La última entrega de la novela en que se ha convertido el caso de Álex Saab —señalado de ser testaferro de Nicolás Maduro y solicitado por Estados Unidos bajo acusación de la comisión de delitos de lavado de dinero— muestra que el Departamento de Justicia pidió una prórroga de 30 días al Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito de Estados Unidos, para rebatir los argumentos del empresario colombiano. Una solicitud que, a ojos de los abogados de la defensa, sólo representa un riesgo de que su cliente pueda ser extraditado de Cabo Verde a Miami, donde lo espera el banquillo de los acusados del Tribunal del Distrito Sur de la Florida.
El informe por el que los fiscales piden plazo para presentarlo, debe responder a la impugnación que los abogados de Saab hicieron a la acusación que se formuló ante la corte de Miami. Además, rebatieron la jurisdicción de los Estados Unidos en el caso, sustentándose en supuesta inmunidad derivada que, aseguran, supuestamente ostenta su representado por su papel de embajador de la administración de Nicolás Maduro.
En tal sentido, los representantes legales del Saab pidieron al citado tribunal de apelaciones, negar el pedido de la fiscalía de prorrogar del 7 de septiembre al 7 de octubre el plazo para que el gobierno exponga su posición ante lo argumentado por el acusado
[1].
Los fiscales del caso, al momento de formular su pedido, le recordaron a la corte que sobre el “acusado-apelante” recaen siete cargos de lavado de dinero, además de uno por conspiración para cometer ese delito. La acusación formal señala a Saab y a su socio Álvaro Pulido Vargas, de lavar las ganancias de las violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), mediante un esquema de pago de sobornos que se aprovechaba del tipo de cambio controlado por el gobierno de Venezuela. La fiscalía en su acusación, igualmente pidió la confiscación de más de USD 350 millones que es el monto de los de fondos involucrados en delito[2].
Los abogados de Saab creen que “una demora de 30 días en este caso aumenta en gran medida el riesgo de que el Sr. Saab sea extraditado y sujeto a la custodia de los Estados Unidos, a expensas de su inmunidad diplomática”, pues a su modo de ver el asunto, la prórroga sería equivalente “a otros 30 días más de detención ilegal (…) ya sea en Cabo Verde o en Estados Unidos”.
Para el DOJ el plazo solicitado es necesario en razón de que nuevos fiscales asumieron el caso, siendo que quienes formularon el pedido “no eran parte del equipo del gobierno durante el proceso ante la corte de distrito y estaban poco familiarizados con este caso antes de ser asignados al caso de la apelación”. Por ello, alegaron, “requieren de tiempo adicional para revisar los historiales, examinar los argumentos de hechos y legales presentados por Saab y desarrollar los argumentos para responder a los alegatos de Saab”.
De igual forma, este tiempo adicional permitirá a las autoridades del Departamento de Justicia analizar la estrategia de los nuevos titulares del gobierno en el caso
De pronunciarse los magistrados del Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito de Estados Unidos en favor de la extradición, el destino de Álex Saab se definiría en la Corte de la Florida.
En caso contrario, si los magistrados dictan veredicto en favor del empresario colombiano, el caso pasaría a otra corte que se encargaría de definir el proceso iniciado por Estados Unidos que exige el traslado de Saab a territorio estadunidense para juzgarlo por los delitos líneas arriba señalados.
Los defensores de Saab siguen sosteniendo que el arresto de su representado fue ilegal y alegan que tiene inmunidad diplomática. El 1º de abril pidieron “anular la orden que le confiere el estado de fugitivo” de la justicia de los Estados Unidos[3].
Se presenta como víctima
Álex Saab se presenta como una víctima del gobierno estadounidense y sus abogados y el pasado 19 de agosto denunció a tres jueces y fiscal general de Cabo Verde, José Landim, de violar sus derechos en múltiples ocasiones. Una acusación que se suma a una anterior formulada también contra Landim y tres inspectores de la policía judicial que participaron en su detención.
Los abogados de Saab sostienen que estos funcionarios cometieron numerosos errores procesales, entre ellos haberse excedido del tiempo de detención provisional en la cárcel alrededor de cien días.
Sobre el fiscal acusan tortura, perjurio y ocultación de pruebas sin que estos hechos se hayan investigado a pesar de haberlos denunciado desde hace un buen tiempo.
Luego de que el Tribunal de Apelación de Barlavento se pronunció en favor de la extradición de Saab, la defensa del empresario colombiano formuló ante Tribunal Supremo de Cabo Verde un recurso que, pese a los propósitos de los abogados, terminó ratificando la sentencia en contra del supuesto testaferro de Nicolás Maduro emitida el 17 de marzo. También presentaron en julio un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, el cual dio revisión el 13 de agosto al asunto para evaluar el recurso y la solicitud que defiende la inconstitucionalidad de la detención de Saab. El veredicto se espera para los próximos días
[4].
La carta de Saab
En la misma tónica de víctima, Álex Saab escribió una carta el 12 de agosto, la cual se conoció posteriormente y en la cual acusa a los Estados Unidos de violar el derecho internacional cuando ordenaron su arresto.
En la misiva, primeramente, denuncia no habérsele permitido estar presente en la audiencia ante el Tribunal Constitucional, al tiempo que reiteró su acusación de mantenerse bajo secuestro desde hace 417 días (con relación a la fecha de la carta).
Refirió nuevamente su condición de Enviado Especial al servicio del estado venezolano desde abril de 2018, cumpliendo un papel “en misiones humanitarias especiales pacíficas, bajo las instrucciones del presidente Nicolás Maduro para atender necesidades básicas del país, como alimentos y medicinas, entre otros”.
Se dedica a halagar a Nicolás Maduro y sus colaboradores quienes se esfuerzan para enfrentar “los esfuerzos de Estados Unidos por imponer su voluntad política e imponernos extraterritorialmente sus leyes, Venezuela ha podido contar con muchos años de confianza y amistad con la Federación de Rusia, la República Popular de China, la República Islámica del Irán, la República de Cuba y la República de Turquía, entre muchos, muchos otros aliados, para asegurar que no solo hayamos sobrevivido a las sanciones ilegales, sino que estamos viendo el inicio de la recuperación económica”.
En tal sentido, hizo mención del pronunciamiento de Rusia en que advirtió a Estados Unidos y a Cabo Verde que el derecho internacional lo protege.
En la carta arremete contra Estados Unidos y los medios de comunicación, al tiempo que asegura que Venezuela, pese a las sanciones, “comienza a ver los frutos de las políticas económicas del presidente Nicolás Maduro y su equipo; y es importante recordar esto, mientras nos preparamos para las elecciones del 21 de noviembre. Nuestra fuerza es nuestra unidad. Nuestra unidad mostrará al mundo la transparencia de nuestro gobierno. Por eso debemos barrer estas elecciones”.
Acusa que algunas naciones sin recursos “se ven obligadas a doblar las rodillas y tender la mano como mendigos”, a diferencia de Venezuela, a la cual define como “una nación bendecida con todos los recursos naturales en abundancia”.
Finalizó su carta advirtiendo que “No importa lo fuerte que griten los pseudoperiodistas, no importa las presiones de otros estados, nunca le daré la espalda al pueblo de Venezuela ni a nuestro presidente Nicolás Maduro”[5].
La defensa rusa e iraní
Vale la pena mencionar la incursión en el asunto que últimamente ha asumido Rusia, nación que un día antes de que el Tribunal Constitucional de Cabo Verde emitiera un fallo sobre la legalidad de la extradición de Álex Saab, emitió una nota desde la cancillería calificando la detención del empresario de ilegal.
Para su pronunciamiento, se sustentó en la supuesta inmunidad de que estaría investido el empresario señalado testaferro de Maduro.
Al respecto, el gobierno ruso dijo que “Esta práctica de secuestrar a ciudadanos de otros países, incluida la Federación de Rusia, en terceros países por cargos fabricados por las fuerzas del orden de Estados Unidos, se ha convertido en la infame ‘tarjeta de presentación’ de los Estados Unidos. Ahora Washington parece haber decidido pasar a un nuevo nivel, sentando un precedente dañino para la extradición de una persona autorizada con estatus diplomático».
Igualmente, Irán ha calificado a Saab como prisionero de guerra, al sostener que este, “con pasaporte diplomático y como enviado del gobierno venezolano para proporcionar artículos médicos y alimenticios al pueblo de Venezuela, tenía la misión de evitar que el gobierno de Estados Unidos hiciera cumplir sus leyes nacionales y extraterritoriales solo con fines políticos”.
Ambas posiciones buscan ratificar la estrategia de la defensa que apunta a desacreditar la acusación de los Estados Unidos y catalogar el caso como una persecución política.
Otras voces apuntan a que, en realidad, Rusia e Irán sólo están interesadas en evitar que con al traslado a EE. UU. de Saab se conozcan detalles de los negocios irregulares que el régimen de Maduro mantiene con estos gobiernos.
