Pronunciar el apellido, El Aisami, es evocar el narcoterrorismo. Nada personal, sea dicho muy de paso. Corrían los primeros meses de 2010 y la contrainteligencia de EE UU, profundizaba la llamada, “Operación Casandra”, para desmantelar grupos del narcofundamentalismo musulmán. Fue la primera vez que el mencionado apellido apareció como player del tráfico ilícito internacional de sustancias psicotrópicas.
Pero no ha sido nada más, Tarek El Aisami, acusado, en marzo de 2018, ante una Corte del estado de Nueva York, por ser barón de la droga. El diario “Miami Herald” informaba en febrero de 2017 que, otro vinculado con tal red criminal era, Feras El Aisami, hermano de Tarek y encargado de ejecutar muchas operaciones, entre ellas, el negocio de los sobornos y el ingreso, ilegal a Venezuela de ciudadanos de origen árabe.
Un tercer personaje “clave” en la supuesta organización criminal, es Husam El Aissami, primo de los dos referidos al comienzo. Husam no solo ha trabajado como consejero de la embajada de Venezuela en Jordania, sino que ha sido protagonista en la entrega de visas y pasaportes a miembros del grupo terrorista islámico Hezbolá. Otro primo, Fady El Aissami, también ha sido señalado, públicamente, como gestor de contrataciones públicas, para favorecer a empresas de la familia.
Imposible no mencionar a Haifa El Aissami, hermana del exvicepresidente, embajadora de Venezuela ante el Reino de los Países Bajos y representante del régimen ante la CPI. Haifa ha fungido de lobista o cabildera, – algo absolutamente ilegal en el ámbito judicial- ante dicha Corte, con sede en La Haya, para evitar que se profundicen investigaciones contra Nicolás Maduro y su propio hermano.
Informaban “La Razón” y “El Cooperante” -impresos en Caracas, ediciones de febrero 2018- de la supuesta existencia de la llamada “Mafia de las Togas” alrededor de la CPI. Los argentinos, Adolfo Pérez Esquivel, beneficiario a través de su fundación de jugosas donaciones otorgadas por el fallecido Hugo Chávez; Luis Moreno Ocampo, protegido de Pérez Esquivel y exfiscal principal de la CPI; Silvia Fernández de Gurmendi, expresidenta de la CPI; Fabrizio Guariglia, director de la División de Acusaciones de esa misma Corte; la esposa de este último, de nacionalidad belga, defensora judicial del exjuez Baltazar Garzón, éste, a su vez, supuesto asesor de Nicolás Maduro y relacionado con el susodicho Moreno Ocampo, para finalizar con Fatou Bensouda, Fiscal Principal de la CPI, nacional de Gambia.
Ante la citada Corte Penal, han acudido, numerosas víctimas venezolanas, una delegación de parlamentarios latinoamericanos, los gobiernos de Canadá, Perú, Argentina, Chile, Colombia y Paraguay, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, todos a denunciar los crímenes de lesa humanidad perpetrados, en Venezuela por, Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Pero la señora Bensouda, no se ha dado por enterada y durante su mandato, no ha castigado ni a una sola persona por crímenes que han estado a la vista del Mundo entero.
Además, la señora Bensouda se ha visto envuelta en varios escándalos que desdicen de su probidad. Uno de ellos, por traficar influencias, junto a su marido, para que un banco con sede en, Emiratos Árabes Unidos, le descongelase US $ 16 millones a un paisano suyo y otra falta aún más grave, su comadreo con la susodicha, Haifa El Aisami, como lo demuestran varios testimonios fotográficos, en los que ambas damas aparecen compartiendo, como buenas amigotas, en eventos sociales. La normativa universal prohíbe tal especie de intimidades, como penaliza las llamadas reuniones ex parte, esto es, los encuentros de operadores de Justicia, a solas, con una de las partes y por consiguiente, a espaldas del otro contendiente.
No constituye ninguna desmesura afirmar, que la única instancia en materia de DD HH que no ha constatado la comisión, en Venezuela, de crímenes de lesa humanidad, en los últimos 20 años, ha sido la CPI. Los han constatado, entre otros, los siguientes órganos de la ONU: el Grupo de Trabajo Contra las Detenciones Arbitrarias, el Comité Contra la Tortura, los cinco últimos informes anuales, muy contundentes, rendidos por la oficina del Alto Comisionado de DD HH; la Comisión ad-hoc designada por la Secretaría General de la OEA y más recientemente, la Comisión, ad-hoc, Independiente creada por la ONU, en septiembre de 2019. En este último documento, se señalan como presuntos perpetradores, a Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino y Néstor Reverol.
Todo parece indicar que Nicolás Maduro, vía la mencionada integrante del clan El Aisami, ha traficado influencias, con la señora Bensouda y dados los antecedentes de falta de probidad de esta última, no hay que ser muy zahorí para sospechar de encubrimiento, quizás individual de la señora Bensouda, quizás en bloque de la CPI, para favorecer a integrantes del narcogobierno de Venezuela.
Fuente: La Patilla
OPINIÓN-Omar Estacio: El narco penetra la Corte Penal Internacional
