La oposición venezolana, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), alertó este miércoles al país y al mundo sobre el próximo paso que pretende dar el régimen chavista para “validar el fraude electoral” haciendo uso del Poder Judicial a su servicio, con lo que no haría otra cosa que sumar cómplices y delitos a la violación de la soberanía popular que se viene cometiendo desde el anuncio del primer boletín del Consejo Nacional Electoral (CNE) que da como ganador a Nicolás Maduro sin totalización, ni actas ni auditorías a casi un mes de celebrada la elección.
“Sería ineficaz y nula toda eventual sentencia de la Sala Electoral (del TSJ) que pueda validar el fraude electoral que se pretende imponer. Los magistrados de dicha Sala estarían violando los derechos inalienables de los electores e incurrirían en responsabilidad penal, civil y administrativa”, reza un comunicado de la coalición opositora divulgado este miércoles en el que se recuerda además que “toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos”.
En el texto firmado por Edmundo González y María Corina Machado se reitera que “la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no puede atribuirse las funciones y facultades del órgano electoral, pues no le competen”. En tal sentido, agrega el documento que “de hacerlo, estaría violando el principio de separación de los poderes públicos, claramente establecido en fondo y forma en la Constitución. Estaría, además, invadiendo el exclusivo deber del CNE y pisoteando la decisión del pueblo expresada en las urnas”.
Agradeciendo a los países que han expresado la necesidad de una auditoria internacional independiente y confiable de las actas, el documento concluye asegurando que “Edmundo González Urrutia será reconocido como presidente electo de Venezuela y el 10 de enero de 2025 asumirá como presidente de la República y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional”, no sin antes hacer una cronología de los hechos que llevaron a la situación actual.
“Los venezolanos conocemos los resultados electorales del 28 de julio, aunque hasta el día de hoy, más de tres semanas después de los comicios, el CNE no ha publicado los resultados y no ha cumplido con el desarrollo de pautas de verificación y control. Es inconcebible que el organismo electoral haya hecho anuncios de resultados, así como una proclamación, sin ofrecer las pruebas que nosotros sí tenemos y hemos puesto a disposición de los venezolanos y el mundo. Exigimos transparencia y cumplimiento estricto al Estado de derecho. No aceptaremos la judicialización del cambio democrático que el pueblo decidió”.