La reforma a la “Ley General de Bancos, Instituciones Financieras No Bancarias y Grupos Financieros”, que establece nuevos controles y sanciones para banqueros y funcionarios, es una medida “política represiva” que estaría dirigida contra entidades financieras para “amordazar” el capital que todavía queda en Nicaragua, valoró un experto en el sector financiero que prefiere no revelar su identidad por razones de seguridad.
Otras dos leyes vinculadas a la banca y el mercado de valores también fueron reformadas. Se trata de la Ley 315 de la Superintendencia de Bancos y de otras Instituciones Financieras (SIBOIF), y la Ley 587 de Mercado de Capitales que, de acuerdo con el régimen, las tres legislaciones se entrelazan para “combatir” el crimen organizado.
El experto aseguró que con las nuevas reformas aprobadas por la Asamblea Nacional, controlada por el régimen sandinista, Ortega estaría empleando y adecuando las medidas destinadas a combatir los delitos financieros contra sus adversarios. Las reformas serán utilizadas como herramienta política dirigida a la banca privada nicaragüense, dijo.
El sector privado mantuvo una alianza por más de una década con Ortega, cuya ruptura se originó tras el estallido social de abril de 2018, debido a la represión gubernamental que dejó un saldo de 328 muertos, miles de heridos, centenares de presos políticos y miles de exiliados.
En abril, la dictadura sandinista aprobó multas hasta de 3.6 millones de córdobas (más de un millón de dólares) a los bancos que no otorguen servicios financieros a los nicaragüenses. La medida es interpretada como una maniobra para evadir las sanciones de Estados Unidos y obligar a los bancos a abrir las cuentas a familiares, funcionarios e instituciones del régimen que fueron cerradas tras ser sancionados por corrupción y violaciones a los derechos humanos.
La regulación deja entre la espada y la pared a los banqueros si se rehúsan a brindar sus servicios a los sancionados, debido a que podrían perder sus corresponsalías con la banca estadounidense porque el Departamento del Tesoro prohíbe a sus ciudadanos y a empresas bajo la jurisdicción de Estados Unidos establecer relaciones con los involucrados en crímenes de corrupción y abuso a los derechos humanos.
Varios empresarios han sido encarcelados en medio de la ola represiva impuesta por Ortega desde el 2 de junio, entre ellos el gerente del Banco de la Producción (Banpro Grupo Promerica), Luis Rivas Anduray y el expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri. Ambos son acusados de conformidad con la “Ley 1055, de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación”.
Otros empresarios que enfrentan orden de captura han huido del país o permanecen escondidos.
Las “reformas” establecen la aplicación de una o más “multas” contra entidades financieras y funcionarios que de acuerdo con el régimen incurran en infracciones como “alterar, desfigurar u ocultar datos o antecedentes en los balances”, divulgue o informen a los clientes que estén bajo investigación por operaciones sospechosa de “lavar dinero”.
“El director, representante, gerente ejecutivo principal, funcionario, administrador de prevención de los riesgos, auditor interno o cualquier otro empleado de las instituciones financieras indicadas que alteren o desfiguren datos o antecedentes en los bancos y los balances, libros, estados de cuentas, correspondencia u otro documento cualquiera, o que oculte o que eviten que se conozcan los mismos o destruyan estos elementos con el fin de dificultar, desviar o eludir la fiscalización y supervisión o impresión que corresponde ejercer a la Superintendencia de acuerdo con la ley será sancionado, sin perjuicio de las sanciones penales”, expresa la reforma a la Ley de la banca.
El especialista en temas financieros explicó que a partir de la publicación de las reformas en el Diario La Gaceta, “los bancos deberán informar al régimen sobre los movimientos bancarios de sus clientes”.
La nueva legislación deja a discreción del superintendente de Bancos la aplicación de sanciones cuando se trate de actividades que el régimen considere “infracciones graves”.
“Es una manera de amordazar el capital que queda en el país y advertirles que el gobierno tiene el control y la disponibilidad permanente de los recursos que entran, eso supone que en Nicaragua ya la banca deja de ser independiente porque ya perdió la confidencialidad, la base que sostiene a un banco es la confianza de sus clientes que no podrán exigir confidencialidad a los bancos porque tienen que actuar conforme a la Ley”, aseveró el experto.
Las nuevas disposiciones legislativas incluyen hasta el retiro de licencia de operaciones, una decisión que la ley deja a discreción del régimen. “Con la reforma le pueden cancelar a un banco la autorización de operación. Incluso le podrían congelar los bienes (confiscación) por instrucciones del gobierno”, acotó el experto.
‘Espanta’ inversionistas
La justificación del régimen de Ortega es que las reformas persiguen ‘combatir’ actividades de lavado de dinero, el narcotráfico y el terrorismo por “recomendación” del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) a la SIBOIF.
A juicio del experto, el “combate” al crimen organizado es el disfraz que está empleando el régimen para ir contra los banqueros. “Ante una acusación cualquiera como ‘traición a la patria’, el régimen puede actuar directamente y le informa a los bancos que queda congelado cualquier título, depósito o cuenta corriente y a la orden del Estado”, dijo el especialista.
“Los inversionistas van a ver que su dinero no esta seguro, si antes tenían que poner un capital a riesgo, ahora tendrían que contemplar un capital a pérdida porque con las herramientas que tiene el régimen ahora la pérdida es casi segura puesto que ya no hay garantías con el gobierno, y esto lo demuestra los banqueros que el régimen mantiene presos”, agregó.
“Esto crea una situación de angustia en el inversionista nacional y espanta la inversión extranjera”, apuntó el experto.
Fuente: Diario las Américas
El sector privado mantuvo una alianza por más de una década con Ortega, cuya ruptura se originó tras el estallido social de abril de 2018, debido a la represión gubernamental que dejó un saldo de 328 muertos, miles de heridos, centenares de presos políticos y miles de exiliados.
En abril, la dictadura sandinista aprobó multas hasta de 3.6 millones de córdobas (más de un millón de dólares) a los bancos que no otorguen servicios financieros a los nicaragüenses. La medida es interpretada como una maniobra para evadir las sanciones de Estados Unidos y obligar a los bancos a abrir las cuentas a familiares, funcionarios e instituciones del régimen que fueron cerradas tras ser sancionados por corrupción y violaciones a los derechos humanos.
La regulación deja entre la espada y la pared a los banqueros si se rehúsan a brindar sus servicios a los sancionados, debido a que podrían perder sus corresponsalías con la banca estadounidense porque el Departamento del Tesoro prohíbe a sus ciudadanos y a empresas bajo la jurisdicción de Estados Unidos establecer relaciones con los involucrados en crímenes de corrupción y abuso a los derechos humanos.
Varios empresarios han sido encarcelados en medio de la ola represiva impuesta por Ortega desde el 2 de junio, entre ellos el gerente del Banco de la Producción (Banpro Grupo Promerica), Luis Rivas Anduray y el expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri. Ambos son acusados de conformidad con la “Ley 1055, de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación”.
Otros empresarios que enfrentan orden de captura han huido del país o permanecen escondidos.
Las “reformas” establecen la aplicación de una o más “multas” contra entidades financieras y funcionarios que de acuerdo con el régimen incurran en infracciones como “alterar, desfigurar u ocultar datos o antecedentes en los balances”, divulgue o informen a los clientes que estén bajo investigación por operaciones sospechosa de “lavar dinero”.
“El director, representante, gerente ejecutivo principal, funcionario, administrador de prevención de los riesgos, auditor interno o cualquier otro empleado de las instituciones financieras indicadas que alteren o desfiguren datos o antecedentes en los bancos y los balances, libros, estados de cuentas, correspondencia u otro documento cualquiera, o que oculte o que eviten que se conozcan los mismos o destruyan estos elementos con el fin de dificultar, desviar o eludir la fiscalización y supervisión o impresión que corresponde ejercer a la Superintendencia de acuerdo con la ley será sancionado, sin perjuicio de las sanciones penales”, expresa la reforma a la Ley de la banca.
El especialista en temas financieros explicó que a partir de la publicación de las reformas en el Diario La Gaceta, “los bancos deberán informar al régimen sobre los movimientos bancarios de sus clientes”.
La nueva legislación deja a discreción del superintendente de Bancos la aplicación de sanciones cuando se trate de actividades que el régimen considere “infracciones graves”.
“Es una manera de amordazar el capital que queda en el país y advertirles que el gobierno tiene el control y la disponibilidad permanente de los recursos que entran, eso supone que en Nicaragua ya la banca deja de ser independiente porque ya perdió la confidencialidad, la base que sostiene a un banco es la confianza de sus clientes que no podrán exigir confidencialidad a los bancos porque tienen que actuar conforme a la Ley”, aseveró el experto.
Las nuevas disposiciones legislativas incluyen hasta el retiro de licencia de operaciones, una decisión que la ley deja a discreción del régimen. “Con la reforma le pueden cancelar a un banco la autorización de operación. Incluso le podrían congelar los bienes (confiscación) por instrucciones del gobierno”, acotó el experto.
‘Espanta’ inversionistas
La justificación del régimen de Ortega es que las reformas persiguen ‘combatir’ actividades de lavado de dinero, el narcotráfico y el terrorismo por “recomendación” del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) a la SIBOIF.
A juicio del experto, el “combate” al crimen organizado es el disfraz que está empleando el régimen para ir contra los banqueros. “Ante una acusación cualquiera como ‘traición a la patria’, el régimen puede actuar directamente y le informa a los bancos que queda congelado cualquier título, depósito o cuenta corriente y a la orden del Estado”, dijo el especialista.
“Los inversionistas van a ver que su dinero no esta seguro, si antes tenían que poner un capital a riesgo, ahora tendrían que contemplar un capital a pérdida porque con las herramientas que tiene el régimen ahora la pérdida es casi segura puesto que ya no hay garantías con el gobierno, y esto lo demuestra los banqueros que el régimen mantiene presos”, agregó.
“Esto crea una situación de angustia en el inversionista nacional y espanta la inversión extranjera”, apuntó el experto.
Fuente: Diario las Américas