Sectores políticos han advertido a los empresarios nicaragüenses sobre las graves consecuencias que tendría para el país el establecimiento de un nuevo “pacto antidemocrático” con el dictador sandinista Daniel Ortega.
El tirano está buscando mecanismos para crear la segunda edición del llamado modelo de “alianza de diálogo y consenso público-privado”, con la principal patronal nicaragüense, el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), un pacto que se rompió tras protestas de abril de 2018 y la masacre perpetrada por el régimen contra manifestantes que exigían un cambio político en el país. 355 personas murieron por causa de la represión.
La advertencia la hizo el Partido Humanista Social Cristiano (PHSC), miembro propietario de la Organización Demócrata Cristina de América (ODCA). El PHSC, antes organización Voluntad Humanista Social Cristiana (VHSC), que integró el sector político de la Alianza Cívica, ahora se ha convertido en partido político desde el exilio.
El acercamiento entre el régimen con el sector privado habría iniciado en junio pasado de forma visible. El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) fungió como intermediario en el nuevo acercamiento entre las partes, tras el nombramiento de un aliado de Ortega en la presidencia del Cosep, César Zamora. La organización empresarial había quedado acéfala por la detención del presidente y vicepresidente del Cosep, Michael Healy y Álvaro Vargas, ambos apresados en octubre de 2021 y condenados a 13 y 9 años respectivamente, al ser acusados por la tiranía de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”.
“Las cámaras (empresariales) tienen hoy diálogos con las autoridades, y está en su agenda ir resolviendo esos temas. El BCIE es un facilitador. Lo ha hecho de una manera transparente y propositiva y es algo que agradecemos, de tener el valor de, en medio de una situación difícil, ponerse en el ruedo. Tenemos una sociedad polarizada y esta polarización tiene que pasar a ser algo más constructivo”, dijo en ese momento Zamora a Canal 12, durante la primera y única entrevista que ha concedido desde que asumió el cargo hace más de un año.
Zamora abogó por el perdón y un “borrón y cuenta nueva”.
Una fuente vinculada al sector empresarial confirmó las pláticas entre el régimen y el Cosep, y asegura que habrían iniciado desde hace 2 meses bajo total hermetismo.
“La dictadura busca de nuevo hacer la segunda edición de ese acuerdo con el sector de empresarios del actual COSEP, y otros empresarios, para volver a la conveniencia mutua del gobierno y de empresarios, sin considerar las aspiraciones democráticas del pueblo de Nicaragua, y su derecho al bien común”, señala la carta de denuncia del PHSC.
“Por eso alertamos y advertimos al COSEP y al sector privado en general, de no volver a cometer el enorme error de separar la actividad empresarial del derecho de los nicaragüenses a tener una democracia en libertad; ya han pagado junto al pueblo un gran costo como parar volver a cometer la misma equivocación, y por lo tanto lo más sensato y patriótico es abstenerse de atender los llamados de Ortega a hacer un nuevo pacto antidemocrático con él”, subraya.
A los dos directivos del Cosep encarcelados se suma la detención y condena del expresidente de esa organización José Adán Aguerri, condenado a 13 años de prisión por supuesta “traición a la patria”.
A Aguerri en agosto pasado le fue otorgado el beneficio de arresto domiciliar por razones de salud, pero fue retornado a la cárcel el 9 de noviembre, mientras su esposa María Germania Carrión fue detenida por la policía y posteriormente entregada a su padre, el exjefe del Ejército, Javier Carrión, según reportaron medios de comunicación nicaragüenses.
El pacto Ortega-Cosep
Con el retorno de Daniel Ortega al poder en enero de 2007, se estableció el modelo de diálogo, alianza y consenso con el sector privado a quien el tirano sandinista les impidió inmiscuirse en los asuntos políticos para dedicarse a hacer negocios, incluyendo varios con el régimen chavista de Venezuela que les permitieron obtener jugosas ganancias. Esto mientras el dictador desmantelaba la institucionalidad del país y sepultaba la débil democracia.
“Como era de esperarse, esa inusual mezcla de elementos de democracia recortada y elementos de dictadura de Estado, y de economía de mercado condicionada, constituyeron una ‘híbridocracia’ que tenía que entrar en crisis, la cual comenzó en el 2015 basada en la diferencias de conceptos y acciones, y luego se agravó con la represión gubernamental del 2018. Allí los empresarios no apoyaron la reforma social, y se pusieron al lado de las protestas del pueblo que había sido reprimido, participando al lado de la oposición en el diálogo nacional de mayo 2018 y marzo de 2019, cuyos acuerdos no cumplió el gobierno. Desde entonces Nicaragua vive su peor crisis sociopolítica de la historia”, dice la carta pública al Cosep y empresarios del país en las que les advierten las graves consecuencias de una nueva alianza con Ortega.
Durante la primera dictadura de Ortega (1979-1990), el sandinismo asesinó al líder del Cosep, Jorge Salazar, el 17 de noviembre de 1980. Lo acusaban de “conspirar contra la revolución”. Salazar era un fuerte crítico de la llamada “revolución” sandinista por el rumbo que en aquel momento estaba llevando al país. Fue acribillado a balazos y uno de los implicados en el homicidio es hoy uno de los principales asesores de Ortega: Néstor Moncada Lau, un exagente de la Seguridad del Estado.
El Cosep se ha convertido en una organización sumisa que guarda silencio por la detención y condena de sus principales líderes. “El régimen ahora está en posición de ventaja y cualquier arreglo que haga, va a salir ganando”, aseguró la fuente empresarial.