BOGOTÁ.- El presidente colombiano Gustavo Petro instaló un nuevo periodo legislativo en el Congreso que será clave para el futuro de las ambiciosas reformas sociales para las que propuso un acuerdo político y en las que va a seguir insistiendo cuando llega a la mitad de su mandato.
El escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo y Desastres (Ungrd) por presuntos sobrecostos en contratos que habrían servido para sobornos en favor de las «reformas sociales» del gobernante izquierdista está como telón de fondo en el inicio de la nueva legislatura en la que Petro centra sus esperanzas para acometer las reformas que asegura Colombia necesita. Mientras tanto, exfuncionarios, ministros y congresistas son cuestionados y algunos enfrentan investigaciones judiciales.
Ante el Congreso en pleno, Petro pidió perdón por el caso de presunta corrupción, especialmente por nombrar al exdirector que es investigado por la fiscalía: “Hay una responsabilidad política… y tengo que asumirla». El mandatario se comprometió a recuperar los dineros.
Petro apuesta a las reformas sociales, como parte de sus promesas de campaña, argumentando que es para reducir la «brecha de desigualdad», que él considera un problema preponderante en el país. Sin embargo, las victorias han sido pocas. La más notable fue la reforma pensional aprobada en junio, que cambia el esquema que funcionaba hace tres décadas. Pero la reforma a la salud y la ley para regular el sistema educativo naufragaron en el intento.
El mandatario niega los presuntos sobornos a los legisladores a cambio de que avalaran sus reformas. “Quizás porque no compramos congresistas es que no nos han aprobado las reformas”, intenta justificar.
«Fast track»
El mandatario anunció que su gobierno volverá a presentar al Congreso la reforma a la salud “concertada” y un paquete de iniciativas que pretenden “agilizar” la implementación del acuerdo de paz que en 2016 firmaron el Estado y la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
La forma de agilizar, según explicó, se hará por medio de un “fast track”, una fórmula para aprobar leyes por vía rápida en el Congreso que fue usada temporalmente hace siete años y que busca revivir.
“No nos vamos a salir una coma de lo que dice el acuerdo de paz”, señaló Petro con relación a que sus críticos temen que sea una excusa para intentar aprobar otras normas que no tengan que ver con la paz, como buscar una reelección presidencial, actualmente prohibida en el país.
Pero la vía rápida no es sencilla. El Congreso tiene que aprobar una ley que establezca los instrumentos jurídicos para dar trámite ágil, lo que tardaría varios meses, y luego la Corte Constitucional decidirá si la propuesta es o no acorde con la Constitución.
Petro señaló que el trámite rápido de las leyes “implica acuerdos políticos para desarrollar los cambios de normas para volver realidad el acuerdo de paz y los cambios de normas que nos permitan la reactivación económica en la agricultura, la vivienda, el turismo y la industria”.
Insistió en la importancia de que el Congreso discuta y apruebe una eventual reforma agraria como una forma de cumplir el acuerdo de paz de 2016 en el que dice que deben entregar al campesinado tres millones de hectáreas fértiles. En su gobierno se han otorgado 184.000 hectáreas, por lo que Petro señaló que a tal ritmo se necesitarán 20 años para cumplir.
A las afueras del Congreso, en la Plaza de Bolívar, se reunieron aproximadamente 300 manifestantes en oposición al gobierno que coreaban: “Petro canalla, queremos que se vaya”.
“Recuperaremos este país por la vía democrática y constitucional y en el 2026 tendremos un nuevo gobierno, que pueda arrebatarle de las manos a este gobierno perverso el país que nos está destruyendo”, dijo Alejandro Ospina, presidente de la Unión de trabajadores de la industria petrolera y energética de Colombia.
El actual Congreso -elegido en marzo de 2022 por voto popular- es diverso en sus fuerzas políticas y tiene una representación de la izquierda sin precedentes, aunque no lo suficiente para ser mayoría. Petro todavía debe convencer al centro político y a los partidos de derecha.
«La constituyente traería desolación»
El nuevo presidente del Congreso, el conservador Efraín Cepeda, es contrario a la constituyente promovida por Petro. «Sería un salto al vacío», dijo entrevistado por Semana.com. Cepeda descartó que una constituyente pueda convocarse solo para temas puntuales. «No es cierto que se pueda convocar para algunos temas no más. Nuestra Constitución es joven y ya ha tenido 58 modificaciones», indicó.
Y remachó «la constituyente traería desolación y no estoy en esa orilla».
Cepeda expresó que promoverá el dialogo entre todos los colombianos desde el Congreso y «esperaremos a ver si hay construcción de consensos, pero escuchando a las comunidades y ahí si puede haber reformas».
El nuevo presidente del Congreso colombiano enfatizó que los legisladores «no podemos ser notarios de nada. El Congreso no es notario y mucho menos el Partido Conservador. La búsqueda de los consensos es muy importante, pero debe ser con todos los sectores, porque hay que devolverles la confianza a los colombianos que desconfían de todas las instituciones».
Los anteriores presidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, son investigados por la Corte Suprema de Justicia por el caso de presunta corrupción. Sneyder Pinilla, exempleado de la Ungrd, investigado por la Fiscalía, denunció que parte del dinero para la compra de los carrotanques por 12 millones de dólares que resultó en sobrecostos habría ido a parar a las arcas personales de los congresistas. Name y Calle niegan esas acusaciones.