La actual Constitución es la más reformada de la historia de Chile, pero a pesar de ello, nunca superó su defecto de origen en la dictadura de Augusto Pinochet. Por lo anterior, el actual proceso constitucional es una oportunidad bienvenida y la pregunta es si será o no oportunidad desaprovechada.
Este proceso ha sido acompañado por dos grandes problemas: el primero es una exagerada expectativa de lo que es y puede hacer una constitución, sobre todo un ambiente solo de derechos y escaso en obligaciones y deberes, y segundo, un gran signo de interrogación sobre la calidad y conocimientos de muchos de los candidatos a constituyentes.
Este proceso además adquirió una nueva dirección a partir de su apropiación por la partidocracia (o partitocracia), concepto que surgió en el siglo XX hasta con alusiones peyorativas para describir episodios de desnaturalización de la democracia cuando el poder estatal se hace sinónimo de las decisiones partidistas, al asumir sus directivas la soberanía efectiva en reemplazo de la ciudadanía.
Lo anterior se explica porque además de la insatisfacción con su origen en 1980, el actual proceso constituyente se manifiesta con un doble proceso que tuvo lugar en Octubre del 2019: por un lado, grandes manifestaciones de cientos de miles de personas en las calles, sin dirección convocándose en las redes para pedir mayores niveles de igualdad y por el otro, una violencia muy fuerte que superó a las fuerzas policiales y que llevó al gobierno electo dos años antes a negociar un acuerdo político donde ofreció algo inesperado cual lo era una nueva constitución.
Sin embargo, lo que viene a continuación probablemente será estudiado en Facultades de Derecho y Escuelas de Ciencia Política, toda vez que un sector con aprobación muy baja en las encuestas (alrededor del 5%) cual lo eran los partidos políticos logró el control del proceso, ya que como se demostró posteriormente las reglas del juego acordadas para este proceso, hace extremadamente difícil que alguien pueda ser electo como constituyente fuera de los partidos, los que también mantienen las atribuciones constitucionales del Congreso.
Este proceso de derivación hacia control de la partidocracia ha tenido lugar en contra de lo expresamente decidido por los votantes en el plebiscito del 25 de octubre del 2020 que dio origen legal a este proceso en donde la decisión de la ciudadanía fue inapelable, ya que sobre el 78% aprobó la redacción de una nueva Constitución, toda vez que en el mismo plebiscito un porcentaje similar rechazó totalmente que el órgano al que se le encomendaba la redacción fuera integrado por congresistas en funciones, prefiriendo que fueran solo nuevos electos, punto que fue totalmente olvidado por los partidos con posterioridad.
Este proceso tiene varios puntos claves: el primero es el rol de la violencia la que en principio debiera ser desterrada de la deliberación democrática, pero que a partir del estallido de octubre del 2019 ha tenido una fuerte presencia, incluyendo su respaldo por fuerzas, que aunque minoritarias tienen presencia en varios partidos con representación en el Congreso y otros estamentos de poder. La duda es si va a continuar afectando el debate de la Convención Constitucional, toda vez que los poderes del Estado no han logrado dominarla.
En segundo lugar, considerando lo que ha pasado en otros procesos similares, adquiere una gran importancia el rol clave que puede tener la primera actividad de esta Convención cual es la discusión del Reglamento de Funcionamiento, sobre todo lo relativo a la llamada “hoja en blanco” que le permitiría tratar todo tema y una regla de aprobación de los 2/3 para los acuerdos definitivos.
En tercer lugar, al conservar el Congreso sus atribuciones constitucionales mientras un plebiscito no aprueba la nueva carta fundamental, la duda es como van a convivir ambas instituciones, que no sea a través del rol extraconstitucional de los partidos políticos y de las plataformas presidenciales desplegadas paralelamente en el tiempo. Así el 11 de abril coinciden cuatro elecciones, las de constituyentes, alcaldes, concejales y por vez primera gobernadores regionales, para a fin de este año 2021 proceder a las presidenciales, y a generales de diputados y senadores.
Por último, hay que recordar que los constituyentes van a operar en un contexto donde predominan derechos sobre deberes con la extendida idea -que tanto daño ha hecho en América Latina- que algo basta incorporarlo a la constitución para que exista, independientemente de la riqueza del país. Es decir, existe mucho populismo ambiental, en niveles casi desconocidos en la historia política previa de Chile.
Las reglas del juego acordadas pueden tener efectos no deseados, partiendo porque no se entienda que una Constitución es sobre todo un documento jurídico para definir la relación entre estado y sociedad como también para establecer un consenso sobre derechos fundamentales y los límites al poder, en un debate público donde predominan desde quienes piden un documento “espiritual-poético” hasta derechos de todo tipo. Por cierto, todos tenemos ideas e intereses personales, pero no se nos ocurre que por ello deban figurar en el texto constitucional.
Considerando lo que ha ocurrido en otros procesos, un resultado que no deja conforme a las expectativas que se han creado, podría originar una fuerte frustración. Algo de ello ya ha surgido en la abundancia de candidaturas cuyo origen es la farándula y cuando mayoritariamente se trata de ocultar en la propaganda los colores políticos de los aspirantes.
Hay que agregar que el sistema electoral D´Hondt tiene ventajas en abrir el abanico de la representación a mayor número, pero esas mismas reglas pueden determinar que pierdan algunos de los más votados (también presente en otros sistemas). Por la importancia de la lista, este sistema permite que puedan ser arrastrados algunos con pocos votos y la regla de paridad entre sexos (¨sistema de cebra¨) puede determinar quien entra y queda afuera, mas allá de tener más o menos votos.
Al haber cuatro elecciones con 2678 cargos en juego, la de constituyentes es cualitativamente diferente, en el sentido que quienes sean electos pueden marcar el destino del país por décadas, y al igual que en toda elección y en muchos otros países, los votantes no se hacen la pregunta previa de cuan capacitado se está para el cargo, y dado lo que está en juego, está elección es diferente a las otros en sus consecuencias.
Hay que tener presente otra consecuencia que puede parecer sorprendente para algunos, pero es muy posible, en el sentido que una fuerza política derrotada en el plebiscito puede perfectamente obtener una representación muy superior y transformarse en la lista vencedora, simplemente porque logró su unidad en una lista mientras que la oposición va dividida en varias. Es el caso de la derecha ya que el sistema electoral recompensa a la lista más votada, a pesar de la debilidad del gobierno, su división actual en varias candidaturas presidenciales y el resultado del plebiscito. El error de la izquierda parece haber sido que trasladó el apoyo a la nueva constitución del plebiscito solo a su sector y no lo apreció por lo que fue, un rechazo transversal a un pasado dictatorial.
Lo anterior va a tener lugar en un contexto donde este proceso se cruza con los desafíos a la gobernabilidad y al Estado de Derecho, los mayores que el país había conocido a su estabilidad desde el retorno a la democracia en 1990. Este contexto ha sido fuertemente influido por la debilidad del gobierno para enfrentar la violencia y reestablecer la seguridad pública. Estas fuerzas rupturistas tienen su origen en Chile (aunque se ha exagerado el rol del chavismo) y amenazan con “rodear” con “movilizaciones populares” a los constituyentes, con la dirección del Partido Comunista.
Desde el 2019 Chile ha estado bajo fuerte tensión pero los sistemas político y económico han logrado resistir, a lo que hay que agregar que es un país envejecido por lo que todo indica que van a haber votos con tintes claramente generacionales, con la juventud marcadamente a favor de cambios estructurales, pero con la duda presente en todo proceso electoral si van a acudir a votar en números suficientes para inclinar la balanza a su favor, no existiendo evidencia que lo hagan en cantidades que superen a los electores de mas edad.
Un hecho aún mas importante puede ser que el proceso constituyente pueda ser afectado por las consecuencias económicas de la pandemia y el impacto del proceso en la inversión y la duda sobre protección futura al derecho de propiedad como también por los compromisos de deuda y gasto fiscal ya asumidos para intentar tranquilizar a los manifestantes. La experiencia de otros países latinoamericanos no es buena en el sentido que puede originar un camino sin retorno, aunque en el caso de Chile ello no se ha manifestado todavía en la inversión como también existe un fuerte aumento del precio del cobre, fundamental para la salud económica del país.
De gran influencia puede ser también el que el proceso constituyente pueda ser afectado, influyendo y siendo influido por el ciclo electoral partidista, sobre todo en ideas, conceptos y promesas, lo que puede ser negativo para el largo plazo en que deba ser pensada una constitución.
Para ser aprobada, hay que tener presente que esta carta fundamental no necesita pasar por el Congreso como tampoco será revisada por el Ejecutivo (igualmente no se espera que la Corte Suprema o el Tribunal Constitucional decidan revisarla). Lo que debe ocurrir con esta constitución es que el texto de la Convención sea sometido a un “plebiscito de salida” a mediados del 2022, es decir, cuando ya estén en funciones otro Presidente o Presidenta y otro Congreso, ambos electos a fines de este 2021 con las normas de la actual constitución.
Esta situación agrega una complejidad extra, un escenario de desfase institucional entre las instituciones vigentes y las que puedan salir del proceso constituyente, ya que puede coincidir con un ambiente de competencia total, exactamente la polarización que Chile logró evitar con los acuerdos de su exitosa transición a la democracia, a partir de los 90s.
La Convención debe quedar instalada a mediados de este 2021 y la interrogante mayor es si predominará un espíritu de colaboración o se reproducirán las pugnas y conflictos que predominan en el Congreso, estimulado además por la competencia simultánea de varias elecciones. De ahí la importancia del de las reglas de funcionamiento que se acuerden a su inicio. Es decir, será la primera ocasión para ver si entre los constituyentes electos predominan quienes quieren refundarlo todo en un extremo junto a los que no que quieren cambiar nada en el otro, y si estos son más que los que llegan con un espíritu de entendimiento y acuerdos. A lo anterior, hay que agregar la duda existente sobre cuantos serán aquellos que ignoran lo que es una constitución.
La duda anterior se da en una situación donde la actual Constitución regirá hasta que sea reemplazada legalmente por la nueva, es decir, si el plebiscito final la aprueba. Es indudable que el peor escenario es por cierto aquel donde el conflicto predomina y se imposibilita el diálogo al interior de la Convención.
Lo que mejor puede evitar lo señalado es un imprescindible baño de realismo, ya que Chile todavía no ha atendido los reclamos de los cientos de miles que demandaban mejor educación, salud, previsión, lo que solo se puede lograr con crecimiento económico, en un contexto donde el gasto público también es demandado por algo nuevo para el país, como es una masiva inmigración desde otros países de América Latina.
Aunque la partidocracia ha mostrado su peor cara, Chile no debe olvidar que no existe democracia sin un sistema de partidos políticos y que el culto a los “independientes” muchas veces ha terminado en América Latina en episodios de populismo, autoritarismo, frustración y mayor corrupción.
Además de la incógnita no resuelta de mezclar el proceso constituyente con el proceso electoral y por lo tanto, mezclar el corto con el largo plazo, es decir, candidaturas desde presidenciales hasta locales con deliberaciones constitucionales, figurará el tema profundo de las expectativas y su costo fiscal con el hecho que a fines de este 2021 habrá un nuevo Presidente o Presidenta junto a una Convención constitucional que seguirá deliberando por meses.
A ello hay que sumar dos elementos nuevos: al ser la primera carta que a nivel constitucional se redacta sobre una base paritaria en que ningún sexo puede tener mas del 45% de representación pueden obtenerse resultados que se modifiquen por secretaría, ya que más de alguien puede quedar afuera solo por su género. Otra novedad para Chile es el factor ya utilizado en otros países de escaños reservados para pueblos originarios, pero que por primera vez introduce un factor racial en los criterios representativos.
CONCLUSIÓN.
Mas allá de lo local, a través de las normas que se aprueben, lo que pase en este proceso constitucional puede influir en cuan bien o mal esté preparado Chile para enfrentar la nueva etapa del mundo post pandemia donde seguramente vendrá una nueva fase de la globalización, un reacomodo del poder internacional, un ajuste en los organismos internacionales y en la competencia entre China y Estados Unidos.
Lo que está lejos de estar clarificado es si el país puede superar los atractivos cantos de sirena que dicen que bastaría con ingresarlo a la constitución para que mágicamente Chile pueda tener las pensiones, salud y educación de los países escandinavos, cantos que también pueden sonar atractivos para muchos miles de inmigrantes que a pesar de las dificultades y del largo viaje siguen llegando desde otros países de la región.
Una certidumbre es dada por el hecho que este texto constitucional no puede modificar por si solos los compromisos internacionales adquiridos en tratados y otras normas por Chile.
En Chile este proceso parece coincidir con un ambiente donde no parecen valorarse los grandes logros que culminaron en el exitoso proceso de vacunación, destacado a nivel mundial. El ambiente parece ser de desconfianza y descalificaciones tóxicas con un discurso flagelante y depresivo que niega el progreso conseguido desde la transición a través de acuerdos políticos y económicos que redujeron la inflación, la pobreza y que aumentaron la movilidad social.
Culmino con mi experiencia personal de haber enseñado Derecho Constitucional y Ciencia Política durante muchos años (en Chile, Inglaterra, Suecia y Estados Unidos) donde he aprendido que las mejores constituciones son aquellas cortas, es decir, las que se escriben con una goma mas que con un lápiz.
(*) Abogado (U de Chile, Universidad de Barcelona, España), Doctor (Ph.D.) en Ciencia Política (Universidad de Essex) , ex candidato presidencial en Chile (2013)
Fuente: IntDemocratic
OPINIÓN-Ricardo Israel: Proceso constituyente y partidocracia en Chile.
