En medio de la incertidumbre acerca de si se concretará o no la extradición de Álex Saab —acusado de ser testaferro de Nicolás Maduro— a los Estados Unidos donde se lo señala de lavado de dinero y las denuncias de la defensa del empresario colombiano sobre la supuesta ilegalidad del caso, el gobierno de Cabo Verde aseguró que cumplió “con un mandato legal” cuando lo arrestó el pasado 12 de junio. Así lo manifestó el ministro de Relaciones Exteriores de la nación africana, Luis Filipe Tavares, quien subrayó que este proceso de ninguna manera puede considerarse un caso político.
“Absolutamente no estamos tomando partido. Como miembro de Interpol, el PJ cumplió un mandato legalmente y entregó a Saab al tribunal que ordenó que se llevara a cabo el arresto”, aseguró el vocero gubernamental.
Desde Washington la presión aumenta para llevar a Saab hasta el banquillo de los acusados y allí responda por los ocho cargos de soborno y lavado de dinero de que se le señala al canalizar más de USD 350 millones a cuentas en el extranjero, entre ellas varias en el territorio estadounidense.
El propio Álex Saab se declaró víctima de una persecución y objetivo prioritario de los Estados Unidos en una carta abierta que le escribió al primer ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva. “Hace tiempo que me convertí en un objetivo prioritario de EE.UU. y sé que, según sus modelos extraterritoriales, estaban dispuestos a llegar lo más lejos posible para evitar que cumpliera con mis obligaciones con el pueblo venezolano”, le refirió al mandatario al tiempo que lo conminó a darle la espalda a Washington: “Como enviado especial de mi país [tiene nacionalidad venezolana], puedo ayudar a Cabo Verde más que EE. UU. lo ha hecho en 100 años”.
La respuesta fue: “Si el señor Saab tiene cartas que enviar, las puede enviar al buzón del primer ministro”.
El hervidero por el caso del empresario colombiano Álex Saab, avivó la llama cuando el Nuevo Herald en una nota publicada el pasado 19 de agosto, afirmara que el gobierno de Cabo Verde habría enviado dos emisarios a Caracas para tratar el caso con el mandatario venezolano.
El gobierno y la justicia del país africano aprobaron la extradición de Saab a EE. UU. y en la actualidad la defensa del empresario batalla para impedirlo.
Según el periódico de la Florida, Carlos Jorge Oliveira Gomes Dos Anjos y Fernando Gil Alves Évora, un ex alto funcionario del gobierno y un empresario, respectivamente, habrían arribado de manera secreta a Venezuela y supuestamente se alojaron en el palacio presidencial de Miraflores para reunirse con Maduro, quien lleva a cabo todas las diligencias posibles para evitar que Saab sea entregado a la justicia estadounidense.
Según fuentes de El Nuevo Herald en las conversaciones relativas al forcejeo que mantienen Caracas y Washington por la extradición de Saab habrían participado los dos emisarios y Maduro, así como otros dirigentes chavistas vía videoconferencia, tales como el ministro de Petróleo, Tareck El Aissami y el ministro de Información, Jorge Rodríguez.
Oliveira Gomes Dos Anjos y Alves Évora partieron de Venezuela al día siguiente de su llegada en horas de la tarde rumbo a Lisboa con escala en San Vicente y Las Granadinas. La nota refiere que los supuestos emisarios “llegaron a San Vicente con un mayor número de piezas de equipaje de las que tenían al partir rumbo a Venezuela, confirmaron las fuentes”.
Información falsa
A esta información le salió al paso el Ministerio de Asuntos Exteriores caboverdiano: “El Gobierno de Cabo Verde no ha enviado a nadie con ninguna misión a la República Bolivariana de Venezuela”.
Al catalogar la información del periódico estadounidense de falsa, aseguró que “La República de Cabo Verde es un Estado de derecho democrático, donde los tribunales son independientes y las garantías de defensa se aplican a todas las personas, por lo que existe confianza en el sistema judicial, que decidirá sobre el caso de extradición del señor Alex Nain Saab Morán en curso (…) Cualquier acción, contacto o gestiones fuera del marco institucional y la representación oficial son responsabilidad exclusiva de sus autores y no vincula al Estado de Cabo Verde”.
Sostuvieron que a Álex Saab se le “ha garantizado la más amplia oportunidad de defensa”, así como su “protección consular” y la “autorización de visados de entrada a abogados extranjeros”, frase esta última que responde al bufete de Garzón, que dijo haber sido objeto de dos deportaciones irregulares cuando uno de sus integrantes trató sin éxito de entrar en el país.
Se confirma el viaje, se niega el objetivo
A pesar de la negativa del gobierno caboverdiano de haber enviado emisarios a Venezuela, el propio Fernando Gil Évora, presidente del consejo administrativo de la Compañía Nacional de Farmacéuticos (EMPROFAC) de Cabo Verde, admitió a través de un comunicado que viajó a Caracas en fecha reciente, pero negó haberse reunido con funcionarios del gobierno venezolano.
Gil Évora dijo que fue invitado por los abogados de Álex Saab para tratar asuntos comerciales. “No hicimos ninguna misión a instancias de ningún gobierno, ni fuimos emisarios de nadie. Tampoco estábamos en ningún palacio presidencial, por lo que no contactamos a ningún presidente, y mucho menos a entidades gubernamentales de otro país. En este sentido, es totalmente falso hablar de reuniones políticas, etcétera, y queremos refutarlos en su totalidad».
El presidente de EMPROFAC, una empresa pública, fue despedido “con efecto inmediato” por el gobierno de Cabo Verde «como consecuencia del incumplimiento de deberes inherentes al administrador público y desvío de la finalidad de las funciones», se lee en un comunicado.
Asimismo, mediante un comunicado, la Fiscalía General de Cabo Verde informó la apertura de “una investigación contra el funcionario de la administración de la isla que aceptó reunirse con representantes legales del testaferro de Nicolás Maduro quien está detenido y espera la orden de extradición”, refiere un comunicado del gobierno caboverdiano.
La fiscalía informó que en razón de la noticia sobre el “desplazamiento de dos ciudadanos caboverdianos a la República Bolivariana de Venezuela, supuestamente con la misión de entrar en contacto con el Presidente de ese país como emisarios del Gobierno y del comunicado del Gobierno de Cabo Verde, alegando que no había enviado a nadie ni misión alguna a ese país, el Ministerio Público determinó, el 20 de agosto de 2020, que se abrieran investigaciones penales”.
Se explica que los hechos referidos supondría la comisión de un delito de usurpación de la autoridad caboverdiana. Apuntó el comunicado que la investigación se llevará a cabo en secreto.
Garzón insiste en ilegalidad del caso
Entretanto estos acontecimientos, la defensa de Álex Saab, a través de su abogado Baltasar Garzón, insiste en la ilegalidad del caso y advierte que nunca debió haber existido.
Sostiene que a Saab el gobierno de los Estados Unidos pretende utilizarlo para llegar a través de él al presidente venezolano, Nicolás Maduro, es decir, considera que su cliente es usado como un medio para alcanzar el fin que se ha propuesto. Garzón estima que la raíz del caso es el enfrentamiento político que existe entre EE. UU. y Venezuela.
Manifestó que la defensa mantiene varios recursos en trámite que permitirán enfrentar el caso desde todas las vertientes jurídicas y de derechos humanos, al tiempo que acusó a las autoridades de Cabo Verde de crear trabas permanentemente.
Especificó que en la actualidad «Estamos a la espera de la decisión de la Corte Suprema de Justicia, que aceptó el recurso, sin perjuicio de una serie de procesos en curso, con solicitudes simultáneas que afectan la libertad personal del señor Saab y su salud».
Respecto a la acusación de lavado de dinero que Estados Unidos le imputa a Saab, Garzón sostiene que es infundada pues «No corresponde a la realidad, el título jurisdiccional que utilizaron no es válido y los hechos de los que lo acusan fueron objeto de investigaciones abiertas en Ecuador y también en Venezuela»
Fuente: MaiborPetit