En Colombia ha habido una gran preocupación por el aumento de la pobreza tras la pandemia, que llegó a niveles del 42,5 % (21 millones de personas), en tanto que la pobreza extrema alcanzó el 15,1 % (7,4 millones de personas). Pero si eso es preocupante, qué podría pensarse de Venezuela donde el nivel de pobreza alcanza ya el 94,5 %, mientras la pobreza extrema llega al 76,6 %, y donde la última conversión de la moneda —a la que de nuevo le eliminaron seis ceros, llegando a 14 en los últimos 13 años— hace que un bolívar de 2008 equivalga a 100 billones de bolívares de hoy (billones con ‘b’ de burro), lo que suena como un chiste, pero es verdad.
No obstante, y como era de esperarse, el dictador Nicolás Maduro rechaza esas cifras y miente sobre las mismas, pues según el régimen la pobreza es sólo del 17 %, mientras que la extrema estaría tan solo en el 4 %; envidiables guarismos de un país imaginario del que sus habitantes no tendrían por qué estar huyendo a raudales, sometiéndose a toda clase de sacrificios, humillaciones y ultrajes, y siendo víctimas de una cruel xenofobia, como viene ocurriendo en Chile y en prácticamente toda Suramérica. Se estima que la diáspora venezolana alcanza los 5,7 millones de personas, que equivalen al 15 % de la población.
Sin embargo, hacer una reconversión de la moneda, no soluciona nada de fondo; es apenas un recurso ilusorio que evita la incomodidad de portar un abultado fajo de billetes para comprar tan solo un pan o unos huevos. Este año, los venezolanos esperan una inflación del 1.600 %, mientras que en Colombia se estima que esta no llegue a 5 %, y se consideraría como toda una catástrofe que se sobrepase esa cifra por varios puntos porcentuales. Tal hiperdevaluación en Venezuela ha llevado la moneda a una tasa de cambio de 5 millones de bolívares por dólar, cuando en Colombia nos alarma que el cambio esté cerca de los 4.000 pesos.
Si esas cifras no son suficientes para entender el ruinoso desastre perpetrado por el chavismo en poco más de 20 años, bastaría ver que la producción petrolera de Venezuela se ubica actualmente por debajo de los 600.000 barriles diarios, lo que quiere decir que Colombia ya supera a su vecino con cerca de 750.000 barriles al día, a pesar de que Venezuela supuestamente es el país con las mayores reservas de crudo del mundo y de que llegó a ser uno de los mayores productores con cerca de 3,5 millones de barriles diarios antes de Hugo Chávez. Hoy quieren achacarle el descalabro a las sanciones impuestas por los gringos a ese régimen dictatorial, pero el bajonazo venía desde mucho antes; es la misma excusa del régimen cubano con el embargo gringo. No, la verdad es que la izquierda lo que no daña lo desfigura, porque ese es su cometido, que todos seamos pobres.
Por eso hay que desconfiar de todas las propuestas económicas de Gustavo Petro. Cuando él habla de compartir las ganancias de las empresas con los trabajadores, simplemente está haciendo populismo con un tema que es muy taquillero y que parece todo un acto de justicia cuando, en realidad, no es más que una idea vagamente expresada que tiene tantos intríngulis como sus cuentos chinos de cambiar los ingresos petroleros por aguacates, imprimir billetes para otorgar subsidios a manos llenas, suspender la explotación petrolífera y remplazar los hidrocarburos con energía solar y muchas otras lindezas.
La izquierda pide una generosa renta básica mensual para los 5,7 millones de colombianos más pobres (1,4 millones de familias) de por lo menos un salario mínimo. La lógica más elemental advierte del peligro de que sus beneficiarios no quieran luego trabajar, con graves perturbaciones para la economía. Pues bien, en los Estados Unidos lo están padeciendo; no hay mano de obra porque las ayudas por la pandemia resultaron más atractivas que trabajar.
La izquierda rechaza el trabajo por horas, que siempre ha existido, aunque en la informalidad. A los dirigentes sindicales parece incomodarlos la idea de que mucha gente pase a la formalidad y cotice a salud y pensión por las horas sueltas que trabajan en varios sitios, que juntas a veces hasta superan el tiempo de una jornada legal. Mucho menos aceptan regionalizar el mínimo, como si fuera igual contratar a alguien en Medellín que en Quibdó.
En cambio, nadie se opone al mico que entronizaron en un proyecto de ley para trasladar a millones de cotizantes a Colpensiones, en cuyo régimen habrá que subsidiarles vía impuestos gran parte de su mesada pensional. Un favor que le están haciendo a gente muy poderosa a expensas de todos los colombianos.
Fuente: PanamPost