La Organización Panamericana de la Salud insistió el martes en la importancia de controlar la pandemia del coronavirus en Nicaragua y reafirmó su disponibilidad para ayudar al régimen de Daniel Ortega tras las críticas que recibió por la supuesta falta de transparencia en sus estadísticas sobre enfermos y fallecidos.
Médicos y familiares de supuestas víctimas del COVID-19 aseguraron que el régimen sandinista ha pasado de negar la presencia del virus a tratar de ocultar su propagación.
Ciro Ugarte, director de emergencias en salud de la OPS, dijo que el régimen nicaragüense le comunicó hace una semana que informaría sobre la situación de la pandemia a través del reglamento sanitario internacional y permitiría las visitas a establecimientos de salud. “Hasta el momento ninguna de esas acciones se ha materializado”, apuntó.
El experto señaló que la OPS ha renovado su compromiso de apoyar al régimen de Nicaragua para reducir el impacto sobre la población. «En este sentido creemos que si podemos canalizar la situación dentro del país, podemos brindar una mejor cooperación”, indicó.
La dictadura de Ortega ha recibido críticas por resistirse a imponer medidas para controlar los contagios durante más de dos meses desde la aparición del primer caso. El país ha reportado sólo 25 infectados y ocho muertes, cifras que se han vuelto difíciles de defender conforme más nicaragüenses denuncian la muerte de familiares.
Durante una comparecencia la noche del lunes, el dictador Ortega aseguró durante una transmisión televisiva en cadena nacional que 309 personas han muerto en lo que va del año por «neumonía».
Cierre de frontera
Ortega, señaló el lunes las medidas de control de salud tomadas por la vecina Costa Rica para justificar la decisión de su país de cerrar los dos pasos fronterizos entre los dos naciones.
En un mensaje televisado a la nación, Ortega dijo que más de 1.000 camiones estaban varados en las autopistas de Nicaragua. La disputa creció después de que Costa Rica empezara el 8 de mayo a hacer pruebas de COVID-19 a todos los camioneros que entraban en el país.
Costa Rica dijo que por el momento habían dado positivo 61 camioneros, la mayoría en la frontera con Nicaragua, aunque también algunos que entraban desde Panamá. A los conductores se les hace la prueba en la frontera, y los que dan positivo son obligados a dar la vuelta. Los que muestran síntomas son rechazados sin hacer la prueba.
“No es Nicaragua la que ha cerrado la frontera, es Costa Rica con las medidas que empezó a tomar, a exigir, a establecer”, dijo Ortega, describiendo las pruebas como un ”pretexto» de las autoridades costarricenses.
En la frontera sureña de Costa Rica con Panamá, los camioneros cortaron el tráfico el lunes para protestar también contra las medidas.
La política de controles de COVID-19 en la frontera de Costa Rica no sólo afecta al comercio regional y cuesta dinero a las empresas nicaragüenses, sino que los positivos han sido otro indicio de falta de transparencia en los reportes del gobierno de Ortega, que ha informado de unas cifras irrisorias de casos del virus.
Nicaragua ha reportado solo 25 casos confirmados de la enfermedad y ocho muertes relacionadas. Esas cifras se han vuelto más difíciles de defender conforme más nicaragüenses hablan de la muerte de sus familiares.
El régimen de Ortega no ha introducido medidas de distanciamiento social utilizadas en todo el mundo y sigue fomentando aglomeraciones masivas. Las escuelas siguen abiertas y los eventos deportivos siguen celebrándose con público.
La falta de acciones en la vecina Nicaragua preocupa a las autoridades costarricenses, que por ahora han evitado dar respuestas directas a las preguntas sobre la amenaza que supone el país para la salud pública.
La decisión de Ortega parecía responder a los comentarios del gobierno de Costa Rica sobre que los camioneros que llevaran productos a Costa Rica podrían dejar sus mercancías en la frontera y que conductores costarricenses las llevaran a su destino final. Los transportistas que tuvieran previsto atravesar el país podrían hacerlo, pero solo después de dar negativo y con escolta policial.
Los ministros del Consejo de Integración Económica Centroamericana comentaron las medidas el lunes y pidieron a Costa Rica que suspendiera las más recientes. Costa Rica propuso crear un protocolo regional con medidas de seguridad biológica y un grupo de trabajo para asegurar que el comercio sigue fluyendo libremente.
La secretaria costarricense de Comercio Exterior, Dyalá Jiménez, dijo que otros miembros de la región se quejaron de que las medidas no se habían aprobado en el organismo regional y por tanto no tenían validez legal.
«Esta situación complicó la posibilidad de llegar a acuerdos regionales que permitan atender con urgencia el estado de nuestras fronteras”, señaló.
También los grupos empresariales costarricenses se han quejado de los efectos de las medidas sobre el comercio. La Cámara de Exportadores de Costa Rica dijo que las medidas introducidas el viernes habían tenido un impacto negativo para más de 1.000 exportadores costarricenses.
El país tiene 866 casos confirmados del nuevo coronavirus y ha reportado 10 muertes.
Ortega dijo estar dispuesto a hablar con el gobierno costarricense para buscar una solución, “pero depende de Costa Rica”.
Fuente: Diario las Américas
El experto señaló que la OPS ha renovado su compromiso de apoyar al régimen de Nicaragua para reducir el impacto sobre la población. «En este sentido creemos que si podemos canalizar la situación dentro del país, podemos brindar una mejor cooperación”, indicó.
La dictadura de Ortega ha recibido críticas por resistirse a imponer medidas para controlar los contagios durante más de dos meses desde la aparición del primer caso. El país ha reportado sólo 25 infectados y ocho muertes, cifras que se han vuelto difíciles de defender conforme más nicaragüenses denuncian la muerte de familiares.
Durante una comparecencia la noche del lunes, el dictador Ortega aseguró durante una transmisión televisiva en cadena nacional que 309 personas han muerto en lo que va del año por «neumonía».
Cierre de frontera
Ortega, señaló el lunes las medidas de control de salud tomadas por la vecina Costa Rica para justificar la decisión de su país de cerrar los dos pasos fronterizos entre los dos naciones.
En un mensaje televisado a la nación, Ortega dijo que más de 1.000 camiones estaban varados en las autopistas de Nicaragua. La disputa creció después de que Costa Rica empezara el 8 de mayo a hacer pruebas de COVID-19 a todos los camioneros que entraban en el país.
Costa Rica dijo que por el momento habían dado positivo 61 camioneros, la mayoría en la frontera con Nicaragua, aunque también algunos que entraban desde Panamá. A los conductores se les hace la prueba en la frontera, y los que dan positivo son obligados a dar la vuelta. Los que muestran síntomas son rechazados sin hacer la prueba.
“No es Nicaragua la que ha cerrado la frontera, es Costa Rica con las medidas que empezó a tomar, a exigir, a establecer”, dijo Ortega, describiendo las pruebas como un ”pretexto» de las autoridades costarricenses.
En la frontera sureña de Costa Rica con Panamá, los camioneros cortaron el tráfico el lunes para protestar también contra las medidas.
La política de controles de COVID-19 en la frontera de Costa Rica no sólo afecta al comercio regional y cuesta dinero a las empresas nicaragüenses, sino que los positivos han sido otro indicio de falta de transparencia en los reportes del gobierno de Ortega, que ha informado de unas cifras irrisorias de casos del virus.
Nicaragua ha reportado solo 25 casos confirmados de la enfermedad y ocho muertes relacionadas. Esas cifras se han vuelto más difíciles de defender conforme más nicaragüenses hablan de la muerte de sus familiares.
El régimen de Ortega no ha introducido medidas de distanciamiento social utilizadas en todo el mundo y sigue fomentando aglomeraciones masivas. Las escuelas siguen abiertas y los eventos deportivos siguen celebrándose con público.
La falta de acciones en la vecina Nicaragua preocupa a las autoridades costarricenses, que por ahora han evitado dar respuestas directas a las preguntas sobre la amenaza que supone el país para la salud pública.
La decisión de Ortega parecía responder a los comentarios del gobierno de Costa Rica sobre que los camioneros que llevaran productos a Costa Rica podrían dejar sus mercancías en la frontera y que conductores costarricenses las llevaran a su destino final. Los transportistas que tuvieran previsto atravesar el país podrían hacerlo, pero solo después de dar negativo y con escolta policial.
Los ministros del Consejo de Integración Económica Centroamericana comentaron las medidas el lunes y pidieron a Costa Rica que suspendiera las más recientes. Costa Rica propuso crear un protocolo regional con medidas de seguridad biológica y un grupo de trabajo para asegurar que el comercio sigue fluyendo libremente.
La secretaria costarricense de Comercio Exterior, Dyalá Jiménez, dijo que otros miembros de la región se quejaron de que las medidas no se habían aprobado en el organismo regional y por tanto no tenían validez legal.
«Esta situación complicó la posibilidad de llegar a acuerdos regionales que permitan atender con urgencia el estado de nuestras fronteras”, señaló.
También los grupos empresariales costarricenses se han quejado de los efectos de las medidas sobre el comercio. La Cámara de Exportadores de Costa Rica dijo que las medidas introducidas el viernes habían tenido un impacto negativo para más de 1.000 exportadores costarricenses.
El país tiene 866 casos confirmados del nuevo coronavirus y ha reportado 10 muertes.
Ortega dijo estar dispuesto a hablar con el gobierno costarricense para buscar una solución, “pero depende de Costa Rica”.
Fuente: Diario las Américas