A Daniel Ortega muy poco se le ve, apareció para conmemorar los 14 años de su régimen para hablar de elecciones, de su “reto” de continuar en el poder, de “diálogo nacional”, pero después de que se efectúen los comicios en los que busca reelegirse, y pidiéndole al presidente electo en EEUU, Joe Biden, que tenga hacia su gobierno una política de “respeto y entendimiento», en un claro intento por lograr el retiro de las sanciones impuestas durante la administración del presidente Donald Trump.
Ortega cumplió el pasado 10 de enero 14 años consecutivos en el poder, sin incluir los 10 años de la primera dictadura sandinista [1979-1990], cinco al frente de la Junta de Reconstrucción Nacional y cinco como gobernante.
Nicaragua va a elecciones en noviembre próximo con presos políticos, en medio de la represión impuesta por Ortega, falta de garantías para unos comicios justos, libres y transparentes, y una clase política que permanece a la expectativa.
“Está haciendo cálculos de que la administración Joe Biden va a ser tolerante y a cerrar los ojos ante la posibilidad de un fraude a cambio de la llamada estabilidad y la contención contra el narcotráfico y la inmigración”, afirma el exdiplomático nicaragüense y analista político, Bosco Matamoros.
Para Christiam Martínez, opositor nicargüense en el exilio, Ortega busca a toda costa detener las sanciones y que se le retiren las ya existentes que afectan a casi una treintena de funcionarios de su círculo íntimo y empresas obtenidas al amparo del poder y de la ayuda venezolana.
“Ortega está pidiendo cacao (auxilio) a Biden, busca a toda costa detener nuevas sanciones de Estados Unidos y también las europeas. Teme a las sanciones comerciales con Europa, mercado importante para el régimen después de Estados Unidos”, apuntó Martínez.
Incógnita
El régimen de Ortega acordó con la Organización de Estados Americanos (OEA) el 20 de enero de 2017, realizar reformas electorales cuya fecha límite es mayo próximo. Todo indica que en la “reforma” solo participa el régimen.
Para Matamoros se trata de reformas sin consenso. “La estrategia del régimen ha sido manejar la situación a través de una dinámica unilateral, es decir, ignorando las demandas que está presentando la oposición nicaragüense y diferentes sectores del país”.
“El proceso electoral en Nicaragua es una incógnita, a través de un personero – el asesor económico de Ortega, Bayardo Arce – es que se han anunciado que se van a hacer reformas, cuáles son y en qué plazos, no sabemos”, sostiene el exdiplomático.
Agregó que tampoco se conoce si hay negociaciones o comunicaciones entre la OEA y el régimen de Ortega.
Solo quedan diez meses para los comicios. Martínez sostiene que es muy poco tiempo para llevar a efecto unas reformas sin consulta y aunque alega que ir a unas elecciones sin reformas, con presos políticos, represión y crímenes impunes, solo legitimaría a Ortega en el poder.
La plaga del fraude electoral afecta a Nicaragua desde la vuelta de Ortega al poder en 2007. Las elecciones municipales del 2008 fue el primer fraude documentado por la oposición.
“Es inmoral hablar de elecciones cuando existen presos políticos, asedian y privan de libertad de movimiento a los familiares, el régimen sigue capturando, tortura y acusa falsamente en los Juzgados sandinistas a opositores y a los exiliados que han retornado al país. Priva de las aspiraciones políticas a ciudadanos probos con falsas acusaciones legales como el caso Francisco Aguirre Sacasa”, manifestó Martínez.
Matamoros coincide en que el tiempo está al límite para “que se cumplan las condiciones y se pueda dar un proceso competitivo y transparente como establece la Carta Democrática Interamericana, de acuerdo con el entendimiento entre el gobierno de Nicaragua y la OEA, y el acuerdo que Ortega suscribió con la oposición en el diálogo nacional [2018]en donde se trataron estos temas”, subrayó.
Ejes de las reformas
Una auditoria en el padrón electoral, conteo a pie de urnas, presencia efectiva de los actores políticos en las mesas de votación, y una observación nacional e internacional, explicó Matamoros.
“¿Por qué se piden esas condiciones? Primero, por los antecedentes de [fraude]; segundo, el control que tiene Ortega en el poder electoral, por lo tanto, no hay confianza en el electorado nicaragüense”, sostiene Matamoros.
“Por otra parte no hay confianza en muchos de los actores políticos, se conoce su trayectoria, muchos se han prestado al colaboracionismo, al juego electoral del gobierno de Daniel Ortega porque se han efectuado elecciones que a todas luces no llenaban las condiciones mínimas de un proceso electoral transparente establecido en los estándares internacionales, y los compromisos asumidos por Nicaragua y que Ortega está obligado a respetar en el sentido que los pueblos de América tienen el derecho a vivir en libertad y democracia, y los gobiernos a facilitar esas condiciones. Ninguna de esas condiciones ha cumplido el gobierno de Daniel Ortega”, afirmó Matamoros.
El analista político asegura que Nicaragua enfrenta una crisis económica, política y social. El impacto del coronavirus ha sido devastador, la economía se ha contraído, y el nivel de desempleo es elevado.
“La única salida para una situación tan difícil es un cambio de régimen, unas elecciones que cumpla con todos los estándares internacionales y que el resultado de esas elecciones sea aceptable para todos los actores sociales del país y para la comunidad internacional”, indicó Matamoros.
Candidaturas y diálogo
Ortega quiere un “gran diálogo nacional”, pero después de las elecciones presidenciales para alcanzar lo que llamó “gran acuerdo nacional”.
El dictador no ocultó su interés de retornar al diálogo con el sector privado para retomar “lo que quedó aprobado en la Constitución y vuelva a caminar, tomando en cuenta las nuevas circunstancias, lógicamente”, señaló en alusión a los acuerdos que el régimen sostuvo con sus antiguos aliados, la cúpula empresarial, alianza que colapsó tras las protestas de abril de 2018 que dejó más de 300 muertos, centenares de detenidos, y miles en el exilio.
“En su discurso deja en evidencia que asume que va a ganar la presidencia, da la impresión de que el único partido que está concurriendo a las elecciones es el FSLN (Frente Sandinista de Liberación Nacional), y que ya se conocen los resultados”, acotó Matamoros.
“Hablar de un diálogo nacional después de las elecciones es prematuro y sospechoso, porque [Ortega] asume que habría ganado”, aseguró el analista.
Para Martínez, un diálogo después de la farsa de elecciones presidenciales únicamente sería para legitimar las mismas, darle reconocimiento a Ortega, “que le urge obtener, apuesta a que la comunidad internacional le dé el reconocimiento que busca y no enfrentar un escenario como el de Nicolás Maduro en Venezuela”, acotó.
“Ortega teme a la aplicación de la Carta Democrática, apuesta a que el 24 de mayo todo el andamiaje político y económico esté listo para llevar a cabo la farsa de las elecciones, Ortega gobierna inconstitucionalmente, su reelección y la de su esposa y vicepresidente Rosario Murillo, son ilegales porque han violado la Constitución política y la misma ley electoral para sus fines”, apuntó Martínez.
Falta de presión
“Lo que hemos visto es una explosión de candidaturas, pero por otro lado no hemos encontrado un punto de coincidencia mínima [entre la oposición] que permita hacer una presión efectiva para que se den estas reformas” sostiene Bosco Matamoros.
De no promover condiciones diferentes, para el analista conllevaría agudizar la crisis, profundizar el distanciamiento del país y la comunidad internacional, y agudizar el divorcio de la clase política y la nación.
“Un gobierno que surge de un proceso electoral que no llene las condiciones, va a estar condenado al ostracismo y va a agudizar la crisis nacional ya existente”, apuntó Matamoros.
Fuente: Diario las Américas
“Está haciendo cálculos de que la administración Joe Biden va a ser tolerante y a cerrar los ojos ante la posibilidad de un fraude a cambio de la llamada estabilidad y la contención contra el narcotráfico y la inmigración”, afirma el exdiplomático nicaragüense y analista político, Bosco Matamoros.
Para Christiam Martínez, opositor nicargüense en el exilio, Ortega busca a toda costa detener las sanciones y que se le retiren las ya existentes que afectan a casi una treintena de funcionarios de su círculo íntimo y empresas obtenidas al amparo del poder y de la ayuda venezolana.
“Ortega está pidiendo cacao (auxilio) a Biden, busca a toda costa detener nuevas sanciones de Estados Unidos y también las europeas. Teme a las sanciones comerciales con Europa, mercado importante para el régimen después de Estados Unidos”, apuntó Martínez.
Incógnita
El régimen de Ortega acordó con la Organización de Estados Americanos (OEA) el 20 de enero de 2017, realizar reformas electorales cuya fecha límite es mayo próximo. Todo indica que en la “reforma” solo participa el régimen.
Para Matamoros se trata de reformas sin consenso. “La estrategia del régimen ha sido manejar la situación a través de una dinámica unilateral, es decir, ignorando las demandas que está presentando la oposición nicaragüense y diferentes sectores del país”.
“El proceso electoral en Nicaragua es una incógnita, a través de un personero – el asesor económico de Ortega, Bayardo Arce – es que se han anunciado que se van a hacer reformas, cuáles son y en qué plazos, no sabemos”, sostiene el exdiplomático.
Agregó que tampoco se conoce si hay negociaciones o comunicaciones entre la OEA y el régimen de Ortega.
Solo quedan diez meses para los comicios. Martínez sostiene que es muy poco tiempo para llevar a efecto unas reformas sin consulta y aunque alega que ir a unas elecciones sin reformas, con presos políticos, represión y crímenes impunes, solo legitimaría a Ortega en el poder.
La plaga del fraude electoral afecta a Nicaragua desde la vuelta de Ortega al poder en 2007. Las elecciones municipales del 2008 fue el primer fraude documentado por la oposición.
“Es inmoral hablar de elecciones cuando existen presos políticos, asedian y privan de libertad de movimiento a los familiares, el régimen sigue capturando, tortura y acusa falsamente en los Juzgados sandinistas a opositores y a los exiliados que han retornado al país. Priva de las aspiraciones políticas a ciudadanos probos con falsas acusaciones legales como el caso Francisco Aguirre Sacasa”, manifestó Martínez.
Matamoros coincide en que el tiempo está al límite para “que se cumplan las condiciones y se pueda dar un proceso competitivo y transparente como establece la Carta Democrática Interamericana, de acuerdo con el entendimiento entre el gobierno de Nicaragua y la OEA, y el acuerdo que Ortega suscribió con la oposición en el diálogo nacional [2018]en donde se trataron estos temas”, subrayó.
Ejes de las reformas
Una auditoria en el padrón electoral, conteo a pie de urnas, presencia efectiva de los actores políticos en las mesas de votación, y una observación nacional e internacional, explicó Matamoros.
“¿Por qué se piden esas condiciones? Primero, por los antecedentes de [fraude]; segundo, el control que tiene Ortega en el poder electoral, por lo tanto, no hay confianza en el electorado nicaragüense”, sostiene Matamoros.
“Por otra parte no hay confianza en muchos de los actores políticos, se conoce su trayectoria, muchos se han prestado al colaboracionismo, al juego electoral del gobierno de Daniel Ortega porque se han efectuado elecciones que a todas luces no llenaban las condiciones mínimas de un proceso electoral transparente establecido en los estándares internacionales, y los compromisos asumidos por Nicaragua y que Ortega está obligado a respetar en el sentido que los pueblos de América tienen el derecho a vivir en libertad y democracia, y los gobiernos a facilitar esas condiciones. Ninguna de esas condiciones ha cumplido el gobierno de Daniel Ortega”, afirmó Matamoros.
El analista político asegura que Nicaragua enfrenta una crisis económica, política y social. El impacto del coronavirus ha sido devastador, la economía se ha contraído, y el nivel de desempleo es elevado.
“La única salida para una situación tan difícil es un cambio de régimen, unas elecciones que cumpla con todos los estándares internacionales y que el resultado de esas elecciones sea aceptable para todos los actores sociales del país y para la comunidad internacional”, indicó Matamoros.
Candidaturas y diálogo
Ortega quiere un “gran diálogo nacional”, pero después de las elecciones presidenciales para alcanzar lo que llamó “gran acuerdo nacional”.
El dictador no ocultó su interés de retornar al diálogo con el sector privado para retomar “lo que quedó aprobado en la Constitución y vuelva a caminar, tomando en cuenta las nuevas circunstancias, lógicamente”, señaló en alusión a los acuerdos que el régimen sostuvo con sus antiguos aliados, la cúpula empresarial, alianza que colapsó tras las protestas de abril de 2018 que dejó más de 300 muertos, centenares de detenidos, y miles en el exilio.
“En su discurso deja en evidencia que asume que va a ganar la presidencia, da la impresión de que el único partido que está concurriendo a las elecciones es el FSLN (Frente Sandinista de Liberación Nacional), y que ya se conocen los resultados”, acotó Matamoros.
“Hablar de un diálogo nacional después de las elecciones es prematuro y sospechoso, porque [Ortega] asume que habría ganado”, aseguró el analista.
Para Martínez, un diálogo después de la farsa de elecciones presidenciales únicamente sería para legitimar las mismas, darle reconocimiento a Ortega, “que le urge obtener, apuesta a que la comunidad internacional le dé el reconocimiento que busca y no enfrentar un escenario como el de Nicolás Maduro en Venezuela”, acotó.
“Ortega teme a la aplicación de la Carta Democrática, apuesta a que el 24 de mayo todo el andamiaje político y económico esté listo para llevar a cabo la farsa de las elecciones, Ortega gobierna inconstitucionalmente, su reelección y la de su esposa y vicepresidente Rosario Murillo, son ilegales porque han violado la Constitución política y la misma ley electoral para sus fines”, apuntó Martínez.
Falta de presión
“Lo que hemos visto es una explosión de candidaturas, pero por otro lado no hemos encontrado un punto de coincidencia mínima [entre la oposición] que permita hacer una presión efectiva para que se den estas reformas” sostiene Bosco Matamoros.
De no promover condiciones diferentes, para el analista conllevaría agudizar la crisis, profundizar el distanciamiento del país y la comunidad internacional, y agudizar el divorcio de la clase política y la nación.
“Un gobierno que surge de un proceso electoral que no llene las condiciones, va a estar condenado al ostracismo y va a agudizar la crisis nacional ya existente”, apuntó Matamoros.
Fuente: Diario las Américas