Con 495 votos a favor, solo 25 en contra y 43 abstenciones, el Parlamento Europeo aprobó este jueves una resolución que condena las inhabilitaciones políticas arbitrarias impuestas por el régimen de Nicolás Maduro en contra de sus opositores en Venezuela.
Luego de años de ausencia, el tema de Venezuela volvió a estar presente en la Eurocámara con el debate y aprobación de un acuerdo en rechazo a la proscripción de los líderes opositores, luego de que el régimen chavista inhabilitara a la candidata favorita en las encuestas para la primaria, María Corina Machado.
La resolución aprobada «condena enérgicamente la decisión arbitraria e inconstitucional de impedir la postulación a las elecciones de María Corina Machado, Leopoldo López, Henrique Capriles y Freddy Superlano, entre otros candidatos, y la injerencia del régimen de Maduro en el proceso electoral».
Además, pide «un procedimiento de nominación independiente para los nombramientos del CNE».
El acuerdo también «reconoce los esfuerzos de la oposición al régimen para organizar elecciones primarias como una solución democrática para los venezolanos dentro y fuera del país; insta a las autoridades venezolanas a que proporcionen las condiciones para garantizar elecciones justas, libres, inclusivas y transparentes».
Asimismo el Parlamento Europeo pide «a la UE que apoye el retorno a la democracia en Venezuela y presione al régimen venezolano para que libere a todos los presos políticos».
En este sentido, «lamenta que se ignoren las recomendaciones de la Misión de Observación Electoral de la UE lienta todos los esfuerzos para su plena aplicación».
En un sexto punto, la Eurocámara «apoya plenamente las investigaciones de la Corte Penal Internacional sobre los extensos crímenes y actos de represión del régimen venezolano y pide a la UE que apoye las investigaciones sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad, para que los responsables rindan cuentas».
Por último, los diputados europeos destacaron que «la próxima cumbre UE-Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe representa una oportunidad para defender los principios del Estado de derecho, la democracia y los derechos humanos, y pide a todos los participantes que respeten estos principios; pide a los participantes en la cumbre que emitan una declaración en la que exijan el pleno respeto de los derechos humanos, la democracia y las libertades fundamentales».