Se derrumbó el puente que supuestamente tendió el presidente izquierdista de Perú, Pedro Castillo, a los funcionarios de la Fiscalía Anticorrupción que llegaron hasta la oficina de Secretaría de la Presidencia para investigar la presunta licitación irregular que convirtió a la compañía Heaven Petroleum Operators (HPO) en la proveedora de biodiésel de la estatal PetroPerú por 74.000.000 de dólares después de reuniones en el palacio presidencial.
A través de su cuenta de Twitter, El Comercio divulgó el acta en la que el fiscal a cargo de las pesquisas, Luis Medina, constata que luego de esperar por 45 minutos afuera del edificio, no pudo ingresar a la oficina de la Secretaría General por orden de Castillo.
En el oficio, escrito en el lugar, el funcionario detalla que a las 2:30 de la tarde le pidió al director general de asesoría jurídica, Julio Salas, que se comunicara con el secretario general, Carlos Jaico, para autorizar la entrada a la oficina, pero este le transmitió que el mandatario no lo autorizaba a revisar el mismo despacho donde en una anterior diligencia, otro equipo de fiscales encontró 20000 dólares en efectivo en el baño, propiedad del exsecretario presidencial Bruno Pacheco, quien renunció al cargo por este hallazgo.
Una solitud en apuros
En medio de la tensión judicial y la controversia, Castillo solicitó a la Fiscalía el levantamiento de su secreto bancario, tributario y hasta telefónico para facilitar las experticias. Pero su petición llegó tarde. El mandatario la emitió a través de su abogado, Aníbal Torres, después de que los funcionarios del Ministerio Público consignaran por escrito que sus pericias en el palacio habían sido frustradas.
Pedro Castillo reniega en el mismo documento que haya sido así y cuestiona la actuación del fiscal Medina en el allanamiento, calificándolo de “abusivo y avasallador”. Incluso, refuta que las diligencias en la Secretaría del Despacho Presidencial incluyeran el retiro de celulares, maquinas, computadoras, archivos y la toma de declaraciones a las secretarias, asistentes y personal policial.
El mandatario endosa al fiscal Medina el acceso que tuvo la prensa a “información privilegiada” sobre la diligencia para propiciar un “juicio paralelo” en los medios en su contra. Quiere su destitución, pero aún el Ministerio Público no se pronuncia. Mientras, a través de Twitter, su despacho de Comunicación Estratégica niega los hechos.
Encuentros en la mira
Según La República, Castillo recibió el pasado 18 de octubre en su despacho a Hugo Chávez Arévalo, gerente general de Petroperú; a Samir Abudayeh Giha, gerente de Heaven Petroleum; y a Karelim López, la lobista que es investigada también por otra adjudicación de una millonaria obra en la región de San Martín, que tiene visos de presunta corrupción.
Cuatro días después de ese encuentro, PetroPerú anunció que compraría biodiésel y dejó a un lado la convocatoria de postores extranjeros para beneficiar a HPO. Por eso, la fiscal anticorrupción, Norah Córdova, autorizó dos diligencias para recabar información. Una se llevaría a cabo en el palacio y la otra en la sede de la empresa estatal para colectar las imágenes de las cámaras de seguridad, entre otras evidencias.
En otras manos
Frente a la maniobra de Castillo, la fiscal Córdova entregará a la fiscal de la nación, Zoraida Ávalos, el caso para que actúe “de acuerdo con sus atribuciones”, considerando que la decisión de investigar al jefe de Estado depende de Ávalos.
Para el penalista Carlos Caro, la orden del presidente representa “una clara obstrucción a la justicia”. Señaló al respecto que el Ministerio Público puede solicitar al Poder Judicial una orden de allanamiento, considerando que el mandatario tiene inmunidad personal pero no patrimonial.
Quizá por ello, Pedro Castillo corrió desde el palacio presidencial hasta la sede de la Fiscalía para programar para el 28 de diciembre –Día de los Inocentes– su declaración. Será una larga visita porque además le tocará explicar los motivos de los presuntos ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas.
Fuente: PanamPost