MIAMI.- El parole humanitario creado para favorecer a cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos cumplió su primer aniversario a la espera de la decisión del juez federal Drew B. Tipton quien deberá dictaminar si permanece o no esta iniciativa gubernamental, creada en enero de 2023 para ordenar la entrada legal a Estados Unidos de estos ciudadanos.
Mientras el juez se toma su tiempo, desde el pasado mes de octubre se ha logrado aprobar un número importante de solicitudes para entrar de manera legal a EEUU a través de este plan migratorio. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por su sigla en inglés) se encarga de validar la información correspondiente a cada caso y aprobar o no, la solicitud.
Hasta finales de noviembre de 2023, más de 317.000 migrantes habían recibido autorizaciones de viaje para ingresar a EEUU de los cuales 297.000 ya efectivamente lo hicieron. Esta cifra puede ser mayor cuando los registros oficiales cuenten los casos de diciembre 2023 y enero 2024.
Este programa, como por ejemplo ocurre también con Movilidad Segura, se creó para evitar que las personas crucen caminos peligrosos para llegar a la frontera de EEUU, pero los mismos no han aliviado esta crisis del aumento creciente de la inmigración irregular, han señalado congresistas.
Desde agosto se produjeron más de 10.000 detenciones diarias de migrantes. El año fiscal 2023 concluyó con 3,2 millones de encuentros de migrantes indocumentados en la frontera, informó DIARIO LAS AMÉRICAS
Hasta la fecha esa cifra total de solicitudes aprobadas a través de este programa migratorio, están alejados del creciente número de migración irregular, arrojando cifras históricas. El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS, por su sigla en inglés) aspiraba que se redujera significativamente la migración irregular al ofrecer «vías seguras, ordenadas y humanas».
El proceso del parole humanitario se demora por la alta demanda de las personas que aspiran el permiso de residencia temporal y además porque se sigue una evaluación estricta de cada aspirante.
Pero a la fecha persisten las dudas de su éxito, por la cantidad de personas favorecidas hasta la fecha y por la incertidumbre que genera la decisión final del juez.
La demanda y la defensa
21 estados republicanos introdujeron una demanda alegando que este programa estaba afectando sus cuentas públicas y argumentaban que ese tipo de plan se ha convertido en un problema de seguridad.
Los alegatos del gobierno es que estas personas entran con permiso de trabajo por lo que no debería representar un costo. Frente al tema de seguridad los abogados que asisten al gobierno fundamentaron sus argumentos señalando que se cumplen los controles biométricos de cada persona.
Los republicanos han señalado que esto en vez de un parole pareciera ser un programa de visas, porque con solo tener un sponsor el ciudadano puede optar al tener como principal requisito que pertenezca a las nacionalidades favorecidas.
Para mitigar esa crítica el gobierno de Biden permitió que se incluyera en el formulario que el patrocinador expusiera las causa humanitarias razonables para que su protegido pudiera pasar la prueba.
La actual administración de EEUU prometió unos 30.000 permisos de viaje mensuales con este parole que en 11 meses serían 330.000. Sin embargo, se han aprobado alrededor de 317.000 solicitudes y aunque no está muy lejos de la meta se siguen haciendo cuestionamientos sobre la capacidad del sistema para procesar suficientes formularios.
Se trata de una alternativa «legal y segura» para los aspirantes de diversas naciones. La medida busca reducir las altas cifras de ingreso irregular a EEUU, el propósito fundamental que defiende el Gobierno de Biden.
El otro drama es que mientras la actual administración ha permitido el ingreso exprés a migrantes por la vía legal a través de un patrocinador, miles de personas residentes legales en este país hacen cola y llevan años de espera para que sus familiares puedan migrar legalmente a Estados Unidos. Algo que los afectados consideran injusto.