MANAGUA.- El régimen de Daniel Ortega anunció este lunes el cierre y la nacionalización del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE), una destacada escuela de negocios en la región. Esta decisión genera controversia y preocupación, ya que sigue una tendencia de expropiaciones y anulaciones de organizaciones empresariales y educativas en Nicaragua.
El argumento de la dictadura es el mismo que ha empleado para cancelar personerías jurídicas a organismos no gubernamentales y confiscar los bienes, una práctica del sandinismo durante sus dos regímenes 1979-1990 y 2007 a la fecha.
El Ministerio de Gobernación publicó oficialmente la orden de cierre en el boletín del día, justificando la acción en supuestas irregularidades administrativas. Se acusa al INCAE de no presentar sus estados financieros de los últimos tres años y de tener «inconsistencias» en los informes correspondientes al período 2015-2019. Además, se afirma que la institución no cumplió con los requisitos legales para recibir donaciones y no se registró como agente extranjero, según la versión oficial.
El régimen nicaragüense también alega que el INCAE no cooperó en proporcionar información sobre sus políticas de transparencia a la dirección ministerial encargada de supervisar a las organizaciones no gubernamentales en el país. Como resultado de estas alegaciones, todos los activos y propiedades del INCAE pasan a ser propiedad del Estado de inmediato, lo que incluye su sede central.
Escalada de represión en Nicaragua
Esta acción se produce en un contexto de preocupación internacional por la escalada represiva emprendida por el régimen de Ortega desde las protestas de 2018. La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas expresó su inquietud por la anulación de la personalidad jurídica de más de 3.000 organizaciones de la sociedad civil y el cierre de más de veinte medios de comunicación solo en el año 2022.
La medida del régimen de Nicaragua ha generado críticas de diversos sectores, que argumentan que la nacionalización del INCAE podría tener un impacto negativo en la educación y en la inversión extranjera en el país e implicaciones para la democracia y los derechos humanos en la región.