Del más reciente informe de la Misión de la Determinación de los Hechos de la Naciones Unidas un término me saltó con una alarma: “sippenhaft”, la táctica criminal de castigo colectivo utilizada por los nazis. Esta tortura, derivada del derecho germánico de la Edad Media, implicaba cárcel y hasta ejecución a los familiares o miembros de un clan a los que adjudicaban responsabilidad por el crimen presuntamente cometido por uno de sus miembros. Después, fue reactivado como un concepto jurídico del Tercer Reich luego del atentado a Hitler en julio de 1944. Nada costó a otros regímenes totalitarios como el de Stalin en la Unión Soviética o la Revolución Cultural China, asimilarlo a su sistema que sin darle carácter legal condenaba a muerte a los parientes “de un enemigo del pueblo”.
Volvamos al presente de Venezuela y a los castigos infligidos a presos políticos y con especial crueldad a los militares que según el régimen han tenido alguna relación con acciones conspirativas contra Maduro. Es decir, igual que hacían los nazis.
El informe de la Misión presentado el 25 de septiembre pasado cita el testimonio ante un juez de control de uno de los detenidos por el caso Gedeón. “La víctima declaró que entre la fecha de su detención el 20 de abril 2020 y la fecha de su audiencia de presentación el 8 de mayo de 2020, agentes de la DGCIM supuestamente lo interrogaron bajo tortura incluso asfixiándolo con una bolsa, resultando necesario trasladarlo al hospital militar. Tras negarse a hacer las declaraciones que le plantearon durante la sesión de interrogatorio, funcionarios de la DGCIM le dijeron que aplicarían el ´sippenhaft´ que consistía en encarcelar a sus familiares como forma de presión. Dijo al tribunal que algunos funcionarios de la DGCIM fueron posteriormente a su casa y arrestaron a sus dos hermanas y su cuñado quienes fueron retenidos en la DGCIM de Boleíta durante 32 días”.
Como todas las evidencias surgidas sobre violaciones de los derechos humanos por parte de la dictadura de Maduro las revelaciones que trascienden en el informe son tan repugnantes como dolorosas donde la maldad sobrepasa incluso los códigos de las mafias y se adhiere al registro de la ignominia que ha de amalgamar el peor castigo posible de la justicia.
El régimen no solo ha abultado en su dossier crímenes contra líderes o militantes de la oposición. En su colección construida por su avaricia y el miedo a perder el poder, la dictadura ha encarcelado a ciudadanos cuya actividad ni siquiera cabe bajo la definición de activismo político.
Respecto al “sippenhaft” los casos son más de los que han trascendido, ejecutados mientras la élite del régimen ha enviado a sus familiares fuera del país hacia lugares exóticos e incluso reinos del capitalismo, para protegerlos del reclamo de justicia del pueblo. Nadie puede olvidar el teatro que montó Jorge Rodríguez porque dos de su descendencia fueron increpados por venezolanos en el extranjero en calles de ciudades diferentes. Y aunque en lo personal soy enemiga del escrache y más si de trata de personas distintas a los responsables de los delitos, nada se puede comparar con la tortura de los jefes del régimen sobre gente desvalida. Porque hasta en la cama de un hospital una mujer fue agredida mientras recibía tratamiento para el cáncer que sufría. Me refiero a la mamá de Juan Guaidó.
La misión de la Determinación de los Hechos también refiere el caso de Carlos Marrón a quien agentes de la DGCIM le secuestraron su padre para obligarlo a regresar a Venezuela; al coronel Oswaldo García Palomo a quien le secuestraron familiares en dos ocasiones para que saliera de la clandestinidad; al hijo de Omar Lares, alcalde de Ejido, estado Mérida, que lo sacaron de su casa mientras dormía, lo golpearon y rociaron con gasolina bajo la amenaza de prenderle fuego, y lo mantuvieron diez meses preso sin causa, sin proceso, sin un solo sustento jurídico.
En cuanto al presidente interino Juan Guaidó, los castigos a través de su entorno no han cesado desde que se juramentó en enero de 2019. Además de su mamá que tuvo que salir del país, otros familiares -entre ellos su esposa, estando embarazada junto a su pequeña hija- así como amigos o miembros de su equipo de trabajo, han sido agredidos, amenazados y/o encarcelados.
Me comentaba un investigador de violaciones a los DDHH, tal vez con una mirada optimista, que hay que darle valor especial al esfuerzo de la misión de la ONU para visibilizar y enfocar al régimen aplicando la técnica criminal “sippenhaft”. Documentar elementos comunes entre la dictadura venezolana con el nazismo retrata la impiedad y el talante sanguinario de Maduro. Y esa etiqueta trasciende hacia la comunidad internacional.
Fuente: Diario las Américas
Como todas las evidencias surgidas sobre violaciones de los derechos humanos por parte de la dictadura de Maduro las revelaciones que trascienden en el informe son tan repugnantes como dolorosas donde la maldad sobrepasa incluso los códigos de las mafias y se adhiere al registro de la ignominia que ha de amalgamar el peor castigo posible de la justicia.
El régimen no solo ha abultado en su dossier crímenes contra líderes o militantes de la oposición. En su colección construida por su avaricia y el miedo a perder el poder, la dictadura ha encarcelado a ciudadanos cuya actividad ni siquiera cabe bajo la definición de activismo político.
Respecto al “sippenhaft” los casos son más de los que han trascendido, ejecutados mientras la élite del régimen ha enviado a sus familiares fuera del país hacia lugares exóticos e incluso reinos del capitalismo, para protegerlos del reclamo de justicia del pueblo. Nadie puede olvidar el teatro que montó Jorge Rodríguez porque dos de su descendencia fueron increpados por venezolanos en el extranjero en calles de ciudades diferentes. Y aunque en lo personal soy enemiga del escrache y más si de trata de personas distintas a los responsables de los delitos, nada se puede comparar con la tortura de los jefes del régimen sobre gente desvalida. Porque hasta en la cama de un hospital una mujer fue agredida mientras recibía tratamiento para el cáncer que sufría. Me refiero a la mamá de Juan Guaidó.
La misión de la Determinación de los Hechos también refiere el caso de Carlos Marrón a quien agentes de la DGCIM le secuestraron su padre para obligarlo a regresar a Venezuela; al coronel Oswaldo García Palomo a quien le secuestraron familiares en dos ocasiones para que saliera de la clandestinidad; al hijo de Omar Lares, alcalde de Ejido, estado Mérida, que lo sacaron de su casa mientras dormía, lo golpearon y rociaron con gasolina bajo la amenaza de prenderle fuego, y lo mantuvieron diez meses preso sin causa, sin proceso, sin un solo sustento jurídico.
En cuanto al presidente interino Juan Guaidó, los castigos a través de su entorno no han cesado desde que se juramentó en enero de 2019. Además de su mamá que tuvo que salir del país, otros familiares -entre ellos su esposa, estando embarazada junto a su pequeña hija- así como amigos o miembros de su equipo de trabajo, han sido agredidos, amenazados y/o encarcelados.
Me comentaba un investigador de violaciones a los DDHH, tal vez con una mirada optimista, que hay que darle valor especial al esfuerzo de la misión de la ONU para visibilizar y enfocar al régimen aplicando la técnica criminal “sippenhaft”. Documentar elementos comunes entre la dictadura venezolana con el nazismo retrata la impiedad y el talante sanguinario de Maduro. Y esa etiqueta trasciende hacia la comunidad internacional.
Fuente: Diario las Américas