CARACAS/ESPECIAL.– Menos de dos semanas después de la firma de los acuerdos parciales de Barbados que permiten la flexibilización de las sanciones impuestas por EEUU a Venezuela, a cambio de que el gobierno de Nicolás Maduro permita una elección presidencial competitiva en 2024, el pacto pudiese estar comprometido después que el chavismo avanzara en su estrategia de judicializar los efectos de la elección primaria convocada por la oposición el 22 de octubre.
Según el primer punto del acuerdo parcial sobre garantías políticas y electorales firmado entre el régimen venezolano y la Plataforma Unitaria “las partes se reconocen y respetan el derecho de cada actor político de seleccionar su candidato para las elecciones presidenciales, de manera libre y conforme a sus mecanismos internos, atendiendo a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley”.
Sin embargo, el 30 de octubre el Tribunal Supremo de Justicia (controlado por jueces afines a Nicolás Maduro) decidió “suspender” los efectos de la elección primaria en la que participaron 2.3 millones de personas, al tiempo que ratificaba -en la misma sentencia- la inhabilitación política por 15 años de la ganadora de la primaria María Corina Machado.
En paralelo, mientras se emitía la sentencia, los integrantes de la Comisión Nacional de Primaria eran entrevistados por el Ministerio Público como investigados por los supuestos delitos de usurpación de funciones, fraude electoral, usurpación de identidad y legitimación de capitales en la organización de la primaria.
Además del acuerdo parcial sobre garantías electorales y democráticas, la oposición y Maduro firmaron un segundo acuerdo parcial para la defensa del territorio Esequibo. Mientras el Tribunal Supremo de Justicia y la fiscalía general actúan en contra de la primaria desconociendo el primer punto del acuerdo sobre garantías electorales, Maduro acusa a la oposición de irrespetar el segundo acuerdo parcial.
Desde la perspectiva de Maduro los integrantes de la Plataforma Unitaria” son incorregibles. Con ellos firmamos un acuerdo para traerlos al redil de la democracia, de la verdad, de la participación y el respeto a la Constitución y ahora empezaron una campaña contra el Esequibo (…) se trata de una campaña de la ultraderecha venezolana en contra del referéndum consultivo sobre el territorio Esequibo”.
La sentencia del TSJ
Carolina Jiménez, presidenta de la Oficina en Washington para América Latina (WOLA por sus siglas en inglés), recordó que el acuerdo Parcial sobre Promoción de Derechos Políticos y Garantías Electorales firmado en Barbados establece que las partes deben respetar el derecho de cada actor político a seleccionar su candidato. Judicialización de elecciones primarias de la oposición y sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que “suspende todos los efectos” de dicha elección representan un incumplimiento manifiesto al espíritu y letra del Acuerdo.
«Instamos a gobierno de Venezuela a que cumpla y observe lo acordado».
Por otra parte, Michael Penfold, profesor de economía política, sostiene que “judicializar el proceso de primarias e investigar a la comisión organizadora es terrible y significa volver a lo de siempre. Esto podría implosionar el acuerdo firmado en Barbados y nos regresaría a donde estábamos: la inercia y la tragedia. No es bueno para nadie”
Según Penfold “la viabilidad de Barbados va a depender de las gestiones que realicen la administración Biden y los representantes de Maduro. El régimen tiene un incentivo muy importante, porque con las licencias Venezuela volverá a exportar petróleo sin restricciones; y eso le representará al Estado unos ingresos que podrían rondar los 5.000 millones de dólares anuales. Es decir, esto está diseñado para que el beneficiario inicial sea el chavismo, que va a poder incrementar el gasto público para ser más competitivo electoralmente. Ahora, en un ambiente tan complejo, donde la sensación de malestar social es tan grande, el oficialismo va a tener que medir si efectivamente ese incremento en el gasto se va a traducir en popularidad. Eso lo van a testear en los próximos meses, y es por eso por lo que aceptaron que la elección fuera en el segundo semestre de 2024 y no en el primero. En conclusión, el acuerdo no está blindado porque, al final, depende de la calidad de la implementación y también está supeditado a los beneficios que las partes obtengan de él”.
Por otra parte, Gerardo Blyde, jefe del grupo negociador de la Plataforma Unitaria, sostiene que el interés de Jorge Rodríguez (jefe negociador de Maduro y presidente del Parlamento venezolano) en solicitar una reunión urgente de la Comisión de Seguimiento y Verificación de los acuerdos de Barbados se debe “al resultado de la primaria, la abrumadora participación, creo que no se lo esperaban”.
Según Blyde, “la judicialización de estas primarias podría representar un grave problema para el mencionado acuerdo y para el proceso de reconciliación y recuperación de la democracia en Venezuela (…) En la política es normal que el adversario trate de desvirtuar los hechos, pero lo que no es normal es que se judicialice un proceso que está protegido por el Acuerdo de Barbados”.
Critican a Biden
En el comité de asignaciones del Senado de EEUU, el senador Marco Rubio cuestionó al secretario de Estado, Antony Blinken, sobre el Acuerdo de Barbados y el incumplimiento del régimen tras la decisión del Tribunal Supremo de Justicia y la inhabilitación de María Corina Machado.
La interpelación de Rubio obtuvo la siguiente respuesta del secretario de Estado: “Después del acuerdo con la Plataforma Unitaria, la oposición llegó [a un acuerdo] con el régimen en el camino hacia las elecciones. Queríamos apoyarlo y parte del apoyo fue alentarlo a seguir adelante, incluso levantando algunas sanciones con la capacidad, por supuesto, de revertirlas o de establecer algunas licencias que pueden ser rápidamente revocadas si el régimen, de hecho, ha violado el acuerdo alcanzado. Entonces, por supuesto, tomaremos las medidas necesarias. Hemos sido muy claros al respecto. No están obteniendo vía libre para las acciones que toman que están en contradicción con los compromisos que han asumido para avanzar hacia una vida libre y elecciones justas, que es un objetivo compartido que tenemos con la oposición, la Plataforma Unitaria”.
En la semana previa Blinken sostuvo que el tema de las inhabilitaciones y la liberación de todos los presos políticos en cárceles venezolanas debía estar resuelto para la última semana de noviembre de 2023. Por otra parte, las licencias que paralizan el efecto de las sanciones deben ser renovadas en abril de 2024 cuando EE. UU. debe analizar el cumplimiento o no de los 15 puntos que contiene el Acuerdo Parcial de Barbados.
Vieja estrategia
Según el abogado constitucionalista José Ignacio Hernández: “Al decidir suspender el efecto de las primarias, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia reedita la misma estrategia para criminalizar al Parlamento electo en 2015. Los detalles son importantes. La Sala ordenó como medida de amparo cautelar, “suspender las primarias”. Esto es absurdo: no se pueden suspender pues ya se realizaron. Son un hecho político consumado. Este absurdo ya lo hizo la Sala Electoral en 2015: suspendió la proclamación de los diputados de Amazonas, ya proclamados. Y de allí vino el “desacato”. Por ello, la Sala va a considerar que toda acción basada en la candidatura de María Corina Machado es un desacato al amparo, lo que derivará en medidas penales. Esto quiere decir que Maduro no solo insiste en la inconstitucional inhabilitación, sino que además va a perseguir políticamente a todo aquel que apoye la candidatura de Machado”
Por otra parte, el analista senior para The crisis Group Mariano de Alba es de la tesis que, al surgir incertidumbre sobre el mantenimiento de la flexibilización temporal de sanciones de EEUU, va a crecer la cautela y la reticencia para acometer nuevas inversiones económicas. El mismo gobierno atenta contra la posibilidad de obtener mayores recursos. Maurel & Prom tiene previsto firmar en los próximos días un acuerdo con PDVSA para aumentar la producción petrolera. El acuerdo es posible dada la flexibilización de sanciones de EE. UU. Con sus acciones contra la primaria, el gobierno pone en mayor riesgo una mejora económica”.
El presidente de la firma Datanálisis Luis Vicente León cree que “la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de inhabilitar ex post la primaria es políticamente errada para el propio gobierno. Luego de consumado el triunfo de María Corina Machado, esto no tiene ningún impacto negativo sobre su liderazgo en la oposición y más bien amplifica su potencia nacional y refuerza el rechazo internacional. Adicionalmente, pone gasolina a la presión para retroceder, en parte, los acuerdos políticos alcanzados con USA. Todo parece indicar que el gobierno se arrepintió de haber permitido ese evento por vía de las negociaciones y dados los resultados obtenidos probablemente tiene razones para su preocupación. Pero el remedio que aplica me parece mucho peor que la enfermedad”.