces aumentar a través de esta ley, el dominio del régimen sobre el TSJ. Para garantizar eso, evitaron dar cumplimiento a los parámetros constitucionales de participación de la sociedad civil en la preselección de los magistrados. Tan es así, que al haberse eliminado las postulaciones por iniciativa propia están obligando a todos los candidatos a pasar por el filtro de la Asamblea Nacional, que es más o menos como un debate dentro del PSUV, o peor.
Algo es seguro: en el TSJ quedarán los 20 magistrados que hayan dado mayores pruebas de lealtad, así se les haya vencido su período.
El régimen insistirá en su teatro, montado para limpiar la sangre de su rostro, perfumar el olor de los muertos, maquillar las marcas y apaciguar los gritos por las torturas.
No hay voluntad de hacer justicia, ni la intención de frenar abusos y violaciones de los derechos humanos evidenciados en crímenes de lesa humanidad.
Fuente: Diario las Américas
Maduro ha tenido especial cuidado en no tocar, señalar o investigar a ningún funcionario de la cadena de mando en un esfuerzo de demostrar lealtad a quienes ejecutaron órdenes enviadas desde Miraflores. Por eso, solo han sido imputados los autores materiales y en ningún caso han investigado a los máximos responsables de ejecuciones extrajudiciales y violaciones a los derechos humanos. Como parte del teatro, la Fiscalía de Maduro cumple su rol. Por eso recientemente el Ministerio Público envió una circular interna solicitando ciertos actos conclusivos y órdenes de aprehensión -todos bajo la consulta de Tarek William Saab-. Es obvio que se sienten presionados por la CPI.
Sabemos que el régimen tiene recursos y aliados poderosos que se han activado en distintos niveles para sacarlo del atolladero de las Corte Penal Internacional. La estrategia de la dictadura es no dejar ni un cabo suelto por donde se pueda colar un argumento en su contra, y hay muchos.
En tanto la nueva ley del TSJ, el esfuerzo ha estado dirigido para aparentar eficiencia, aunque la decisión de reducir el número de magistrados de 32 a 20 solo procura concentrar el control.
Esta ley reformada pareciera ir en contravía a la que aprobó Chávez al incrementar en el 2004 el número de magistrados bajo el argumento de enfrentar el retardo procesal, cuando la verdad es que luego del juicio contra los militares del 11 de abril 2002 Chávez decidió reducir la capacidad de decisión de los magistrados que no se dejaron presionar por él, así que decidió embochinchar las salas del TSJ agregando nuevos representantes de su confianza.
A partir de allí los jueces fueron nombrados a dedo, las destituciones arbitrarias se hicieron frecuentes sin que los jueces tuvieran derecho a la defensa. Las estadísticas han llegado a ser dramáticas. Desde el 2004 el TSJ no ha convocado un solo concurso de oposición para designar a los jueces, por lo que estos funcionarios son nombrados en condición temporal, accidental o provisional de fácil objeto de presiones externas. En materia penal el escenario es dramático: 80 por ciento de los jueces no son titulares. Todo esto sin mencionar las bandas de mafiosos, entre las que destaca la banda de los enanos que llevó a Mikel Moreno a presidir el máximo tribunal.
Ahora Maduro quiere con menos jueces aumentar a través de esta ley, el dominio del régimen sobre el TSJ. Para garantizar eso, evitaron dar cumplimiento a los parámetros constitucionales de participación de la sociedad civil en la preselección de los magistrados. Tan es así, que al haberse eliminado las postulaciones por iniciativa propia están obligando a todos los candidatos a pasar por el filtro de la Asamblea Nacional, que es más o menos como un debate dentro del PSUV, o peor.
Algo es seguro: en el TSJ quedarán los 20 magistrados que hayan dado mayores pruebas de lealtad, así se les haya vencido su período.
El régimen insistirá en su teatro, montado para limpiar la sangre de su rostro, perfumar el olor de los muertos, maquillar las marcas y apaciguar los gritos por las torturas.
No hay voluntad de hacer justicia, ni la intención de frenar abusos y violaciones de los derechos humanos evidenciados en crímenes de lesa humanidad.
Fuente: Diario las Américas