La mayor amenaza a la democracia en América Latina no es la de los golpes militares sino la de gobiernos que ganan elecciones, una vez en el poder, tienden a destruir o fragmentar el Estado de derecho. Ese peligro es mayor cuando estos gobiernos se unen para establecer redes ideológicas de promoción y protección de proyectos autoritarios.
Un ejemplo de la acción de estás fuerzas, globales y regionales, se puede apreciar en un reciente comunicado del grupo de expresidentes, excancilleres y autodenominadas “personalidades latinoamericanas“, integrantes de la red regional “Grupo de Puebla“, donde pretenden convertir una mentira en verdad a fuerza de repetir un relato falso en forma coordinada, consistente y sistemática, en diversos foros y medios internacionales.
Este proyecto populista regional, profundamente anti-democrático tiene una larga historia de más de sesenta años. Cuba es el primer país donde el poder y la cultura fueron apropiados por un partido que, a su vez, controla el Estado y proyecta la extensión regional de su influencia política a través de la fascinación cultural, donde se insertan los mitos de la lucha revolucionaria y del hombre nuevo, que atrajeron a los intelectuales latinoamericanos por tantos años.
Esa penetración cultural totalitaria, disfrazada de la promesa de construir un paraíso para los pobres, se denomina hoy “Progresista“ y es un movimiento regional que ha logrado tomar el poder en varios países. Su objetivo final es llegar al gobierno por medios democráticos para luego ocupar el control del Estado por medios poco democráticos.
Con ese fin, todos los métodos son válidos. Aquellos líderes que cometieron los más grandes actos de corrupción en sus países, como sucedió en Argentina y Brasil, Ecuador, Venezuela, son los que hoy condenan a los gobiernos democráticos liberales de la región.
El “Grupo de Puebla“ cuenta también con el apoyo de potencias extra-regionales, así como de los servicios remunerados de periodistas, académicos e intelectuales sometidos al poder. Esto no debería sorprendernos, siempre hubo una extraña relación entre gran parte de los intelectuales de izquierda y los poderes establecidos.
Estos días, la gran mentira a la que dedica sus esfuerzos falsarios el grupo, es que en Bolivia no hubo fraude electoral sino golpe de Estado y que el secretario General de la OEA, Luis Almagro, fue uno de los conspiradores en esa trama contra Evo Morales. Ese relato cumple con un doble objetivo, por un lado debilitar a la OEA y, por otro, legitimar el retorno de Evo Morales al poder sin elecciones de por medio.
Lo preocupante es que detrás de esa narrativa falsa se esconden los objetivos regionales de un proyecto político autoritario de la izquierda en Latinoamérica. Esa nueva variedad de democracias iliberales está compuesta por gobiernos que llegan al poder elegidos democráticamente y luego desmontan los engranajes de la institucionalidad democrática.
Esos gobiernos actúan en estrecha coordinación y cooperación y han adoptado métodos similares a los del “Plan Condor“, de los militares en los años 80s. Los operadores de esta red son los gobiernos de Cuba, Venezuela , Nicaragua, Bolivia, México, Argentina junto al activismo de los expresidentes opositores en Brasil , Colombia, España y Ecuador. Muchos de estos países son dictaduras con fachadas de democracia. Ese grupo también busca que sus aliados recuperen el poder en Ecuador y eventualmente en Colombia.
La idea de someterse a elecciones democráticas, como estrategia para tomar el control absoluto del poder, se aplicó en la Italia de Mussolini y en la Alemania de Hitler, en la primera mitad del S. XX. Por esa razón, los pensadores de la democracia, incluidos los redactores de la Constitución de los Estados Unidos, alertaron sobre ese peligro y crearon principios constitucionales para evitar el abuso de poder de los que recibieron el voto de los ciudadanos y evitar que la democracia sea cautiva de grupos de interés o de una turba que considera que ganar una elección da el derecho de avasallar los derechos de las minorías. De ahí que una democracia requiera una legitimidad de origen, las elecciones, pero también una legitimidad en el ejercicio de la democracia, que sólo existe allá donde hay Estado de derecho, independencia de poderes, libertad de expresión, debido proceso y otros elementos esenciales de la democracia.
Hoy constatamos que la democracia es un sistema frágil en la región y que su futuro nunca está asegurado. Esa fragilidad es inherente a la dificultad de poner límites a la ambición y a la acumulación de poder de los gobernantes en muchos países latinoamericanos y es una realidad que un sistema constitucional con controles y equilibrios no satisface los impulsos autoritarios de quienes llegan al poder con elecciones pero con la intención de convertirse en un proyecto de poder hegemónico, como es el caso de los países del socialismo del S. XXI.
Estamos en un periodo donde los sistemas de valores en la región han colapsado. Es difícil entender que la humanidad haya vivido los horrores de los grandes sistemas totalitarios y aun no hayamos aprendido que la concepción subjetiva de ofrecer la felicidad del pueblo, implica el sacrificio del individuo y desemboca fatalmente en el totalitarismo.
Fuente: PanamPost