BOGOTÁ.- El presidente de Colombia Gustavo Petro tildó de «golpe blando» la investigación que llevan a cabo magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre la financiación de su campaña presidencial e intentó defenderse diciendo que esa institución no tiene la competencia para indagar sobre los fondos que fueron usados durante la campaña.
Dos de los magistrados que investigan en el CNE la presunta financiación ilegal de la campaña presidencial consignaron ante el organismo una ponencia para debatir si presentan cargos contra el jefe de Estado.
Los magistrados Álvaro Prada y Benjamín Ortiz presentaron un extenso documento que recoge varios meses de investigación tras la que concluyeron que existen argumentos suficientes para determinar que la coalición oficialista Pacto Histórico violó los topes salariales de campaña permitidos por la ley, entre otras irregularidades.
Entre las inconsistencias divulgadas en el documento destacan el pago a 30.256 testigos electorales en la primera vuelta que no fue reportado al CNE, así como tampoco los gastos de propaganda. A eso se suma la donación de la Federación Nacional de Educadores (Fecode) y los gastos por transporte aéreo que fue contratado para la campaña.
Asimismo, en la segunda vuelta, no fueron reportados los gastos de alquiler del Movistar Arena, además de nuevos pagos a testigos. También, se incluye la donación de la Unión Sindical Obrera (USO).
“Aquí se quiere avalar un informe de ponencia falso. No hay ninguna hora de avión no reportada. Todo aparece en los gastos de campaña reportados en el momento en que se gastó”, indicó Petro con relación al tema del transporte aéreo.
“Las donaciones de sindicatos a partidos de izquierda son como las de las grandes empresas a los partidos de derecha, solo que más decentes; las donaciones a partidos no son gastos de campaña y están dentro de la ley”, agregó Petro.
Los magistrados del CNE deberán votar sobre si deciden formular cargos en contra del presidente Petro. En caso afirmativo, se dará comienzo a una investigación formal sobre el posible delito de financiación ilegal de la campaña electoral.