Instituto Mises,
Al considerar el resultado de las recientes elecciones en los Estados Unidos, surge la pregunta de si ahora podemos esperar ver el fin de los planes de diversidad, equidad e inclusión que tanto gustaban a la Administración Biden. A la espera de la nueva administración, es oportuno evaluar los retos a los que se enfrentan quienes pretenden desarraigar la industria de la DEI (siglas en inglés para diversity, equity and inclusion). Un punto clave a destacar es que las raíces de esta industria son demasiado profundas para ser suplantadas simplemente cerrando los programas federales de la DEI. Sin duda podemos celebrar el fin de las órdenes ejecutivas del Sr. Biden sobre la DEI, como la «Orden Ejecutiva sobre Diversidad, Equidad, Inclusión y Accesibilidad en la Fuerza de Trabajo Federal», pero la cultura más amplia de lo que a menudo se denomina «wokery» que ahora abunda será mucho más difícil de desplazar.
Un buen ejemplo de la cultura del «wokery» procede de las universidades. En vísperas de que el presidente Donald Trump gane su histórico segundo mandato, el sitio web Campus Reform informó de que «los estudiantes de la Escuela McCourt de Políticas Públicas de la Universidad de Georgetown dispondrán el martes de ‘suites de autocuidado’, donde podrán jugar con legos, usar libros para colorear y beber leche y galletas.» Campus Reform también destacó su informe anterior de que, «los Servicios de Salud Universitarios de la Universidad de Oregón están proporcionando cabras de terapia, perros e incluso ‘Quacktavious el pato de terapia’».
La respuesta de mucha gente a tales excesos de «wokery» es simplemente reírse. Es fácil divertirse con las extravagantes payasadas de los frágiles adeptos de la cultura woke. Sin embargo, la risa no debe distraernos de los elementos más siniestros de la industria de la DEI. Como la DEI está ahora prohibida en varios estados, muchos suponen que la amenaza a la libertad que supone la DEI ha terminado. En realidad, la DEI simplemente ha evolucionado.
La DEI sigue evolucionando
La terminología de la DEI se reconfigura constantemente, por lo que hay que estar atento a sus nuevas formas. También hay que señalar que las prohibiciones de la DEI tienen un alcance limitado. Por ejemplo, cuando Utah prohibió la DEI se señaló que «las directrices no aconsejan a las facultades que cierren sus centros culturales, espacios del campus dedicados a apoyar a los estudiantes pertenecientes a minorías con recursos especializados y oportunidades para socializar». Si una antigua oficina de la DEI se reconvierte en un «centro cultural» para apoyar a los estudiantes pertenecientes a minorías con «recursos especializados» (por ejemplo, recursos sobre historia afroamericana), eso quedaría fuera del ámbito de la prohibición de DEI. En cualquier caso, se consideraría grosero quejarse de los actos culturales e inconstitucional intentar prohibirlos.
Por razones similares, se ha tenido cuidado en las prohibiciones de la DEI para evitar violar la protección de la libertad de expresión de la Primera Enmienda. Para evitar el destino de la prohibición de la DEI en Florida, que fue anulada por motivos de libertad de expresión, es necesario subrayar que hablar de diversidad y de otros conceptos derivados de la Teoría Crítica de la Raza en seminarios o clases no está, en sí mismo, prohibido. La libertad de expresión sigue siendo el principio supremo. Esta es la razón por la que una profesora que canceló su clase el miércoles después de las elecciones, ya que consideraba que necesitaba «lamentarse» por los resultados, se preocupó de añadir a su mensaje una cláusula que especificaba que «no importan tus creencias políticas, eres bienvenido a mi clase y no serás discriminado de ninguna manera».
A muchos de los que se oponen a la DEI les preocupa sobre todo la discriminación positiva en las admisiones universitarias. Las cuotas son ilegales, pero los sistemas de cuotas no oficiales son difíciles de vigilar si se enmarcan como «promoción de la diversidad». Christopher Caldwell analiza las raíces históricas de este problema en su libro de 2020, The Age of Entitlement: America Since the Sixties, descrito por David Gordon como un libro excepcional. El Dr. Gordon destaca en particular el argumento de Caldwell de que «al prohibir la discriminación privada por motivos de raza, la Ley de Derechos Civiles de 1964 dio el primer paso hacia la destrucción de lo que Caldwell llama la ‘vieja constitución’ por la que se había regido América». Al analizar las raíces de este problema, Caldwell hace hincapié en el papel desempeñado por la diversidad a la hora de dar cobertura a la revolución de los derechos civiles. Así surgió la hegemonía de la diversidad, reforzada más tarde por los conceptos de inclusividad y equidad. Ahora se considera que discriminar a los blancos no es más que «promover la diversidad», y las cortes lo avalan como un medio «justificado» de lograr lo que muchos igualitarios describen como «verdadera igualdad».
Estos ejemplos demuestran que mientras la «verdadera igualdad» se considere el objetivo putativo, la DEI podrá cambiar de denominación, pero no morirá. Por lo tanto, a la hora de pensar en cómo defender la libertad de los ataques de la DEI, es importante ser consciente de la sombra que proyectan los derechos civiles. Como dice Thomas Sowell,
“…la premisa de los derechos civiles [es] que las disparidades estadísticas son desigualdades morales y están causadas por las instituciones sociales, siendo las características del grupo derivadas de la sociedad circundante [por lo que] se deduce que las soluciones son básicamente políticas –cambiar las leyes y las percepciones públicas”.
Este método —buscar soluciones políticas a los problemas de desigualdad— está condenado al fracaso. Se basa en la designación de grupos especiales por referencia a su raza, sexo o religión, y en la concesión de derechos al grupo. Mises señala en su libro Liberalismo que «históricamente, el liberalismo fue el primer movimiento político que tuvo como objetivo promover el bienestar de todos, no el de grupos especiales». En Liberalismo misesiano «todo tipo de privilegio especial para grupos y clases particulares de la población es perjudicial para el bien común y debe ser eliminado».
Sin embargo, este es el enfoque adoptado por los derechos civiles. Debido a la prioridad concedida a los derechos civiles, los recursos de inconstitucionalidad tienen un impacto limitado. Como ilustran los casos de discriminación positiva de la Corte Suprema que figuran en el sitio web de la EEOC, la interpretación de la ley de derechos civiles afirma que las preferencias raciales que favorecen a los negros son constitucionales porque, lejos de socavar la igualdad de trato, garantizan la igualdad de trato al crear unas condiciones en las que los negros se encuentran en el mismo punto de partida que los blancos –así, sostienen que el concepto de «diversidad» no es inconstitucional.
Caldwell también pone de relieve un problema más profundo: declarar que la aplicación de los derechos civiles es «inconstitucional», lejos de resolver la disputa, se limita a replantear el problema con otras palabras. El problema más profundo es la impugnación entre la antigua Constitución de jure y la nueva «Constitución» de facto de los derechos civiles. Por lo tanto, el lawfare constitucional no es capaz de resolver el peligro esencial. Ron Paul tiene una visión similar de la amenaza a la libertad que supone la ley de derechos civiles, argumentando que:
“La Ley de Derechos Civiles de 1964 otorgó al gobierno federal un poder sin precedentes sobre las prácticas de contratación, relaciones laborales y atención al cliente de todas las empresas del país. El resultado fue una violación masiva de los derechos de propiedad privada y de contrato, que son los cimientos de la sociedad libre. El gobierno federal no tiene autoridad legítima para infringir los derechos de los propietarios privados a utilizar su propiedad como les plazca y a celebrar (o no celebrar) contratos con condiciones mutuamente aceptables para todas las partes”.
A la luz de la amenaza que suponen las leyes de derechos civiles para la libertad, la única respuesta correcta a esta ley inconstitucional e insensata es derogarla y no sustituirla por nada.