La Mojana es una región agrícola y ganadera al norte de Colombia en la que confluye el paso de tres importantes ríos: el Magdalena, el Cauca y el San Jorge. Desde hace cerca de un año este territorio, que comprende 11 municipios, experimentó la ruptura de un dique construido para manejar el cauce de dichas aguas, provocando gigantescas inundaciones que han devastado la zona y generando más de 60.000 damnificados de acuerdo a cifras oficiales.
Con la llegada del invierno al país sudamericano la angustia por el futuro de la región se ha intensificado. Y no es para menos: el boquete en el dique “Cara de Gato”, que comenzó teniendo unos 15 metros, hoy se estima que ya se extiende por cerca de 1 kilómetro, afectando las labores del campo.
El presidente izquierdista Gustavo Petro se ha presentado la semana pasada en la zona, con miras a hacer propuestas a los pobladores de La Mojana para “resolver” el entuerto. Sin embargo, y como es habitual en Petro, sus planteamientos, lejos de generar tranquilidad y sosiego en quien le escucha, han disparado nuevamente las alarmas de los colombianos.
Y es que el primer mandatario ha aludido a una fórmula para atajar la crisis en la que el Estado, ahora comandado por él, intervendría trasladando a los habitantes del área afectada a otros terrenos. En esta operación el Ejecutivo pagaría un billón de pesos (casi 23 millones de euros) para lograr el traslado, a la par que los propietarios de estas tierras tendrían que entregarlas para dar asiento a las poblaciones afectadas, además de sufragar los costos que implica que el Gobierno acometa las reparaciones del dique y otras obras de infraestructura que mitiguen los daños provocados por las inundaciones actuales y las que podrían venir más adelante.
El proyecto, que básicamente remite a la idea de que las tierras experimentarán un proceso de “valorización” una vez que sean culminados los arreglos en el área, conllevaría a que los ganaderos y agricultores de La Mojana sufraguen los gastos de dichos trabajos cediendo parte de sus tierras al Estado.
“En el mediano plazo, para hacer esas obras, lo que hemos propuesto es que el Estado pone el 1 billón (de pesos), pero los propietarios del 80% de La Mojana, que son el 10%, paguen la valorización en tierra. Eso implicaría que, al menos, 30% de esa tierra, hoy en su poder, pase al Estado para entregárselas a los campesinos. La simple obra nos permitiría mejorar la estructura social de tenencia de la tierra, de tal manera que la inversión pública produzca equilibrio con la naturaleza, por un lado, y justicia social por el otro”, dijo Petro hace un par de días en su visita a la región.
Vale decir que incluso algunos de estos terrenos ya están en manos del Estado colombiano, puesto que han sido incautados previamente por la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Sin embargo, Petro tendría la intención de ir a más, favoreciendo una fórmula que en realidad remite a un esquema de expropiaciones en la zona. Como señala el medio Infobae, el asunto ya genera serias preocupaciones en los círculos de hacendados de La Mojana.
Nada que extrañar en medio de un contexto signado por una campaña presidencial en la que, entre otros asuntos, el hoy primer mandatario colombiano machacó insistentemente que tenía la intención de reformular la política de reparto de las tierras en la nación caribeña. En teoría Petro promulgará una reforma agraria en los próximos meses que condicionará severamente a los productores del mundo agropecuario.