Diciembre es la época para hacer promesas o cumplir las pendientes. En este momento, el presidente colombiano, Gustavo Petro, está entrampado entre la oferta de austeridad que hizo en campaña y el complicado indulto que ofreció a los detenidos de la Primera Línea que protagonizaron las protestas violentas el año pasado durante el paro contra el exmandatario Iván Duque que se extendió por más de dos meses.
La primera ya la incumplió. La moderación del gasto público que vociferó Petro en campaña para ganar electores quedó en palabras con la firma del decreto 2405 donde establece un nuevo incremento salarial para los congresistas de 7,26 %, que representará 2,5 millones de pesos más en los bolsillos de los parlamentarios.
Un reporte de Portafolio confirma que el documento, firmado por el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, y por el director administrativo de Función Pública, César Augusto Manrique, establece que el ajuste tendrá un efecto retroactivo porque abarcará desde el 1 de enero de 2022.
Esa disposición llevará el sueldo de los legisladores a 38 millones de pesos, un monto equivalente a unos 7900 dólares, y generará un pago retroactivo de 12 meses para los congresistas que están repitiendo en su curul y de seis meses para quienes asumieron en julio.
Progresistas cómplices
Las congresistas del Pacto Histórico de Gustavo Petro, Clara López, María José Pizarro e Isabel Cristina Zuleta deben estar celebrando el incremento. Las tres rechazaban la propuesta de reducir los sueldos. ¿Les durará la alegría?
En total se han presentado tres proyectos para bajar las remuneraciones de los parlamentarios. Uno de estos contempla poner inicialmente un impuesto de 20 % al salario de los congresistas hasta 2026 y a partir de ese año bajar la remuneración a máximo 25 salarios mínimos. Esta reforma ya superó sus dos primeros debates y debe superar otros dos para continuar con vida en el Legislativo.
Una liberación sin argumento
Si bien Petro alega que el aumento del salario a los congresistas, que va en sentido opuesto a su promesa de campaña, es una obligación que establece el artículo 187, el mandatario carece de argumentos legales para cumplir la promesa de liberar a integrantes de la Primera Línea gestionando la liberación de sus miembros que protagonizaron la violencia y el caos en Colombia el año pasado.
El mandatario izquierdista insiste en que «el derecho a la protesta es un derecho democrático. El derecho a expresarse, a movilizarse, es un derecho democrático y los gobiernos que ordenan a su policía a matar, encarcelar, torturar y detener jóvenes no son gobiernos democráticos», para con este discurso, concretar un indulto antes de nochebuena a favor de los manifestantes presos por diversos delitos, disfrazando la medida con una designación de «gestores de paz».
Sin embargo, cumplir la promesa a la Primera Línea no está fácil, cuando la acusación de la Fiscalía señala que cuatro integrantes de este grupo tienen presuntos nexos con las llamadas «disidencias» de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Además, el magistrado Hugo Alexander Ríos, presidente del Tribunal de Bogotá, afirma que los capturados y judicializados en el marco de las protestas están como consecuencia de medidas de aseguramiento ordenadas por los jueces.
«Todas las decisiones de los jueces se han tomado sobre la base de un ordenamiento jurídico, son decisiones legítimas. Quienes han sido privados de la libertad, están allí por una orden de autoridad competente emitida de conformidad con los procedimientos establecidos en la Constitución y la ley».
Petro busca atajos frente a los procedimientos judiciales para cumplir su promesa a la Primera Línea. El presidente pretende que de los 650 procesados, la mitad reciba beneficios y la libertad plena. Para ello, anunció que creó una «comisión de alto nivel» para proponer una reglamentación que le facilitaría lograr su cometido.