Dada la importancia del debate político que se plantea en estas líneas, este artículo está escrito al alimón con mi dilecto amigo Horacio Medina.
El desiderátum es de relativamente fácil formulación y compleja solución: La resistencia democrática venezolana no le puede dejar el terreno electoral al usurpador Maduro, y tampoco puede participar de cualquier manera en unas elecciones sin garantías mínimas y supervisión internacional, sobre todo si el ciudadano común no está convencido de hacerlo. Mientras la resistencia no encuentra un camino unitario para enfrentar su dilema, los tiempos siguen avanzando inexorablemente hacia territorios impredecibles. El régimen también enfrenta su propio conflicto interno: capturar de manera mínimamente creíble el último bastión de institucionalidad democrática de la nación, la Asamblea Nacional, u obtener una victoria pírrica, y enfrentarse al descrédito de un resultado fraudulento y a la condena de la comunidad internacional y de su propia población.
Dos son las condiciones políticas, que no formales ni legales, mínimas, ambas casi imposibles de garantizar, que inducirían a la resistencia a participar en las elecciones parlamentarias de diciembre aún con un CNE inconstitucional, nombrado ilegalmente y enfrentando un conjunto masivo de medidas contra los partidos políticos y la dirigencia política de la resistencia. Esas dos condiciones serían la participación masiva de la gente, que presumiblemente destruiría en la calle cualquier maniobra del régimen e inclusive un fraude post-electoral, y la presencia de la resistencia en las mesas electorales para garantizar la defensa del voto. La primera condición, la participación masiva de la gente, exigiría un liderazgo unitario que inspirara confianza y credibilidad a la población. Ello dista mucho de ser el caso, los análisis de intención de voto revelan un magro porcentaje de voluntad de participación, y la confianza en el liderazgo de la resistencia, tanto la que se identifica con el gobierno interino de Juan Guaidó, cómo con fracciones más o menos radicales, se ha visto sustancialmente reducida. Tal pareciera que la gente estaría dispuesta a acatar un llamado de participación o de no participación activa si ese llamado proviniera de un liderazgo unificado y con una estrategia bien definida para enfrentar la usurpación, algo que ha resultado hasta ahora una tarea imposible para las fuerzas de la resistencia,
Del lado del régimen, la artera conducta del oficialismo contra los grupos participantes en la así llamada Mesa de Diálogo, evidenciada en las decisiones del TSJ contra los principales partidos políticos, ha abierto un boquete en la línea de flotación de la posición política de ir a las elecciones a todo evento. A ello se le une la decisión de la comunidad internacional de no reconocer los resultados de las elecciones a menos que el régimen ceda en acordar un número de garantías que resultan obviamente inaceptables para la autocracia madurista.
A todo este cuadro de pronóstico reservado, hay que añadirle la brutal circunstancia de la pandemia, que se ha enseñoreado sobre el planeta y que amenaza con entrar en una etapa crítica en Venezuela, en buena medida gracias al pésimo manejo del régimen de la prevención sanitaria y del deplorable estado del sistema de salud del país, lo cual hace prácticamente impensable que se pueda efectuar una elección donde se satisfagan las medidas mínimas de contención sanitaria de la COVID-19.
La enorme dificultad que encara el régimen en organizar una elección creíble en medio de la pandemia, con el rechazo de la comunidad internacional, y con la falta de confianza que amenaza la integridad de sus propias filas, abre una ventana de oportunidad para que la resistencia organice algún tipo de consulta electoral que le permita apartarse de un llamado estéril y desprovisto de contenido político alguno a la abstención y que, al mismo tiempo, le robe la iniciativa al régimen. Increíblemente, una operación de este tipo se podría articular sin que la resistencia haya resuelto su propio calvario de no disponer de una estrategia unitaria y bien definida para el desalojo de la usurpación del poder.
Son dos las modalidades de consulta popular electoral hacia las cuales se han encaminado las discusiones en el seno de la resistencia al régimen de Maduro. Una de ellas es una consulta sobre la intención de la gente de participar en la elección parlamentaria de diciembre. La otra es una indagación de la voluntad popular sobre la usurpación, la conformación de un gobierno de transición y la eventual convocatoria de un procesos electoral con garantías mínimas y supervisión internacional. Ambas opciones implican un grado considerable de organización, recursos y participación de los actores políticos y de la sociedad civil, tanto en Venezuela como en la diáspora. Esta última juega un papel determinante en cualquier operación consultiva, porque los seis millones de venezolanos que han emigrado del país tienen un peso determinante y pueden inducir en un grado sustancial el apoyo de los pueblos y gobiernos democráticos del mundo a la gesta de recuperación de la libertad y la democracia en Venezuela. En otras palabras, la participación masiva de la diáspora en cualquier consulta popular, independientemente del estado del registro electoral, contribuiría de modo fundamental a darle legitimidad a la misma.
Nos acercamos al final intempestivo del sueño de reactivación de la resistencia y de la redefinición de una estrategia unitaria de desalojo del usurpador del poder. Las dos consultas electorales bajo consideración son abiertamente contradictorias en sus propósitos y en las características de los liderazgos que las promueven. La una se basa en la idea de que es indispensable participar en las elecciones pero que hay que reunir fuerzas y sondear la voluntad de la gente, la otra postura se fundamenta en la posición de no abandonar una política de no reconocimiento a la usurpación y en la evaluación del riesgo extremo que supone el arriesgarse a una derrota anunciada, dadas las abusivas condiciones de la convocatoria a elecciones, donde además de perderse la AN se pierda el apoyo de la comunidad internacional y la continuidad de una política.
La buena noticia es que parece haber un acuerdo implícito importante en realizar una consulta popular, algo que es indispensable discutir, entre los ciudadanos. La mala nueva es que el acuerdo todavía carece de vocación unitaria y de una estrategia política que incluya a actores muy variados, habitantes de un mar de intereses personales y grupales. Tiempos de la política con P mayúscula y de moverse con energía, decisión y compromiso para no caer en la trampa de la abstención simple y vacía de contenido. Tiempos de que quienes tengan algo que decir, para unificar y darle dinamismo político a la vocación democrática y de acción de los venezolanos en Venezuela y en la diáspora, lo digan. Cabría añadir que la necesidad de un acuerdo unitario de la resistencia democrática y su liderazgo va mucho más allá de una expresión de buena voluntad, es una verdadera y crítica exigencia ciudadana.
Fuente: La Patilla
OPINIÓN- Vladimiro Mujica y Horacio Medina: Las arenas movedizas de las elecciones
