El asalto a la democracia en Venezuela se materializa con la destrucción del Estado formal de Derecho y de Justicia por medio de un cuerpo de pseudo leyes de corte socialista como un proyecto que se expande en la región, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, Brasil y Argentina. Ahora, tenían que frustrar la resistencia ciudadana expresada en las protestas de calle, para ello, el laboratorio de la dictadura más antigua del continente, la Cuba de Fidel Castro, tenía que controlar los cuerpos de seguridad, generando terror con persecuciones, detenciones, torturas y asesinatos.
Acuerdos entre regímenes; el más antiguo del continente, Cuba, y el naciente, Venezuela
El primer convenio se suscribe el 26 de mayo de 2008, entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba y el Ministerio del Poder Popular para la Defensa de Venezuela, fijando las condiciones de permanencia del régimen cubano en el territorio venezolano, pactando la asistencia militar, el adiestramiento y selección de personal en materia de contrainteligencia militar y potenciar las capacidades militares venezolanas, al servicio de la revolución tutelada con la receta cubana.
Venezuela no estaba en guerra contra ninguna nación extranjera, sin embargo, los documentos evidencian que se estaba preparando una guerra en el escenario político y militar. El enemigo histórico del régimen cubano son los Estados Unidos de Norteamérica, y en los acuerdos, se incluye la preparación de personal venezolano en esa dirección. De esta manera el régimen venezolano hace parte de la guerra histórica contra los Estados Unidos.
Torturas, desapariciones y muertes
El 21 de julio de 2011, crean la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), pero su función no sería de inteligencia militar sino de contrainteligencia. A partir de estos acuerdos, miles de venezolanos comenzaron a sufrir los peores vejámenes por parte de organismos de “seguridad” que han sido creados desde La Habana.
Un caso que involucra a los hombres de uniformes, y que traemos como ejemplo de la existencia de una reserva moral de las Fuerzas Armadas: Se trata del Capitán de Corbeta de la Armada, Rafael Acosta Arévalo, quien fue detenido por funcionarios del DGCIM y el SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia), junto con un General de la Aviación, dos coróneles retirados, un teniente coronel del ejército, y dos comisarios retirados del CICPC (Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas).
El 28 de junio de 2018, el capitán Arévalo fue trasladado por la DGCIM a la sede de un tribunal militar para celebrar una audiencia de presentación, llegando en silla de ruedas con graves indicios de torturas, según testimonios recogidos por organismos internacionales que aseguran presentaba lesiones graves en los brazos, poca sensibilidad en las manos, inflamación extrema en los pies, rastros de sangre en las uñas y lesiones en el torso.
El juez ordena su traslado a un hospital militar situado en el Fuerte Tiuna, donde posteriormente es anunciada su muerte. Pasando de la detención a las torturas y después a su asesinato, hecho que motivó denuncias ante la Corte Penal Internacional y ante la CIDH. Publicación de ABC, España, el 4 de julio de 2019.
El SEBIN y sus mazmorras; organismo ejecutor de las tareas sucias de torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes
Este organismo creado el 1 de junio de 2010 dependiente de la vicepresidencia de la República, es producto de la extinción (2009) de la antigua DISIP (Dirección General de los Servicios de Inteligencia y Prevención). El SEBIN tiene a su cargo la “administración” de las mazmorras del régimen, entre otras;
1) El Helicoide: Una estructura ubicada en las cercanías del centro de Caracas, donde se encuentran detenidos civiles y militares recibiendo tratos degradantes.
2) La Tumba: La CIDH (Resolución 6/2015 del 2 de marzo) la describe como un sótano ubicado cinco pisos bajo tierra del edificio sede del SEBIN situado en Plaza Venezuela, Caracas. Es un espacio confinado de 2×3 metros, con cámaras de vídeo y micrófonos en cada una de sus celdas, donde los detenidos son sometidos a aislamiento prolongado sin contacto con otras personas y no tienen acceso a la luz del sol o al aire libre.
Estos recintos que “alojan” militares, civiles políticos y estudiantes, dejan la impronta de diferentes formas de torturas, tal como lo verifica la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela de la ONU, en su Informe del 15 de septiembre de 2020, donde revela actos vejatorios como la negación de alimentos y agua, así como muchas detenciones y torturas ordenadas directamente por Nicolás Maduro; también se constatan torturas para extraer confesiones o información, para que los detenidos se incriminen asimismo y a otras personas, involucrando a líderes políticos, militares y estudiantes incomodos para el régimen.
La Misión de la ONU concluye que funcionarios del SEBIN perpetraron actos de violencia sexual o de género contra personas detenidas en un intento de obtener confesiones o información que implicara a otros, o para degradarlos, humillarlos o castigarlos; así como amenazas de violación a hombres y mujeres, y la violación de detenidos durante los interrogatorios, utilizando partes del cuerpo y/o objetos; también se presentan amenazas con violencia sexual o de otro tipo contra las mujeres de la familia de los detenidos. Igualmente se recogen actos que incluyen palizas, asfixias, descargas eléctricas y actos de violencia sexual. «Conclusiones detalladas de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela*». Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
El caso del concejal Fernando Alban
Fernando Alban, concejal de Caracas, detenido por una comisión del SEBIN el 5 de octubre de 2018, por haber participado en una actividad en la ONU. Tres días después, funcionarios del régimen informan sobre su muerte, señalando que había cometido suicidio, lanzándose desde el décimo piso del edificio del SEBIN en Plaza Venezuela cuando iba a ser trasladado a los tribunales, después de solicitar ir al baño.
Sus abogados y familiares denuncian la existencia de dos certificados de defunción, el primero señala que la muerte fue por un golpe en la parte posterior del cráneo y el segundo dice que fue por un golpe facial.
Han solicitado la aplicación del protocolo de Minnesota y Estambul donde se establece la exhumación del cuerpo en presencia de expertos internacionales independientes avalados por la OEA, la CIDH y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DDHH.
El FAES, la guinda de la tortura
Las Fuerzas de Acción Especial (FAES), un comando de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), creado en 2016, cuenta en su historial que entre mayo y noviembre de 2017, de 403 homicidios en los que participaron los cuerpos de seguridad del Estado en el Área Metropolitana de Caracas, 124 (31%) fueron atribuidos a las FAES, que a su vez son responsable de 62% de las muertes cometidas por la PNB. El pueblo los reconoce como uno de los instrumentos políticos de las tareas sucias que ordena Nicolás Maduro, temidas como grupo de exterminio y represión.
La Misión de la ONU investigó 16 casos de operaciones policiales, militares o conjuntas que finalizaron con 53 ejecuciones extrajudiciales y también indagó 2.552 incidentes que produjeron más de 5.000 muertes por parte de las fuerzas de seguridad, el informe responsabiliza a dos fuerzas de seguridad – el CICPC y las FAES – del 59% de las muertes perpetradas en el período analizado y dice que también cometieron ejecuciones extrajudiciales, recomendando que sean desmanteladas.
La Masacre del Junquito: Fuerzas combinadas del régimen
Oscar Pérez, piloto e inspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas de Venezuela (CICPC), perseguido por el régimen, fue ejecutado el 15 de enero de 2018, hecho que se conoce como “La Masacre del Junquito”, en un ejercicio desmedido de la fuerza.
Antes de ser atacado, el piloto informaba en un vídeo el asedio de una brigada liderada por funcionarios del CONAS, SEBIN, DGCIM, Guardia Nacional Bolivariana, Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), Policía Nacional Bolivariana y PoliCaracas, y a pesar de que Oscar Pérez comunicó su rendición y pidió el cese del fuego para proceder a su entrega y el grupo que lo acompañaba formado por Daniel Enrique Soto Torres, Abraham Lugo Ramos, Jairo Lugo Ramos, José Alejandro Díaz Pimentel, Abraham Israel Agostini y Andreina Ramírez), aun así, las autoridades continuaron con la masacre que aparece comprobado en videos y testimonios donde actuaron más de 600 funcionarios, utilizando 142 unidades terrestres (blindados, patrullas, camionetas y motos, además de una tanqueta y una unidad aérea. Luego de más de una hora disparando, un funcionario del CONAS destruyó la casa donde se encontraba Oscar Pérez y su grupo con un misil RPG-7.
El acuerdo de Cuba y Venezuela, más allá de la inteligencia militar
Las relaciones entre los regímenes Cuba-Venezuela han cobrado muchas vidas de venezolanos, y el uso desproporcionado de la fuerza es una dinámica constante, presentado detenciones ilegales, persecuciones políticas, torturas y actos degradantes, y asesinatos sistematizados.
Esta es la fatal realidad que vive Venezuela desde hace décadas, y cada día se hace urgente tomar medidas para deponer a un régimen que no se va a detener en la consecución de los delitos continuados de lesa humanidad y violaciones sistemáticas de derechos humanos. Es un pueblo que está sometido por un régimen de terror que forma parte de una alianza internacional de delincuencia organizada.
Los venezolanos merecen que haya Justicia; seria inmoral querer imponer acuerdos donde priven intereses políticos particulares o grupales que anuncian negociaciones con quienes han cometido graves delitos, los cuales, por cierto, no prescriben según las leyes nacionales e internacionales, ni admiten amnistías.
Debemos abordar de inmediato acciones que pueden salvar a Venezuela de su peor tragedia Republicana; solo así podremos asegurar bienestar y dignidad a las futuras generaciones.
Fuente: Diario las Américas
Venezuela no estaba en guerra contra ninguna nación extranjera, sin embargo, los documentos evidencian que se estaba preparando una guerra en el escenario político y militar. El enemigo histórico del régimen cubano son los Estados Unidos de Norteamérica, y en los acuerdos, se incluye la preparación de personal venezolano en esa dirección. De esta manera el régimen venezolano hace parte de la guerra histórica contra los Estados Unidos.
Torturas, desapariciones y muertes
El 21 de julio de 2011, crean la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), pero su función no sería de inteligencia militar sino de contrainteligencia. A partir de estos acuerdos, miles de venezolanos comenzaron a sufrir los peores vejámenes por parte de organismos de “seguridad” que han sido creados desde La Habana.
Un caso que involucra a los hombres de uniformes, y que traemos como ejemplo de la existencia de una reserva moral de las Fuerzas Armadas: Se trata del Capitán de Corbeta de la Armada, Rafael Acosta Arévalo, quien fue detenido por funcionarios del DGCIM y el SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia), junto con un General de la Aviación, dos coróneles retirados, un teniente coronel del ejército, y dos comisarios retirados del CICPC (Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas).
El 28 de junio de 2018, el capitán Arévalo fue trasladado por la DGCIM a la sede de un tribunal militar para celebrar una audiencia de presentación, llegando en silla de ruedas con graves indicios de torturas, según testimonios recogidos por organismos internacionales que aseguran presentaba lesiones graves en los brazos, poca sensibilidad en las manos, inflamación extrema en los pies, rastros de sangre en las uñas y lesiones en el torso.
El juez ordena su traslado a un hospital militar situado en el Fuerte Tiuna, donde posteriormente es anunciada su muerte. Pasando de la detención a las torturas y después a su asesinato, hecho que motivó denuncias ante la Corte Penal Internacional y ante la CIDH. Publicación de ABC, España, el 4 de julio de 2019.
El SEBIN y sus mazmorras; organismo ejecutor de las tareas sucias de torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes
Este organismo creado el 1 de junio de 2010 dependiente de la vicepresidencia de la República, es producto de la extinción (2009) de la antigua DISIP (Dirección General de los Servicios de Inteligencia y Prevención). El SEBIN tiene a su cargo la “administración” de las mazmorras del régimen, entre otras;
1) El Helicoide: Una estructura ubicada en las cercanías del centro de Caracas, donde se encuentran detenidos civiles y militares recibiendo tratos degradantes.
2) La Tumba: La CIDH (Resolución 6/2015 del 2 de marzo) la describe como un sótano ubicado cinco pisos bajo tierra del edificio sede del SEBIN situado en Plaza Venezuela, Caracas. Es un espacio confinado de 2×3 metros, con cámaras de vídeo y micrófonos en cada una de sus celdas, donde los detenidos son sometidos a aislamiento prolongado sin contacto con otras personas y no tienen acceso a la luz del sol o al aire libre.
Estos recintos que “alojan” militares, civiles políticos y estudiantes, dejan la impronta de diferentes formas de torturas, tal como lo verifica la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela de la ONU, en su Informe del 15 de septiembre de 2020, donde revela actos vejatorios como la negación de alimentos y agua, así como muchas detenciones y torturas ordenadas directamente por Nicolás Maduro; también se constatan torturas para extraer confesiones o información, para que los detenidos se incriminen asimismo y a otras personas, involucrando a líderes políticos, militares y estudiantes incomodos para el régimen.
La Misión de la ONU concluye que funcionarios del SEBIN perpetraron actos de violencia sexual o de género contra personas detenidas en un intento de obtener confesiones o información que implicara a otros, o para degradarlos, humillarlos o castigarlos; así como amenazas de violación a hombres y mujeres, y la violación de detenidos durante los interrogatorios, utilizando partes del cuerpo y/o objetos; también se presentan amenazas con violencia sexual o de otro tipo contra las mujeres de la familia de los detenidos. Igualmente se recogen actos que incluyen palizas, asfixias, descargas eléctricas y actos de violencia sexual. «Conclusiones detalladas de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela*». Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
El caso del concejal Fernando Alban
Fernando Alban, concejal de Caracas, detenido por una comisión del SEBIN el 5 de octubre de 2018, por haber participado en una actividad en la ONU. Tres días después, funcionarios del régimen informan sobre su muerte, señalando que había cometido suicidio, lanzándose desde el décimo piso del edificio del SEBIN en Plaza Venezuela cuando iba a ser trasladado a los tribunales, después de solicitar ir al baño.
Sus abogados y familiares denuncian la existencia de dos certificados de defunción, el primero señala que la muerte fue por un golpe en la parte posterior del cráneo y el segundo dice que fue por un golpe facial.
Han solicitado la aplicación del protocolo de Minnesota y Estambul donde se establece la exhumación del cuerpo en presencia de expertos internacionales independientes avalados por la OEA, la CIDH y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DDHH.
El FAES, la guinda de la tortura
Las Fuerzas de Acción Especial (FAES), un comando de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), creado en 2016, cuenta en su historial que entre mayo y noviembre de 2017, de 403 homicidios en los que participaron los cuerpos de seguridad del Estado en el Área Metropolitana de Caracas, 124 (31%) fueron atribuidos a las FAES, que a su vez son responsable de 62% de las muertes cometidas por la PNB. El pueblo los reconoce como uno de los instrumentos políticos de las tareas sucias que ordena Nicolás Maduro, temidas como grupo de exterminio y represión.
La Misión de la ONU investigó 16 casos de operaciones policiales, militares o conjuntas que finalizaron con 53 ejecuciones extrajudiciales y también indagó 2.552 incidentes que produjeron más de 5.000 muertes por parte de las fuerzas de seguridad, el informe responsabiliza a dos fuerzas de seguridad – el CICPC y las FAES – del 59% de las muertes perpetradas en el período analizado y dice que también cometieron ejecuciones extrajudiciales, recomendando que sean desmanteladas.
La Masacre del Junquito: Fuerzas combinadas del régimen
Oscar Pérez, piloto e inspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas de Venezuela (CICPC), perseguido por el régimen, fue ejecutado el 15 de enero de 2018, hecho que se conoce como “La Masacre del Junquito”, en un ejercicio desmedido de la fuerza.
Antes de ser atacado, el piloto informaba en un vídeo el asedio de una brigada liderada por funcionarios del CONAS, SEBIN, DGCIM, Guardia Nacional Bolivariana, Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), Policía Nacional Bolivariana y PoliCaracas, y a pesar de que Oscar Pérez comunicó su rendición y pidió el cese del fuego para proceder a su entrega y el grupo que lo acompañaba formado por Daniel Enrique Soto Torres, Abraham Lugo Ramos, Jairo Lugo Ramos, José Alejandro Díaz Pimentel, Abraham Israel Agostini y Andreina Ramírez), aun así, las autoridades continuaron con la masacre que aparece comprobado en videos y testimonios donde actuaron más de 600 funcionarios, utilizando 142 unidades terrestres (blindados, patrullas, camionetas y motos, además de una tanqueta y una unidad aérea. Luego de más de una hora disparando, un funcionario del CONAS destruyó la casa donde se encontraba Oscar Pérez y su grupo con un misil RPG-7.
El acuerdo de Cuba y Venezuela, más allá de la inteligencia militar
Las relaciones entre los regímenes Cuba-Venezuela han cobrado muchas vidas de venezolanos, y el uso desproporcionado de la fuerza es una dinámica constante, presentado detenciones ilegales, persecuciones políticas, torturas y actos degradantes, y asesinatos sistematizados.
Esta es la fatal realidad que vive Venezuela desde hace décadas, y cada día se hace urgente tomar medidas para deponer a un régimen que no se va a detener en la consecución de los delitos continuados de lesa humanidad y violaciones sistemáticas de derechos humanos. Es un pueblo que está sometido por un régimen de terror que forma parte de una alianza internacional de delincuencia organizada.
Los venezolanos merecen que haya Justicia; seria inmoral querer imponer acuerdos donde priven intereses políticos particulares o grupales que anuncian negociaciones con quienes han cometido graves delitos, los cuales, por cierto, no prescriben según las leyes nacionales e internacionales, ni admiten amnistías.
Debemos abordar de inmediato acciones que pueden salvar a Venezuela de su peor tragedia Republicana; solo así podremos asegurar bienestar y dignidad a las futuras generaciones.
Fuente: Diario las Américas