El abogado Perkins Rocha, uno de los principales aliados de la líder venezolana María Corina Machado y asesor jurídico de su organización Vente Venezuela, lleva más de dos meses como preso político sin permitírsele ver a su familia ni ser defendido por sus abogados de los cargos de traición a la patria y terrorismo, entre otros graves delitos.
Fue detenido en una calle de Caracas a la fuerza, entre golpes y sin orden de aprehensión, según testigos, por agentes de Nicolás Maduro, a finales de agosto, a casi un mes de la elección presidencial en la que jugó un rol esencial en la defensa de la voluntad popular desconocida por el régimen.
Días más tarde, fue imputado por la fiscalía afín a Maduro, en una audiencia telemática, en presencia de un defensor público de presos que no rebate ni promueve pruebas para demostrar inocencia. Esto se llevó a cabo en la sede de la policía política SEBIN, donde permanece recluido por cinco delitos. Se le niega el derecho a la defensa sin más.
Su esposa, María Constanza Cipriani, y sus dos hijos han exigido en forma reiterada la libertad plena porque “luchar por los valores establecidos en la Constitución no es un delito”, según dijo por redes.
Pero el régimen parece hacer caso omiso a la desesperada petición. Así como de las medidas de protección que otorgó la CIDH a Rocha, en septiembre, por considerar que “se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable” sus derechos humanos.
Presos políticos, sin derechos
La situación procesal del abogado Rocha es similar a las de otros dirigentes políticos de alta y mediana notoriedad en la oposición venezolana que fueron detenidos, junto a otras miles de personas, en el contexto de las protestas ciudadanas ocurridas desde el 29 de julio pasado, en Caracas y otras ciudades, tras las amañada elección presidencial.
Recluidos en los calabozos del Helicoide, sede del SEBIN al mando del militar Alexis Rodríguez Cabello, pariente del ministro de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello, los presos políticos padecen la “negación perversa y absoluta de los procesos constitucionales y legales”, según denuncias que abarcan también a colaboradores de los comicios y hasta menores de edad.
“Todos los procesos están entubados para condenar”, se dice.
Otros presos políticos emblemáticos de la oposición son:
Biaggio Pillieri. El periodista y coordinador nacional del partido Convergencia que apoyó a los líderes María Corina Machado y Edmundo González fue presentado en audiencia el 30 de agosto, tres días después de haber sido detenido de forma arbitraria, al culminar una protesta convocada por la coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD), en contra del resultado oficial del CNE que proclamó a Maduro.
Su detención arbitraria y “desaparición forzada”, la denunció su esposa María Livia Vasile, por sus redes, donde ha reclamado que Pillieri se encuentra incomunicado de familiares y abogados de confianza.
Pillieri, quien fue alcalde y diputado a la Asamblea Nacional por la MUD para el periodo 2016-2021 por el estado Yaracuy, fue imputado por los mismos cinco delitos impuestos a otros dirigentes destacados: traición a la patria, terrorismo, conspiración, asociación para delinquir e instigación al odio, según Vasile, quien logró tener acceso a la información.
Tras la tardía audiencia por vía telemática sin presencia de sus abogados, fue pasado a juicio. Vasile y Convergencia han denunciado que los derechos de Pillieri han sido violados y exigen su libertad plena.
Américo de Grazia Veltri. El exdiputado por la MUD en la Asamblea Nacional de 2015 por Bolívar fue detenido por agentes del régimen de Maduro, en ese estado, el 8 de agosto de 2024 y 10 días más tarde se desconocía su situación procesal y estado de salud, dijo la CIDH en un comunicado el 17 de agosto pasado, en el que se pedía información sobre si se encontraba bajo custodia del Estado, sus circunstancias y se garantizaba su vida. El régimen entonces no respondió.
Después de su desaparición forzada, una de sus hijas, María Andreína de Grazia, informó por sus redes, a mediados de octubre, que el exdiputado y principal denunciante de desmanes en el Arco Minero, en Bolívar, se encuentra preso en el SEBIN, según un reporte extraoficial, pero que ningún pariente ha podido constatar su estado de salud. No tienen información oficial del caso ni acceso al expediente.
“Lo peor es que hoy, dos meses después de su detención arbitraria, nosotros sus familiares ni siquiera sabemos con certeza que la lucha que estamos batallando desde hace 62 días atrás va a valer la pena, porque hoy ni siquiera tenemos certeza de que mi papá, Américo de Grazia, está vivo”, escribió poco después de pedir al Senado de Italia que abogue por su liberación. Hasta la fecha no se tiene nueva información.
William Dávila. El exgobernador del estado Mérida y exdiputado, de 73 años de edad, se encuentra preso en el SEBIN en delicado estado de salud, sin que hasta ahora exista información oficial sobre su situación procesal.
Dávila, militante del partido socialcristiano Acción Democrática (AD) fue detenido el 8 de agosto, sin orden judicial, por funcionarios de inteligencia, cuando participaba de una vigilia por las víctimas de la represión por las protestas, en el este de Caracas. A los cinco días fue ingresado en un hospital “en estado grave”, según su hijo William Dávila Valeri.
“Es inconcebible que, en este país, se nos mantenga en la oscuridad sin información clara sobre su situación. Exijo respuestas inmediatas y hago responsable al gobierno por este atropello a los derechos humanos”, dijo Dávila Valeri por sus redes, el 14 de agosto.
Terror a partir de diciembre
Todas las prácticas judiciales “inhumanas” que padecen los presos políticos en su situación procesal por parte del régimen están recogidas en el informe conclusivo de la Misión Internacional de Verificación de los Hechos sobre Venezuela, publicado en fecha reciente, y constatadas por abogados.
Desde octubre de 2023, en el marco de la elección primaria opositora, el régimen empezó a reactivar la “maquinaria de represión” para desarticular y desmovilizar la oposición de cara a la presidencial, según el informe, pero “todo cambió a partir de diciembre” con las supuestas conspiraciones.
Desde entonces se estarían cometiendo graves violaciones de derechos humanos, a través de “privaciones arbitrarias de la vida, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas de corta duración, actos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como violencia sexual y basada en género”, con el objeto de silenciar a opositores, destaca el informe.
La Misión señala a la persecución como una de las más graves violaciones y crimen de lesa humanidad, que se extendería también a la instancia judicial. Se ingeniarían prácticas para aparentar que se cumple con el proceso penal.
Según denuncias, los tribunales de distribución no reciben ni reparten solicitudes de recursos de amparo ni de habeas corpus a favor de los presos políticos. A los familiares que se acercan a solicitarlos les exigen primero un formato que deben pedir en el centro de reclusión donde se encuentra el preso, pero una vez allí les niegan la posibilidad.