En 2015, durante el Gobierno de Juan Manuel Santos, en teoría se prohibió parcialmente el porte de armas entre civiles en Colombia. Para obtenerlas los ciudadanos debían acudir ante las instituciones militares del país sudamericano, quienes realizan un estudio pormenorizado de cada caso y deciden si expiden un permiso para ello.
Sin embargo, el presidente izquierdista Gustavo Petro quiere ir un paso más allá y ha propuesto que Colombia camine hacia una erradicación total del porte de armas de los ciudadanos. De hecho, cuando fue alcalde de la ciudad de Bogotá, entre 2012 y 2015, el hoy primer mandatario colombiano suspendió el porte de armas para la población civil.
En su momento incluso criticó la medida tomada por Santos, calificándola como “engañosa”, pues aunque se limitaban las posibilidades de una persona común para obtener armamento, se creaba “un negocio” en el que componentes del Estado podían utilizar su poder para decidir quién estaba en capacidad de portar un arma y quién no.
En 2018 Petro llegó a afirmar: “Volver al porte de armas con permiso oficial no solo es un profundo retroceso hacia la mentalidad de la autodefensa y la convivir, de las que Uribe nunca se ha arrepentido, sino que muestra que en el Gobierno, Uribe controla las armas y el dinero, es decir: el Poder”.
Vale recordar que Colombia sigue siendo un país en el que grupos terroristas y delincuenciales como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Clan del Golfo, las llamadas “disidencias” de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) copan buena parte del territorio, amenazando la vida y la propiedad de los ciudadanos.
No en vano un estudio reseñado recientemente por el Panampost da cuenta de que entre los colombianos que habitan las 23 zonas metropolitanas del país, el 54% de ellos se sienten inseguros. Cuando el sondeo se enfoca en Bogotá, por ejemplo, el 88% de sus habitantes confiesan sentir algún tipo de temor por las acciones que eventualmente puedan tomar el ELN, las FARC o el Clan del Golfo para atentar contra ellos.
Sin embargo, y aunque la evidencia parece demoledora, apenas al llegar al Gobierno Petro ha insistido nuevamente en su idea de una Colombia desarmada, en la que los civiles deben olvidarse del derecho a la legítima defensa. Hace cerca apenas un mes ratificó su posición sobre este tema: “Yo creo que debemos llegar, en esto de las reformas, a un punto en donde las armas no estén en manos de civiles”.
Las intenciones del jefe de Estado colombiano recuerdan a una praxis que no es para nada nueva dentro de los regímenes izquierdistas que pululan en la región. En 2013, apenas al llegar al poder en Venezuela, Nicolás Maduro aupó la promulgación de una “Ley desarme” que buscaba dejar sin armamento a los civiles en el país caribeño, con miras a transitar un proceso de supuesta pacificación del mismo.
Sin embargo, los resultados obtenidos al cabo de un tiempo apuntaron en el sentido completamente contrario al perseguido por la Ley: desde ese año se intensificó la inseguridad en el país, al punto de que emergieron un mayor número de grupos del crimen organizado. “El Tren de Aragua”, “El Tren de los Llanos”, la agrupación delincuencial del “Coky” y distintas bandas criminales (conocidas en el lenguaje policial como “Bacrim”) cobraron un auge tremendo en la nación sudamericana, erigiéndose en amenazas para ciudadanos que además de no ser protegidos por los cuerpos de seguridad del Estado tampoco tenían la posibilidad de armarse por cuenta propia.
Adicionalmente, para la izquierda agrupada en torno al Foro de Sao Paulo el desarme general de la población parece ser un punto de honor, en tanto le permite mantenerla en condición de minusvalía en situaciones de conflictividad frente a un poder político armado y que generalmente se torna autoritario. La cosa es sencilla de entender: es más fácil para una tiranía controlar a una población si esta última esta desarmada e indefensa ¿Se apega Petro a este guion?