La grave crisis que afronta Perú en los últimos meses muestra que en el país se está presentando “un ejercicio perverso de la actividad política”, afirmó la presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Marianella Ledesma.
La magistrada indicó, durante una teleconferencia con la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP), que la situación en su país ya era “nada saludable”, pero se vio “agudizada” por los conflictos políticos y sociales.
“Pienso que no se están ejerciendo las atribuciones que se asignaron a determinados funcionarios con la prudencia necesaria”, remarcó Ledesma al comentar el enfrentamiento entre el Congreso y el Ejecutivo, que en noviembre llevó al país a tener tres presidentes en tan solo una semana, en medio de masivas protestas ciudadanas.
Réditos políticos
Ledesma enfatizó que no se puede negar que en Perú hay “expectativas” ciudadanas “que se tienen que atender”, pero consideró que “en este momento es más necesario dar una repuesta al tema sanitario” causado por la pandemia del COVID-19.
Consideró, en ese sentido, que “este asunto que está generando todo este clima de reclamos y violencia” puede estar vinculado con la búsqueda de réditos políticos con miras a las elecciones generales que se celebrarán en abril próximo.
“Parece que todo esto se presenta como una plataforma política”, sostuvo antes de decir que se “está afectando todas estas expectativas sociales de ciudadanos que necesitan que se mejore su situación” y que “más adelante no van a poder cumplirse”.
En medio de ese escenario, la magistrada dijo que se pregunta “si deliberadamente se está creando un estado de anarquía” con fines políticos y si muchas de las decisiones que se toman desde el Congreso “realmente puedan concretarse”.
Derecho a la protesta
Al referirse a las manifestaciones sociales que aún se presentan en el país, Ledesma defendió que la protesta ciudadana “tiene un contenido constitucional protegido por el derecho a la reunión, a expresarse”, aunque con restricciones como su temporalidad, no afectar el patrimonio y tener un fin legítimo.
Rechazó, en ese sentido, la costumbre de algunos sectores de la opinión pública y de agrupaciones conservadoras de calificar como “terroristas” a todos los manifestantes.
“Lamentablemente en las épocas de las cavernas se decía que si salías a protestar eras un antisistema”, ironizó antes de recordar que ante cualquier señalamiento de este tipo los ciudadanos cuentan con “un mecanismo legal que es el delito contra el honor, la calumnia, la difamación”.
Modificación constitucional
Ante las propuestas para que se cambie o modifique la Constitución promulgada en 1993, durante el Gobierno de Alberto Fujimori, la presidenta del TC remarcó que esta “tiene diseñada la puerta o el mecanismo por el cual pueden realizarse ajustes”.
Entre estos mecanismos, detalló, está la aprobación de una reforma por mayoría absoluta del Congreso, que luego debe ser ratificada mediante un referéndum, o también la aprobación de reformas en dos legislaturas consecutivas por el parlamento.
“Será el nuevo Congreso el que tendría que impulsar estas reformas constitucionales; por razones de tiempo a este parlamento no crea que le pueda alcanzar esta oportunidad”, acotó en referencia a que este Legislativo termina sus funciones el próximo 28 de julio.
Retos de gestión
Ledesma comentó que en enero de este año se convirtió en la primera presidenta de la historia del TC con “la expectativa y el reto de poner en relieve” al organismo.
Durante su gestión, añadió, ha buscado la transparencia de la información, que consideró vital “para construir legitimidad”, y logró que se rompa la reserva en las deliberaciones, además de haber buscado la “modernización de los procedimientos y decisiones”.
Sin embargo, también consideró que el TC “pudo y debió hacer una interpretación” de la cláusula de “incapacidad moral” que permitió al Congreso destituir el pasado 9 de noviembre a Martín Vizcarra de la jefatura del Estado.
Lamentó que el tema fuera archivado porque “cuatro magistrados decidieron por prudencia no decir nada, ni a favor ni en contra”, mientras que otros tres “consideraron que era su deber” hacerlo, ya que consideraron que “el proceso de vacancia por esta causal es un riesgo permanente, latente” para los gobernantes.
Frente a la historia
En ese sentido, la magistrada concluyó que este TC “no va a pasar a la historia como un tribunal que cuando tuvo la oportunidad de cumplir con su deber de interpretar la incapacidad moral” lo hizo.
“Abdicó a ese deber”, reiteró antes de agregar que tampoco “pasará a la historia cuando tuvo la oportunidad de afirmar el no trato discriminatorio por opción sexual”, en el caso de una demanda que presentó el economista Oscar Ugarteche para que se reconozca en Perú su matrimonio con un ciudadano mexicano.
Sobre este caso, dijo que “oficialmente el TC asumió la decisión de que no tenía trascendencia constitucional”, también con los votos de cuatro de los siete magistrados, aunque para ella “sí tiene una gran relevancia constitucional, porque está en juego la no discriminación por razón de orientación sexual”.
Con “tarea lamentablemente inacabada en la justicia” peruana, sostuvo que será la Corte Interamericana de Derechos Humanos la que “se tendrá que pronunciar”.
Nuevos magistrados
Ledesma también afirmó que el Congreso peruano “técnicamente está en su atribución” para elegir a los nuevos integrantes del TC y dijo que los magistrados están “a la expectativa” de esa decisión.
“Mientras tanto cumplimos con nuestro deber”, acotó antes de considerar que los “magistrados que sean elegidos a futuro deben tener un tema de legitimidad social”.
Opinó, en ese sentido, que el Congreso “debería analizar si realmente esas decisiones que quieren tomar tiene una sintonía con ese reclamo o esa expectativa popular”.