Expulsión y asedio policial. Al régimen de Daniel Ortega no le bastó cancelar la personería jurídica a la Asociación Misioneras de la Caridad, fundada por la Madre Teresa de Calcuta, pues mantiene bajo asedio a las religiosas con la presencia de patrullas de la policía en los alrededores del centro en Granada, tras ordenar su expulsión del país.
Con la cancelación de la personería jurídica terminan los proyectos dirigidos a ayudar y cambiar la vida de personas vulnerables, entre ellos, ancianos, menores en situación de riesgo, víctimas de abandono o abusos, a personas de bajos recursos con entrega de alimentos, y a enfermos a quienes el organismo ayudaba con la entrega de medicinas.
“Esta incomprensible situación nos hermana y fortalece, para seguir clamando a favor de los más pobres, que hoy sufren las consecuencias de esta decisión del Gobierno de Nicaragua”, escribió la Confederación Latinoamericana de Religiosos tras la expulsión de las hermanas Misioneras de la Caridad, que desde 1988 prestaban servicios en Nicaragua.
La apertura de la organización se realizó tras la visita a Nicaragua de la Madre Teresa de Calcuta en noviembre de 1986, en la que se reunió con Ortega, quien era en ese entonces presidente durante el primer régimen sandinista (1979-1990). Tras la canonización de Teresa de Calcuta el 4 de septiembre de 2016, la prensa oficialista presumió las fotos del dictador Ortega con la Madre Teresa durante la visita que la religiosa realizó a Nicaragua, pero seis años más tarde de la canonización, Ortega cerró el proyecto de la congregación y expulsó a las religiosas de la congregación Misioneras de la Caridad.
La decisión del régimen ha causado reacciones de repudio debido a que la dictadura no destina ayuda a sectores vulnerables a menos que se afilien al partido de gobierno, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), se integren a las actividades partidarias y rindan culto a la personalidad del dictador y a su mujer Rosario Murillo, a quien Ortega designó vicepresidenta de Nicaragua en noviembre de 2016.
La dictadura justifica el cierre de oenegés argumentando que no cumplían con sus obligaciones conforme a la ley que los regula, y la Ley de Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Se trata de las leyes represivas que Ortega aprobó a finales de 2020, para tener control de las oenegés.
Pero en el caso de las Misioneras de la Caridad el régimen amplió la “justificación” de clausura del proyecto humanitario alegando que no estaban acreditadas por el Ministerio de Familia para funcionar como guardería, centro de desarrollo infantil, hogar de niñas y asilo de ancianos, al tiempo que asegura que tampoco tenían autorización del Ministerio de Educación para enseñar.
Los argumentos del régimen los viene a emplear tras más de 40 años de labor humanitaria de las hermanas. No lo hizo durante el primer régimen sandinista, ni cuando fue oposición, ni durante los casi 16 años de la actual dictadura.
“El trabajo que hacían estas religiosas ni los mismos nicaragüenses lo hacemos, menos el Gobierno. Ellas eran una luz de esperanza para toda esa gente que la perdieron por estar en las drogas, alcohol o pobreza extrema”, escribió en sus redes sociales la periodista Josefa Gómez, hoy en el exilio, tras recordar que uno de sus primeros reportajes periodísticos fue sobre la titánica labor que realizaban las hermanas de esa congregación religiosa.
Más ataques contra la iglesia católica
Daniel Ortega ha redoblado los ataques contra la iglesia católica en Nicaragua, además de ordenar la cancelación de personería jurídica de la asociación benéfica, también ordenó el cierre de otros dos canales católicos, el tercero en un mes. Al igual que durante el primer régimen sandinista, Ortega persigue a clérigos católicos.
El régimen ordenó también a través del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correo (Telcor), la eliminación de la parrilla de programación de la empresa Telecable los canales de televisión de la iglesia católica TV Merced, en el departamento de Matagalpa, y San José, en el departamento de Estelí.
“Me han hecho saber que ayer, Telcor, indicó a Telecable, que eliminara al Canal Católico San José, de nuestra Diócesis de Estelí, de la parrilla de transmisión. Seguiremos trabajando a través de las redes. Como el primer día, con el mismo entusiasmo y esperanza”, escribió en su cuenta de Twitter, monseñor Rolando José Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa, y administrador apostólico de la Diócesis de Estelí, uno de los clérigos perseguidos por la dictadura de Daniel Ortega.
En mayo, la dictadura sandinista eliminó de la parrilla de programación al Canal 51, también propiedad de la iglesia católica.
La ola de cierres de organismos no gubernamentales con las que la dictadura persigue un afán de venganza al afectar a oenegés que se dedicaban a la política y que pertenecían a exfuncionarios del sandinismo y exaliados de Ortega, también está afectando a organismos caritativos que ayudan a la población.
El régimen ha cancelado más de 750 organizaciones desde diciembre 2018, tras el estallido social de aquel año. Pero la mayoría han sido suprimidas en el último año, tras la aprobación de leyes que son empleadas como herramientas represivas con las que Ortega ha acusado a opositores de “traición a la patria” por demandar su salida del poder, “lavado de dinero” y de incumplir la Ley de Agentes Extranjeros”.
Durante su cuarto mandato consecutivo el dictador sandinista cierra cada vez más los espacios de libertad en Nicaragua, no permite oposición ni organización y ha instaurado un estado policial. Miles de migrantes abandonan el país, mientras las remesas van en aumento.