En abril de 2018 faltaba poco para que Nicolás Maduro iniciara la usurpación de la Presidencia de la República. Por esos días, Francisco Rodríguez declaraba orgulloso que las ocho encuestadoras más importantes del país daban a Henri Falcón como ganador en las elecciones presidenciales. Se cumplía el guion para tratar de legitimar un proceso inconstitucional. Dos años y medio después, Henri Falcón mantiene sustancialmente su papel. Rodríguez, economista de Wall Street, se ha expandido. Con perfil itinerante y agenda propia, se presentaba en la campaña electoral como asesor de Falcón. Recién había anunciado su retiro de Torino-Capital, una pequeña firma de inversión que no le hacía justicia al calibre de operaciones en las que Rodríguez estaba involucrado. Muy atrás había quedado su aspiración de ser ministro de Finanzas de Chávez. Ocupar un altísimo cargo en Bank of America parecía haberlo llevado a olvidar la política, pero no fue así. Con Maduro encontró una excelente oportunidad. El privilegiado cargo en el banco americano, Rodríguez lo dejó para ser asesor de UNASUR, aunque realmente pasó a trabajar para Maduro. Corría 2016 cuando se comenzó a elaborar una inteligente operación financiera que para ser ejecutada estrechó la relación de la firma Torino con el Fondo Ashmore del Reino Unido, principal tenedor de los bonos de 2017.
Un juicio en la Corte de Nueva York, cuya sentencia se anunció el pasado 16 de octubre, decidió la legalidad de los bonos 2020. Todavía hay posibilidad de apelar. El expediente abunda en citas que refieren reuniones de Rodríguez con inversionistas, políticos, economistas donde se muestra en funciones de armador. Testigos del momento incorporan en las gestiones a Rafael Guzmán, abogado y diputado de Primero Justicia, que se desempeñaba en 2016 como presidente de la subcomisión de Finanzas y Políticas Públicas (dos años después pasó a ser el presidente de esa Comisión), quien habría prometido a varios tenedores de bonos que la oposición nunca objetaría la operación.
Xin Xu, bonista de Ashmore Group, se explayó en detalles respecto a su visita a Venezuela en 2016 de la mano de Francisco Rodríguez. Según la lectura de expertos, Rodríguez promovía la operación frente a CITGO, frente a PDVSA y frente a la AN, con algunos diputados. En realidad, se estaba fraguando la entrega de CITGO a través del canje de los bonos 2020. Un gran asalto a la patria, una operación para salvar y atornillar a Maduro y probablemente fracturar a la oposición.
La circunstancia del miedo de Maduro por el inminente default de PDVSA en septiembre de 2016, fue aprovechada para aplicar una fórmula que significaba mayor endeudamiento de PDVSA y que consistió en canjear bonos con vencimiento en 2017 por 7.300 millones de dólares, emitiendo nuevos bonos con vencimiento en el 2020, garantizados con el 50.1 por ciento de CITGO Holding, Inc. Además, a los tenedores de los bonos se les ofreció un canje adicional.
La Asamblea Nacional trató de evitar la operación, objetando el endeudamiento irresponsable de PDVSA, cuestionando la politización de la empresa y rechazando el colateral sobre las acciones de CITGO. Se inició una investigación al presumir que se lesionaba el patrimonio público, pero en el modelo del accionar del régimen en los últimos años, PDVSA ignoró el pronunciamiento de la AN y continuó con el canje. Maduro sumó al caso una sentencia de la sala constitucional del TSJ que impidió a la AN ejercer control sobre la empresa petrolera venezolana.
PDVSA venía arrastrando desde Chávez un endeudamiento irresponsable. La utilizaba como la caja chica del gobierno y para el financiamiento de sus planes de expansión del modelo socialista.
Apenas Juan Guaidó asumió el gobierno interino, honró el acuerdo del Parlamento de 2016 y planteó que cualquier solución sobre los bonos 2020 tenía que partir de cuestionar su constitucionalidad porque el colateral sobre CITGO nunca fue autorizado por la Asamblea Nacional.
Pero los negociantes aprovechadores de una cleptocracia habían avanzado mucho.
Visto el caso así, es providencial que CITGO aún se mantenga segura hasta el primer trimestre de 2021 gracias a la protección de la OFAC y a la estrategia del gobierno interino de diferir la pérdida de la empresa por al menos dos años. El riesgo actual de perder CITGO es responsabilidad de Maduro.
Otros más lo han acompañado en ese accionar criminal. Esta operación escandalosa fue tan ventajosa para los intereses de los bonistas como desventajosa para los intereses de la nación. La repartición de culpas apunta también al sistema financiero internacional. Le entregaron a Maduro 3.500 millones de dólares en octubre de 2016, auxiliando a un régimen que se tambaleaba financieramente. Parte de ese dinero fue utilizado para reprimir, para violar los derechos humanos, como hizo a partir de marzo de 2017.
Sí, esos bonos 2020 están manchados de sangre.
Fuente: Diario las Américas
La circunstancia del miedo de Maduro por el inminente default de PDVSA en septiembre de 2016, fue aprovechada para aplicar una fórmula que significaba mayor endeudamiento de PDVSA y que consistió en canjear bonos con vencimiento en 2017 por 7.300 millones de dólares, emitiendo nuevos bonos con vencimiento en el 2020, garantizados con el 50.1 por ciento de CITGO Holding, Inc. Además, a los tenedores de los bonos se les ofreció un canje adicional.
La Asamblea Nacional trató de evitar la operación, objetando el endeudamiento irresponsable de PDVSA, cuestionando la politización de la empresa y rechazando el colateral sobre las acciones de CITGO. Se inició una investigación al presumir que se lesionaba el patrimonio público, pero en el modelo del accionar del régimen en los últimos años, PDVSA ignoró el pronunciamiento de la AN y continuó con el canje. Maduro sumó al caso una sentencia de la sala constitucional del TSJ que impidió a la AN ejercer control sobre la empresa petrolera venezolana.
PDVSA venía arrastrando desde Chávez un endeudamiento irresponsable. La utilizaba como la caja chica del gobierno y para el financiamiento de sus planes de expansión del modelo socialista.
Apenas Juan Guaidó asumió el gobierno interino, honró el acuerdo del Parlamento de 2016 y planteó que cualquier solución sobre los bonos 2020 tenía que partir de cuestionar su constitucionalidad porque el colateral sobre CITGO nunca fue autorizado por la Asamblea Nacional.
Pero los negociantes aprovechadores de una cleptocracia habían avanzado mucho.
Visto el caso así, es providencial que CITGO aún se mantenga segura hasta el primer trimestre de 2021 gracias a la protección de la OFAC y a la estrategia del gobierno interino de diferir la pérdida de la empresa por al menos dos años. El riesgo actual de perder CITGO es responsabilidad de Maduro.
Otros más lo han acompañado en ese accionar criminal. Esta operación escandalosa fue tan ventajosa para los intereses de los bonistas como desventajosa para los intereses de la nación. La repartición de culpas apunta también al sistema financiero internacional. Le entregaron a Maduro 3.500 millones de dólares en octubre de 2016, auxiliando a un régimen que se tambaleaba financieramente. Parte de ese dinero fue utilizado para reprimir, para violar los derechos humanos, como hizo a partir de marzo de 2017.
Sí, esos bonos 2020 están manchados de sangre.
Fuente: Diario las Américas