Cada vez son menos las petroleras extranjeras con intenciones de negocios en Venezuela. El hastío de las compañías trasnacionales por el impago de las deudas que mantiene Petróleos de Venezuela (PDVSA) con ellas terminó por agotar su paciencia y las condujo a asumir las pérdidas de sus inversiones en el país para cerrar sus operaciones.
Un reporte de Reuters asegura que ocho petroleras extranjeras de las 44 conjuntas de PDVSA han transferido o cedido participaciones desde 2018, otras siete ya no tienen presencia y 15 proyectos están inactivos, aunque las sociedades técnicamente se mantienen. Las últimas en emprender su huida han sido la francesa TotalEnergies, la noruega Equinor y la japonesa Inpex, tras abandonar el país el año pasado para sumar 17 en total que ya se encuentran fuera de Venezuela.
Es una estampida de compañías foráneas que dejan atrás su capítulo comercial con la estatal venezolana. La agencia de noticias revela que «Venezuela está permitiendo que los socios de las empresas conjuntas de la petrolera estatal PDVSA se vayan, vendiendo sus acciones a otros o devolviéndolas, siempre y cuando renuncien al pago de deudas pasadas y dividendos impagos».
Pérdidas millonarias
El costo de huir de PDVSA es millonario. La empresa francesa reportó una pérdida de 1380 millones de dólares por la transferencia de su participación de 30 % a una unidad de PDVSA. Fuentes de Reuters afirman que TotalEnegies recibió «una cantidad simbólica» por sus activos.
“Ninguna de esas participaciones es recuperable a valor contable”, dijo un ejecutivo petrolero cuya firma salió de Venezuela vendiéndola a otra compañía el año pasado. De hecho, reconoce que «entre los que permanecen en las sociedades, pocos esperan recuperar los dividendos pendientes o las deudas comerciales de PDVSA».
En el caso de Inpex, la empresa japonesa vendió el año pasado participaciones en dos activos venezolanos a la firma de capital privado Sucre Energy Group y devolvió una participación en un tercer proyecto a PDVSA. Con esta operación, sus cuentas por cobrar y los dividendos adeudados se transfirieron a Sucre como parte de la transacción pero a “un valor con un gran descuento” sin detallarse de cuánto.
“Las salidas resaltan los riesgos de hacer negocios con PDVSA con problemas de liquidez y las pocas vías legales disponibles para las empresas a las que no se les ha pagado”, indica Reuters.
Sin embargo, las compañías que deciden retirarse obtienen ciertos alivios. En el caso de Total y Petrocedeño, ambas empresas se liberaron de los pasivos pasados y futuros de sus proyectos en Venezuela porque sus dividendos y las deudas con socios también se cancelaron.
Trabajadores y proveedores en crisis
Los proveedores, contratistas y trabajadores de las petroleras extranjeras que clausuraron sus operaciones en Venezuela son los más afectados. La Cámara Venezolana del Petróleo estima que de 500 proveedores sólo quedan 300, mientras que de los 110.000 trabajadores registrados hace una década, la fuerza laboral de PDVSA ahora se mantiene en 60000 puesto, es decir, casi la mitad, según dijo Daniel Delgado, líder sindical del campo petrolero Tía Juana.
“Estamos arriesgando nuestras vidas para sacar un barril de petróleo trabajando en condiciones inseguras, sin equipo adecuado ni asistencia médica. Es un precio alto”, agregó.
En medio de este panorama, también hay algunas empresas que debido a los reclamos laborales que enfrentan –como Suelopetrol y GPB Global Resources– PDVSA decidió nombrar nuevos gerentes y hacerse cargo de sus operaciones.
GPB Global Resources, accionista de la empresa mixta Petrozamora, perdió en septiembre el control operativo sobre el terreno de sus proyectos, a pesar de que no había sido informada sobre una toma de control ni había recibido compensación alguna de PDVSA, dijo la compañía.
«Existe una deuda muy sustancial de la empresa conjunta Petrozamora con una subsidiaria de GPB Global Resources», se lee en un comunicado en el que también se agrega que tiene la intención de buscar «todas las vías de recurso disponibles» contra PDVSA, Venezuela o cualquier tercero que pueda adquirir las acciones o activos.