Mookie Tenembaum,
Argentina y Malasia anunciaron en 2022, durante el gobierno de Alberto Fernández, un acuerdo con una inversión conjunta de $30 mil millones para construir una planta de gas natural licuado (LNG) en la Patagonia atlántica. Esta colaboración entre las petroleras estatales YPF, de Argentina y Petronas, de Malasia, se presenta como un avance para el desarrollo energético de la región. Sin embargo, tanto el estado asiático como su empresa energética están empañados por el antisemitismo, segregacionismo y sus relaciones con Irán y el grupo terrorista Hamás.
YPF firmó con Petronas un contrato para avanzar en la construcción de una planta de LNG, por su sigla en inglés. Este acuerdo abarcaba el análisis y desarrollo del proyecto de licuefacción, incluyendo la extracción, los gasoductos e infraestructura, la producción de LNG, así como la comercialización y logística internacional.
No se evaluaron otros oferentes y hasta el momento tampoco se conocen los requerimientos técnicos, así como las fuentes de financiamiento.
Entretanto, el proyecto continúa en marcha bajo el mandato del presidente Javier Milei.
El argumento detrás de este desarrollo es que Petronas fue seleccionada por supuestas ventajas técnicas y económicas, obviando que hay al menos media docena de empresas mejor capacitadas y financiadas para participar en este negocio.
Cabe destacar que el carácter estatal de ambas empresas hace imposible la suscripción de cláusulas secretas. En tanto que la tratativa directa, sin otros participantes o competidores de Petronas, genera todavía más preguntas.
Suma a los cuestionamientos el hecho que la empresa malasia tenga prácticas reñidas con los derechos humanos y las libertades democráticas.
La primera preocupación pasa por los vínculos entre Petronas e Irán con emprendimientos en los que también participan Rusia y China.
Si bien Estados Unidos no impuso restricciones federales, los estados de Mississippi, Ohio, Alaska, California, Colorado, Texas y el Distrito de Columbia tienen distintas reservas sobre las prácticas comerciales de la petrolera.
Florida, por su parte, prohíbe hacer negocios con la compañía malasia por sus vínculos con los iraníes.
A estos cuestionamientos se suman los elementos que ya recorrí en mi artículo del fin de semana en esta misma columna, donde describí el supremacismo malasio, al que Petronas rinde estricta pleitesía.
En esta describí al estado malasio como:
Discriminador institucional y segregacionismo: Malasia, a pesar de proyectarse como un modelo de democracia y multiculturalismo, oculta un sistema de discriminación institucional que margina a minorías étnicas y religiosas, como los chinos, indios y los pueblos indígenas orang asli, favoreciendo a los malayos a través de políticas supremacistas.
Antisemitismo y políticas internacionales: el país exhibe una postura abiertamente antisemita, manifestada en acciones como la prohibición de entrada a ciudadanos israelíes y la crítica constante a Israel en foros internacionales.
Como apéndice, este martes Facebook se disculpó ante el primer ministro malasio Anwar Ibrahim por haber borrado publicaciones en redes del mandatario laudando al jerarca de Hamás Ismail Haniye tras su eliminación. Se suma a esto el tratamiento que los terroristas de Hamás reciben en el país, como “diplomáticos” en una oficina que funciona como “embajada”.
Restricciones a la libertad religiosa: el islam, siendo la religión oficial, está profundamente entrelazada con la identidad étnica local, llevando a la implementación de leyes que marginan a los no musulmanes y restringen severamente las conversiones religiosas.
Los efectos de estas políticas son devastadores. Los chinos, que representan aproximadamente el 23% de la población, y los indios, alrededor del 7%, enfrentan barreras en la educación y el empleo. Además, los pueblos indígenas orang asli, los habitantes originarios de Malasia fueron excluidos de las políticas de acción afirmativa, dejándolos en la pobreza y marginación.
Volviendo a Petronas, sólo los malayos ocupan cargos en el directorio y la alta gerencia; demostrando la adherencia a las políticas supremacistas imperantes.
Argentina no debe prestarse como cómplice de un prestanombre iraní vinculado con violaciones de derechos humanos en su país y el mundo. Sería borrar sus esfuerzos diplomáticos en Estados Unidos, Israel y el resto de Occidente, tras años de oscurantismo en alianzas con Cuba, Venezuela, Rusia y otras dictaduras.
Es crucial revisar y cuestionar quién realmente se beneficia de este contrato, ya que los argentinos pierden. La transparencia en estos acuerdos es esencial para asegurar que no se sacrifica el interés del país, y el de las democracias liberales, en pos de un discurso pragmático a ultranza.
Las cosas como son.