La demanda interpuesta por los abogados de CITGO y PDV USA contra el excongresista del estado de la Florida, David Rivera, por incumplimiento de un contrato a través de su firma, Interamerican Consulting INC, sigue dando de qué hablar. A partir del conocimiento del caso civil, han surgido una serie de actores que han ampliado el radio de acción de la investigación federal que incluye a varios personajes del régimen de Nicolás Maduro. En esta historia les contamos algunos detalles de este escándalo.
Cuando se conoció la demanda en mayo de 2020, se constató que la directiva de CITGO, encabezada por Luisa Palacios y Carlos Jordá, asistidos por el abogado Michael Gottlieb, [quien ha representado a chavistas y opositores], presentaron la querella civil que busca rescatar los $15 millones de dólares que CITGO pagó a David Rivera en 2017, por sus servicios de cabildeo a favor de PDVSA, controlada en ese tiempo por Nicolás Maduro.
Según fuentes internas de CITGO, la demanda, más que tener la intención de recuperar los $15 millones [el costo de litigar en corte supera el monto del premio que se busca obtener] «es un mecanismo usado por la refinadora petrolera del estado venezolano, controlada por el gobierno interno de Juan Guaidó, [reconocido por el gobierno de Estados Unidos y más de 50 países], para cubrirse las espaldas, debido a que la investigación que se sigue el Departamento de Justicia norteamericano contra CITGO, que posiblemente concluya con severas penalidades a la empresa por no haber cumplido las leyes federales contra la corrupción y el lavado de dinero».
«La demanda sería una cortina de humo, para demostrar ante la justicia estadounidense que aunque tarde, actuaron contra los presuntos criminales que expoliaron dinero de CITGO y de PDVSA en los Estados Unidos», sostuvo la fuente consultada en calidad de anonimato.
En febrero de 2019, la junta directiva de Luisa Palacios tuvo conocimiento de primera mano de todos los casos de corrupción que se cometieron en CITGO durante las administraciones chavistas, incluyendo la del fallecido, Nelson Martínez y la de Asdrúbal Chávez.
«Se les informó sobre los ejecutivos que cometieron delito y las empresas que obtuvieron los contratos fraudulentos a lo largo de todos los años. Las auditorías internas y los reportes de empleados que denunciaron los hechos de corrupción y los intentos de sobornos que los contratistas ofrecieron para lograr expoliar el dinero de CITGO y PDVSA», dijo la fuente pero asegura «que no se tomaron acciones hasta finales de mayo de 2020».
Cuando se interpuso la demanda en la corte del Distrito Sur de Nueva York, el presidente interino, Juan Guaidó dijo que la demanda es posterior a una auditoría hecha por su equipo directivo de CITGO.
En un tweet del Centro de Comunicaciones del gobierno interino, con fecha 15 de mayo de 2020, se activierte que la demanda contra Rivera surgió luego de una auditoría realizada por CITGO, tras haber sido recuperada para los venezolanos por el Gobierno legítimo.
Se señala que: «tras la investigación realizada, tenemos los suficientes elementos para afirmar que, pese a no haber realizado ninguna labor justificable, la PDVSA de 2017 controlada por Maduro canceló al Sr. Rivera $15 millones de dólares, de un contrato de 50 millones de dólares».
Documentos en nuestro poder muestran que la auditoría a la que se hace referencia, no fue hecha en 2019, sino que se realizó en mayo de 2017 por el departamento Interno de CITGO. Tal como apuntamos, Luisa Palacios y su equipo, tenían esa información desde febrero de 2019, y no fue sino hasta mayo de 2020 que decidieron interponer una acción contra David Rivera y contra otro contratista corrupto que ya está en custodia de las autoridades estadounidenses, José Manuel González Testino.
«La conveniencia de interponer la querella civil en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, buscando recuperar los $15 millones no luce clara», dice la fuente interna de la corporación.
Un dato que llama la atención de Venezuela Política es el incremento significativo de gastos de asesoría legal de CITGO desde que se inició la gestión de la directiva designada por Juan Guaidó, llegando a superar los $102 millones de dólares.
Vale destacar que la cifra de $102 millones en gastos legales de CITGO, bajo la administración de Palacios, «se han usado para realizar investigaciones internas por más de un año, cuyos resultados aún están por verse», dijo la fuente consultada.
Bajo el control de Guaidó, CITGO sigue usando abogados y los bufetes que usó la corporación cuando estaba bajo el control del régimen de Nicolás Maduro y que estuvieron al tanto de los fraudes y actos de corrupción y violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el extranjero.
La fuente consultada sostiene que la mayoría de las firmas seleccionadas por la administración designada por Guaidó y que se mantienen en la nómina de CITGO «fueron coordinadas por la abogada de CITGO, Judith Colbert a pesar que hay información es pública y notoria, que los bufetes de abogados se han beneficiado al trabajar y defender al régimen de Maduro».
La misma fuente sostiene que actualmente bufetes como Willkie Farr & Gallagher LLP Willkie y Sidley Austin LLP [Caso narcosobrinos] «siguen beneficiándose y llevando múltiples casos en CITGO bajo la administración de la junta directiva de Juan Guaidó».
«Otras firmas como Hogan Lovells y Jones Day fueron seleccionadas por Judith Colbert para acosar a los empleados de la corporación que han denunciado fraude y corrupción interna en CITGO», sostuvo la fuente.
Denuncia que «Cristina Rodríguez (Hogan Lovells) en combinación con Judith Colbert y Glenn Hilman unieron fuerzas para retaliar y amedrentar a empleados y directores que denunciaron casos de fraude en CITGO y fueron despedidos bajo la administración de Nelson Martínez y José Pereira».
Explica la fuente que hay un informe interno de CITGO, con las denuncias de la exgerente de Recursos Humanos, Marisol Gómez sobre los contratos de PDV USA y CITGO, ordenados por el fallecido, Nelson Martínez con compañías intermediarias como GFC Consultores y Yakima Trading de Samark López Bello, quien fue acusado por el gobierno de los Estados Unidos de ser uno de los testaferro del actual ministro de Petróleo de Venezuela, Tareck El Aissami, quien pasó a ser uno de los hombres más buscados por la justicia de los Estados Unidos.
Señala la fuente que «durante la mediación legal del caso de Gómez, Judith Colbert, Glenn Hilman y Cristina Rodríguez defendieron la selección y los contratos de PDV USA/CITGO con GFC Consultores, Yakima y sus dueños y testaferros».
Agrega que «bajo la administración de Luisa Palacios y Carlos Jordá sigue la convivencia con profesionales internos y externos que ayudaron al desfalco de CITGO y PDVSA».
Sostiene que «los empleados de CITGO han visto por años que los abogados contratados por el régimen se han enriquecidos a cosas de los casos de CITGO, cobrando horarios inflados, y sin importar que los casos sean ganados en las cortes o no».
Reportes en nuestro poder muestran que CITGO pagó en servicios de consultoría y gastos de defensa en 2016 más de $ 68 millones; en 2017, los gastos llegaron casi $81 millones y en 2018, se gastaron alrededor de $64 millones. En este período, el régimen de Nicolás Maduro controlaba la filial de PDVSA en Estados Unidos. Pero en febrero de 2019, CITGO pasó al control de Juan Guaidó, y en ese año, los gastos por servicios legales subieron a casi $89 millones y hasta el presente van más de $102 millones. Las firmas que cobran en CITGO durante la gestión de Palacios y Jordá además de las mencionadas anteriormente, está Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP.
La acusación contra David Rivera
Las fuentes insisten en que la acusación contra David Rivera responde a un interés político que busca desviar la atención, y se convierte «en una herramienta que convenientemente pretende dejar a PDV USA (CITGO) como una víctima». En este caso, las acciones del abogado Michael Gottlieb buscan evitar que se haga mención a la «responsabilidad individual» de los participantes que diseñaron y ejecutaron la transacción fraudulenta que la corporación hizo con el excongresista, y que violaron las leyes federales.
La idea, dice la fuente, «es la intención de encajonar la demanda en un incumplimiento de contrato, cuando el caso envuelve una investigación más extensa de presunto lavado de dinero, financiamiento ilegal, malversación de fondos, soborno y fraude en CITGO».
Sostiene que «estos crímenes sólo fueron posibles con la participación de dos o más partes, PDVSA, PDV USA, CITGO y los empleados, directores, abogados y consultores que participaron en la transacción demandada y que tenían el deber y la obligación de salvaguardar a la empresa y controlar que ese tipo de fraudes no se hiciera en una empresa que se rige por leyes norteamericanas».
Tal como hemos advertido, los casos de varios contratos fraudulentos de PDVSA, CITGO y PDV USA son investigados por el Departamento de Justicia desde el año 2017. «Los elementos y la manera fraudulenta de cómo David Rivera y contratistas como José Manuel González Testino, Manuel Chinchilla y otros lograron obtener contratos de CITGO es un factor que penaliza a la corporación ante las autoridades judiciales estadounidenses», comenta la fuente.
Las repercusiones de la demanda contra David Rivera
Como se señaló, el pliego de la demanda contra David Rivera no incluye todos los detalles de ese caso, sino la exposición de hechos selectivos que no permiten conocer la historia completa, que involucra a otros actores, que hasta ahora permanecen ocultos.
Cuando CITGO y PDV USA contrataron a David Rivera para cabildear a favor del régimen de Nicolás Maduro ante las instituciones gubernamentales de los Estados Unidos, no se hizo la debida due diligence, no se cumplió con los requerimientos de ley y no revisaron las credenciales de la empresa Interamerican Consulting Inc, a la que pagaron $15 millones de dólares, en tres transacciones de $5 millones cada una a través de la cuenta bancaria Interamerican Consulting, Incorporated en el banco JPMorgan Chase Bank NA, Routing #: 021000021 Cuenta # 633291682 y que tiene como dirección, 270 Park Avenue, New York, 10017.
Una vez que se dio a conocer la demanda, hubo muchas interrogantes que apuntaban a David Rivera, quien es investigado por presunta violación de la Ley FARA.
Fue el senador Bob Menéndez (D-N.J.) quien pidió a funcionarios del Departamento de Justicia que investigaran sí el ex representante Rivera violó la ley al no haberse registrado como agente del régimen de Nicolás Maduro ante el gobierno de Estados Unidos.
En una carta enviada por Menéndez al Fiscal General Adjunto de Seguridad Nacional, John Demers, se señala que la demanda y los informes de prensa posteriores, mostraron que Rivera estaba trabajando en nombre de un agente extranjero, sin el debido registro bajo la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA).
«Por lo tanto, solicito que el Departamento de Justicia revise si Rivera cumplió con FARA, incluso si tiene la obligación de registrarse retroactivamente como agente extranjero que actúa en nombre del régimen de Maduro», escribió Menéndez, el principal demócrata en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado.
«Cuando los agentes extranjeros no se registran bajo FARA, sus actividades en nombre de las potencias extranjeras se ocultan a la vista del público, lo que oculta las posibles amenazas a la seguridad nacional de los Estados Unidos», advirtió Menéndez (1).
Otros elementos que hablan de la corrupción en CITGO
Esta semana, la agencia Associated Press (AP) informó que el régimen venezolano intentó reclutar al ex-congresista Pete Sessions para negociar una reunión con el CEO de Exxon Mobil, al mismo tiempo que estaba pagando en secreto a David Rivera $50 millones para evitar las sanciones de Estados Unidos.
La nota de AP refiere que «un funcionario de PDVSA envió un correo electrónico a Sessions, el 8 de junio de 2017, en busca de su ayuda para organizar una reunión entre el ministro de petróleo de Venezuela y Darren Woods, entonces jefe de Exxon, con el propósito de atraer a la petrolera de regreso a Venezuela».
AP dijo que había visto el correo electrónico, y que dicha evidencia estaba en manos de la policía federal de EE. UU. En la misma nota, escrita por el periodista Joshua Goodman, se señala que se investiga al ex-congresista, David Rivera, «a la persona que supuestamente le dio instrucciones al funcionario de PDVSA para enviar el correo electrónico a Sessions».
En la fecha que se alega que hubo un intento del régimen de Maduro de acercarse a Exxon, Rivera estaba trabajando para el chavismo, en base al contrato por $50 millones que se firmó entre PVD USA/CITGO con Interamerican Consulting Inc.
AP recalca que Sessions participó en esfuerzos de mediación en Venezuela durante los 15 meses siguientes. Viajó a Caracas en secreto en abril de 2018 para reunirse con Nicolás Maduro, en un viaje auspiciado por el ahora prófugo de la justicia de Estados Unidos por diversos crímenes financieros, corrupción masiva y lavado de dinero, Raúl Gorrín.
Se confirma en la nota de AP que «David Rivera sirvió de traductor en la reunión de Sessions con Nicolás Maduro, a que asistió Gorrín». Meses más tarde, «Sessions habló con el abogado personal del presidente Donald Trump, Rudy Giuliani para ayudarle hacer las gestiones para que se produjera la reunión de Maduro con el presidente de EE. UU.».
Las evidencias sobre esas gestiones son objeto de investigación por parte de fiscales federales que buscan todas las pesquisas relacionadas con los servicios de consultoría que Rivera hacía a Maduro, y por los cuales CITGO pago $15 millones.
CITGO entra en acción
La nota de AP se refiere a un aspecto que ya había sido mencionado en los medios. CITGO aportó $500.000 al comité inaugural de Trump.
Otra fuente en CITGO sostiene que la donación del medio millón de dólares a la campaña del presidente norteamericano «se mantuvo en secreto, no se habló de esta transacción hasta que la información salió publicada en la prensa». Muchos se sorprendieron, incluyendo Rafael Gómez que era el encargado de las relaciones con el gobierno.
La fuente dijo a Venezuela Política que «con la donación de los $500 mil, pudieron asistir a la inauguración del presidente Donald Trump, José Pereira y Gustavo Cárdenas (presos en Caracas acusados de delitos de corrupción), Rick Esser, ratificado en su cargo por la directiva designada por Juan Guaidó».
AP menciona que CITGO pagaba $70 mil mensuales «durante mucho tiempo», a dos grupos de presión establecidos, Cornerstone Government Affairs y Vantage Knight, por supuestos «trabajos de regulación».
Una segunda fuente interna de CITGO, que habló en condición de anonimato, sostiene que las facturas en la contabilidad que presentó David Rivera para cobrar los $50 millones, de los cuales sólo logró el pago de $15 millones, carecían de sustentación legal «fueron unos recibo de cobro sin rigurosidad, y la entrega del informe de servicios tampoco reunía los requisitos para ser aceptados por el Departamento de Finanzas de CITGO para ser cancelados. Nada se correspondía al pago de $50 millones a una empresa de lobby».
Hasta el momento, las fuentes consultadas no tienen conocimiento sobre las razones por las cuáles la directiva de Luisa Palacios no ha demandando también a las otras empresas que cometieron delitos similares.
Los perversos personajes de la trama
Cuando David Rivera supo que PDV USA/CITGO lo había demandado, aseguró que parte del dinero que recibió estaba destinado a la oposición de Venezuela y pidió que le preguntaran a los 6 de CITGO, refiriéndose a los seis ejecutivos presos en Caracas por su participación en casos de corrupción durante sus gestiones en CITGO, Houston. Rivera no ha ofrecido evidencia o explicación para respaldar esa afirmación.
A raíz de las revelaciones de Rivera, quien aseguró además que se había entendido con el líder de Voluntad Popular, Leopoldo López y su esposa, Lilian Tintori, a quienes habría entregado parte del dinero, se supo que en el entramado denunciado por el demandado, habría participado también Raúl Gorrín, en prófugo de la justicia estadounidense que hizo una enorme fortuna por actividades fraudulentas que le permitieron robar miles de millones al erario público venezolano por su sociedad con el ex-tesorero Alejandro Andrade, Nicolás Maduro y otros funcionarios del régimen de Chávez y Maduro.
Esta semana, Leopoldo López aseguró que iba a contrademandar a David Rivera por difamación. Hasta el cierre de esta nota no se había interpuesto ninguna querella contra el excongresista por parte del líder de Voluntad Popular y uno de los actores principales en el gobierno interino de Guaidó. López continúa operando desde la residencia del embajador de España en Caracas, donde se encuentra en calidad de refugiado desde el 30 de abril de 2019.
Gorrín participó junto a Rivera en la reunión con el excongresista Sessions en Caracas en 2018, y según la información dada a conocer por AP, pagó el viaje del congresista a Venezuela, aunque la misma agencia cita a una de las asistentes de Sessions que aseguró que era el parlamentario el que había pagado sus gastos.