La desmovilización social que ocasiona la pandemia ha sido deliberadamente aprovechada por el régimen para arremeter de manera sistemática contra todos los estamentos democráticos del país. En una primera fase de su diseño estratégico intervino y confiscó partidos políticos fundamentales, a través del Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral, con vista a las elecciones parlamentarias y la confección de un sumiso poder legislativo.
Pero el modelo fasciocomunista prescribe ir más allá del desmantelamiento de las estructuras políticas. Su recetario impone acallar también las voces de las organizaciones de la sociedad civil. A partir del mes de enero, los medios de comunicación aún sobrevivientes, como la televisora VPI, los periódicos Efecto Cocuyo, Tal Cual, Panorama, El Pitazo y la radiodifusora Fe y Alegría han sido blancos de ataque persistente y violento. Acosados y encarcelados activistas de ONGs humanitarias, muy apreciadas por las familias más vulnerables, como los comedores de Alimenta la Solidaridad y Convite, Azul Positivo, agrupación que cuida de venezolanos victimas de Sida y, naturalmente, organizaciones de defensa de los derechos humanos como Provea.
Para ponerle un mascarón institucional a la embestida, ahora, mediante una providencia administrativa del Ministerio del Interior, pretenden obligar a todas las ONGs del país, a registrarse nada menos que en la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo. Una exigencia ilegal porque implica presunción de culpabilidad, y las compele a declarar qué hacen, quiénes son, cómo se financian y quiénes son los beneficiarios de su asistencia humanitaria o legal. Información que, naturalmente, estará a disposición de los conocidos entes represivos del Estado.
Es un nuevo desafío para la sociedad civil, que reclama denuncia, resistencia y desobediencia, para no darle vía libre al “terror total…”
OPINIÓN-Ramón Peña: En pocas palabras
