La vicepresidente de Colombia, Francia Márquez, sale y llega a su nueva casa ubicada en el sector Dapa –una zona exclusiva de Cali– en un helicóptero Black Hawk. La vida se le volvió “costosa” -dice- a sólo seis meses de haber ascendido al poder junto al líder del Pacto Histórico, Gustavo Petro, quien ante la ola de críticas por los lujos que ostenta apela a la victimización racial para intentar justificarla.
El esfuerzo del mandatario es inútil. La movilización de la alta funcionaria, comparable con la de estrellas del fútbol como Messi, Cristiano Ronaldo o Neymar, le cuesta al país 700.000 pesos por minuto y alrededor de 42.000.000 de pesos por hora, cifra que ronda los 8600 dólares. Sin embargo, Petro alega que quienes cuestionan los gastos de su compañera afro son «los descendientes del poder mal habido»
Desde su cuenta en Twitter, el mandatario colombiano defiende el «vivir sabroso» de la vicepresidente, insistiendo en que «lo que molesta en realidad a mucha gente es que tengan que vivir con alguien diferente a ellos en su color de piel y que tengan un poder bien habido».
Un argumento conveniente
Petro escuda a Márquez del impacto del reportaje de la revista Semana –donde sus vecinos detallan los aterrizajes frecuentes que protagoniza junto a un cordón de seguridad– y de los datos divulgados por El Expediente sobre el dueño de la casa de descanso de la vicepresidente, Hember Moreno, un empresario que mantiene contratos por más de 10000 millones de pesos con la alcaldía de Santiago de Cali, la gobernación del Valle del Cauca y la imprenta departamental.
La estrategia de Petro es vociferar que los informes forman parte de una discriminación racional, una maniobra que en nada se diferencia del discurso de la izquierda española o chilena –por ejemplo– con el único objetivo de esquivar la rendición de cuentas sobre este desembolso de fondos públicos que destina el Ejecutivo para cubrir los privilegios de seguridad y residencia que su mano derecha disfruta.
Sin embargo, esta instrumentalización del racismo tiende a ser conveniente a los intereses del jefe de Estado, considerando que su administración readmitió en el país a la alemana Rebecca Linda Marlene Sprößer, expulsada por Migración Colombia en el mandato de Iván Duque por «practicar acciones que no correspondían al turismo» al ser vinculada con la Primera Línea que desató la violencia durante el paro nacional de 2021.
Una decisión contradictoria
Esta decisión contradice el discurso de victimización racial de Petro porque Sprößer impulsó además la discriminación en redes sociales contra el representante afrodescendiente a la Cámara, Miguel Polo Polo, compartiendo una imagen de él sonriendo pero encadenado, donde lo llamaba «esclavo».
Es una incoherencia más de la izquierda latinoamericana. Sobre todo porque hace un año aseguraba que «la persona que expresa posiciones de discriminación por causa racial comete un delito. Expresa la mentalidad racista de la elite en el poder y el arribismo de quienes quieren ser como ella. Creen, como Hitler, el nazi, que la piel blanca hace a la persona superior Son neonazis».
La aparente posición crítica llevó al fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, a radicar ante un juez la solicitud de audiencia de imputación contra Luz Fabiola Rubiano de Fonseca, una manifestante, por discriminación y hostigamiento agravado contra la vicepresidente por llamarla «simio». ¿Procesarán también a Sprößer? Polo Polo la denunciará.