Pedro Castillo enfrenta este miércoles 7 de diciembre otra moción de vacancia presidencial en su contra, la tercera en lo que va de su convulsionado Gobierno, y esta vez por iniciativa del congresista Edward Málaga (no agrupado y sin bancada parlamentaria) que busca retirarlo del cargo por «incapacidad moral».
El texto de Málaga argumenta la incapacidad de Castillo por los «vínculos cada vez más evidentes con graves actos de corrupción», así como por el «irresponsable desmantelamiento de la administración pública y el copamiento clientelista de las instituciones del Estado».
Así, los firmantes afirman que existen «graves faltas éticas que atentan contra la dignidad de la figura presidencial», incluida la vulneración de «los principios de separación y equilibrio de poderes» dentro del Legislativo.
«Nos permitimos recordarle que, conforme con este último artículo, el pedido de vacancia se formula precisándose los fundamentos de hecho y de derecho en que se sustenta, así como de los documentos que lo acrediten o, en su defecto, la indicación del lugar donde dichos documentos se encuentren; lo cual cumple íntegramente la Moción de Orden del Día N.° 4904», se lee en el documento enviado por el presidente del Congreso, José Williams, al mandatario peruano.
Para que se concrete la salida del presidente peruano se necesitan 87 votos en el Parlamento, un número que, hasta el momento, se desconoce que los legisladores de la oposición cuenten para definir el futuro de Castillo, quien, según las encuestas, está involucrado en casos de corrupción y gobierna para sus propios intereses y de sus allegados.
La primera moción de vacancia presentada contra Castillo obtuvo tan solo el apoyo de 46 diputados y no llegó ni siquiera a ser debatida en el pleno. El segundo intento recabó 76 votos a favor, aunque en la votación final solamente pudo reunir 55 apoyos, lejos de los 87 necesarios.
Cabe recordar que a Pedro Castillo se le abrieron al menos seis investigaciones preliminares en el Ministerio Público. Cinco de estas fueron iniciadas por los fiscales de la Nación –una por Pablo Sánchez y cuatro por Patricia Benavides, su sucesora– por presuntos actos de corrupción y la otra por el supuesto plagio de su tesis.
Arrinconado por graves denuncias de corrupción, Castillo enfrenta a un Congreso impopular –un 73% de peruanos le desaprueba, según Ipsos– que busca destituirle antes que este lo disuelva gastando cuestiones de confianza –mecanismo constitucional que plantea el Poder Ejecutivo al Parlamento–, pues si el Legislativo censura o niega el voto de confianza a dos gabinetes de un mismo gobierno, el presidente puede disolver el Congreso.
Vicepresidenta se libra de denuncia constitucional
A dos días de que el Congreso debata y vote la tercera moción de vacancia contra Castillo, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) aprobó este lunes, por mayoría, librar a la vicepresidenta Dina Boluarte de una denuncia constitucional por una presunta infracción a los artículos 38 y 126 de la Constitución vigente.
Previamente, un sector de la oposición había solicitado que Boluarte sea inhabilitada de la función pública por 10 años, esto luego de que la Contraloría General advirtiera a mediados de este año que Boluarte Zegarra firmó documentos como presidenta del Club Departamental Apurímac, cuando ya estaba al frente del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, entre ellos una solicitud ante la Municipalidad de Lima para que la citada asociación pueda acceder a una licencia de funcionamiento.
La vicepresidenta también omitió consignar en su declaración jurada de intereses (DJI) a Alfredo Florentino Pezo Paredes, quien es el esposo de su hermana. Esta persona fue contratada por el Estado para ofrecer sus servicios profesionales.
Boluarte, de acuerdo a una serie de denuncias constitucionales, habría violado los artículos 38 y 126 de la Constitución: el primero establece que todos los peruanos están obligados a respetar el ordenamiento jurídico del país, mientras que el segundo refiere que los ministros de Estado “no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas”.
Sin embargo, el informe final, elaborado por el parlamentario Edgard Reymundo –de la bancada izquierdista Cambio Democrático-Juntos por el Perú–, indicó que «no se evidencia» que la vicepresidenta «haya infringido el artículo 126» de la Carta Magna, «por cuanto los actos registrales y solicitud de licencia de funcionamiento que, realizado, no implicaron, en lo absoluto, actos de gestión o de dirección» del Club Departamental Apurímac.