Tras su aplastante derrota en las elecciones de Madrid y su posterior retiro de la política, Pablo Iglesias vuelve al ruedo. El fundador de Podemos retornará al partido para presidir el Instituto 25-M para la democracia, el think tank ligado a la formación de la tolda morada.
En este nuevo puesto compartirá con su antiguo compañero de facción, Juan Carlos Monedero, con quien buscará proyectos y alianzas en el mundo de las consultorías. Del mismo modo, aprovechará de promocionar la marca de Podemos dentro de la industria audiovisual, tal como adelantó Vozpópuli.
De esta forma, el representante izquierdista emprenderá otras vías para impulsar a Podemos, más allá de su rol como «periodista crítico».
Un conveniente negocio
Antes del verano, ambos dirigentes ya habían planteado su estrategia. Los militantes morados activarían su red de contactos en Latinoamérica para convocar a nuevos inversores y así financiar su proyecto mediático. Para ello, se centrarían en incursionar en el rentable negocio de las consultorías, industria de la cual Monedero fue pionero.
Asimismo, aprovecharían de publicitar la ideología podemita a través de alianzas con empresas de asesorías, think tanks y medios de comunicación. Hoy con Iglesias a la cabeza de 25-M el plan parece estar avanzando.
Si bien actualmente está desvinculado de las actividades diarias del partido, todo parece indicar que su reciente nombramiento será el «trampolín político» ideal. Según acusaron fuentes cercanas a la agrupación lila al periódico Vozpópuli, el fundador de Podemos estaría «utilizando el partido para fines personales».
La polémica fundación
Graves acusaciones pesan contra el Instituto 25-M, el nuevo lugar de trabajo de Pablo Iglesias. La fundación adscrita a Podemos ha recibido múltiples denuncias por parte de exabogados del partido, quienes señalan supuestas irregularidades en la denominada «Caja B» de la formación.
A inicios de este año, Mónica Carmona, antigua defensora del bando morado, recibió una inédita denuncia interna que puso en la mira la probidad financiera de la agrupación. De acuerdo con la jurista, Podemos habría aceptado un pago de 300.000 de euros por presuntos «cursos de formación política» a través de su fundación.
Aparentemente los recursos estaban vinculados al proyecto «Escuela Popular Paulo Freire» que se celebró en 2018 y 2019. Sin embargo, no había rastro de su destino. Es por esto que Carmona inició una investigación sospechando que podría tratarse de un «desvío de fondos». No obstante, las indagaciones no pudieron llegar a término debido al despido de la abogado.
Esta polémica se suma a los cuestionamientos contra la consultora Neurona, empresa contratada por Podemos durante las elecciones de 2019. La Fiscalía abrió una investigación por el eventual financiamiento irregular del partido a través de esta compañía.
Fuente: PanamPost